La crisis de Justicia concentra el problema de este Gobierno. Kast ofreció recuperar una capacidad de conducción que atribuía perdida a la izquierda. Ahora debe demostrar que entiende las obligaciones de esa autoridad: decidir con juicio, anticipar consecuencias y responder cuando las cosas salen mal.
Ministro de Justicia, Fernando Rabat. Créditos: Agencia UNO.
Antes de explicar que su ministerio simplemente formalizaba decisiones ajenas, Fernando Rabat había firmado un rechazo. El decreto 773, del 17 de marzo, negó una rebaja de condena aplicando la prohibición legal para delitos sexuales contra menores. El documento sostuvo que esa restricción regía para las solicitudes resueltas después de su entrada en vigor, con independencia de cuándo se hubiera cometido el delito. Había, por tanto, una interpretación y una decisión ministerial.
¿Qué ocurrió después para que el Gobierno terminara defendiendo las rebajas como una actuación jurídicamente obligada? La controversia sobre la aplicación temporal de la ley merece una respuesta fundada. La explicación política también: cómo se cambió el criterio, qué riesgos se consideraron y quién debía responder. Cuesta restituir la autoridad si, llegado el momento de ejercerla, todos resultan estar de paso por la oficina.
La crisis de Justicia concentra el problema de este Gobierno. Kast ofreció recuperar una capacidad de conducción que atribuía perdida a la izquierda. Ahora debe demostrar que entiende las obligaciones de esa autoridad: decidir con juicio, anticipar consecuencias y responder cuando las cosas salen mal.
El 23 de octubre, Justicia suspendió la tramitación de decretos y anunció reformas. El propio ministerio explicó que había identificado un vacío relativo a condenados anteriores a 2022. Tres días después informó que fortalecería el seguimiento y recopilaría antecedentes sobre quienes habían recibido beneficios y su situación actual.
Las medidas pueden ser necesarias. También revelan preguntas sobre la preparación previa. ¿Qué información acompañaba las decisiones? ¿Cómo se evaluaba su efecto sobre las víctimas? ¿Quién supervisaba el cambio de criterio? Una ley nueva podrá mejorar el sistema; no explica retrospectivamente cada firma.
Silva eligió Instagram para señalar que había actuado siguiendo el criterio de Rabat y reconoció no haber consultado el video con él. Presidencia confirmó luego su salida. El ministro permaneció. Así, la responsabilidad por las decisiones quedó acompañada de una disputa sobre la manera de explicarlas. Para un gobierno de orden, había demasiadas instrucciones pendientes.
Weber distinguía en La política como vocación la disciplina del funcionario y la responsabilidad del dirigente. La administración necesita procedimientos y jerarquías; quien conduce debe hacerse cargo de la orientación y las consecuencias previsibles. Aplicado a este caso, explicar de dónde vino un criterio abre la investigación sobre responsabilidades, no la termina.
La autoridad que interesa aquí tampoco se obtiene enteramente con el nombramiento. En su lectura de Roma, Hannah Arendt vinculó auctoritas con augere: acrecentar y sostener la fundación común. Sin trasladar aquella experiencia a Chile, la distinción permite formular una exigencia actual: el gobernante recibe atribuciones sobre instituciones cuya credibilidad debe cuidar. No son patrimonio de su gabinete.
Cuando una explicación mezcla decisiones ministeriales, comisiones y tribunales, el ciudadano necesita poder distinguirlos. El Ministerio de Justicia pertenece al Ejecutivo; el Poder Judicial es independiente. Atribuir correctamente cada actuación es parte de responder. De otro modo, la defensa de una autoridad puede trasladar sospechas a instituciones que deben conservar su propia legitimidad.
Hay, además, una obligación moral. Thomas Scanlon, filósofo analítico estadounidense, propone examinar si nuestras acciones pueden justificarse ante quienes resultan afectados. Aquí incluye a las víctimas y a los condenados, que mantienen derechos. La exigencia no consiste en desobedecer la ley por indignación, sino en demostrar el cuidado debido al interpretarla y aplicarla.
¿Basta entonces con anunciar que se asumió responsabilidad? Dennis Thompson, estudioso de la ética de los cargos públicos, ayuda a precisar la respuesta: una decisión colectiva exige identificar las intervenciones individuales. Proponer, revisar, autorizar y supervisar son tareas distintas. “ Falló el Estado” debe conducir hasta ellas. Si todos caben en la explicación y nadie queda obligado a responder, la frase resulta bastante conveniente.
Kast debe justificar su propia elección: por qué mantener a Rabat contribuye a esclarecer y corregir. Retenerlo consume respaldo de una coalición donde ya aparecieron disposiciones a apoyar una acusación constitucional. Su continuidad es una decisión presidencial, con costos presidenciales.
En economía aparece una dificultad semejante para convertir promesas en respuestas. El INE registra desempleo de 9,8% y una caída anual de 2,5% en asalariados formales. La CNC informa ventas presenciales estancadas en la Región Metropolitana, con bajas acumuladas en artefactos eléctricos y supermercados. Menos ingresos restringen compras; vender menos desalienta contratación.
Ese circuito vuelve pertinente a Ffrench-Davis: una economía puede disponer de capacidad y trabajadores sin utilizarlos suficientemente. Incentivar inversión futura requiere también actuar sobre la debilidad presente. Al cesante podrán hablarle de recuperación en 2027; el arriendo hay que pagarlo este mes.
Las rebajas tributarias pueden favorecer proyectos. Agostini y Jorratt permiten exigir la evaluación completa: inversión adicional obtenida y costo fiscal. El CFA advirtió durante la tramitación costos relativamente ciertos frente a beneficios futuros más inciertos, con efectos deficitarios hasta 2031 en la versión examinada. Corresponde verificar sus compensaciones definitivas, no dar por financiada la apuesta.
La conexión con Justicia está en la responsabilidad de conducir: conocer las alternativas, explicar riesgos y responder por lo que se decide. Un gobierno puede corregir errores y recuperar crédito. Para ello necesita dejar de tratar cada crisis como una sorpresa administrativa.
En El desierto de los tártaros, Dino Buzzati sitúa a Giovanni Drogo en una fortaleza organizada alrededor de una amenaza aplazada. La espera termina consumiendo su vida. La novela permite mirar esta derecha pendiente de los adversarios que prometió enfrentar. El ejercicio del poder ya comenzó, con decisiones reales y consecuencias presentes. Mientras el Gobierno busca demostrar que está preparado para la gran batalla, los ciudadanos necesitan que atienda lo que ocurre dentro de la fortaleza.
