El Congreso tiene un deber con Chile: reponer el programa de Capacidades Tecnológicas, exigir transparencia sobre sus beneficiarios y abrir la discusión sobre un financiamiento basal estable para la I+D nacional.
Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Créditos: Agencia Uno.
El primer presupuesto del gobierno de José Kast recorta en investigación algo más grave que montos: la posibilidad de que Chile potencie capacidades científicas y tecnológicas. La partida del Ministerio de Ciencia cae 6,4%, hasta $545.355 millones, sobre el recorte de 3% ya aplicado en marzo. Pero el golpe más profundo está en otra parte.
El Programa Capacidades Tecnológicas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) cae 18,3% (−9.769 millones), el mayor recorte porcentual de la Agencia. Ese es el único puente que actualmente tenemos entre lo que se investiga y lo que el país produce.
Se espera que un programa de la ANID genere vinculación academia-industria, centros tecnológicos, transferencia de conocimiento. Recientemente en octubre pasado, el Instituto de Salud pública (ISP) aprobó la primera semaglutida sintética del país, el principio activo de Ozempic, clave frente a una obesidad que afecta al 34,4% de la población adulta, a través de la filial de un laboratorio indio. Chile sabe autorizar tecnología sanitaria en equipos altamente capacitados en un ministerio de larga tradición como el Ministerio de Salud.
Pero este presupuesto de la nación renuncia a producir fármacos que ayudan a combatir enfermedades como la obesidad y sus múltiples comorbilidades, que ya sabemos causan un aumento del gasto sanitario en Chile y es aún peor la proyección al año 2050.
El diseño agrava el recorte. El 97% del programa proviene del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuya glosa prohíbe financiar gastos permanentes: capacidades que por definición se financian con dinero que por ley no puede sostenerlas. FONDEQUIP, fondo dedicado al financiamiento de equipamiento, cae 78,7% y suspende sus convocatorias 2027.
La Cuarta Subcomisión Mixta, presidida por la senadora Yasna Provoste (DC), rechazó la partida. La ministra Ximena Lincolao (Independiente) la defendió con un dato: el 70% son arrastres. Ese es precisamente el problema: todo el ajuste cae sobre lo nuevo, que es lo que renueva las capacidades de investigación de un país como Chile.
La crisis de empleo tiene rostro y bolsillo de mujer. La desocupación femenina llegó a 10,5%, suma siete trimestres móviles sobre el 10% y las mujeres desocupadas crecieron 16,7% en un año, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El presupuesto del Ministerio de Ciencia también decide sobre empleo calificado, y decide formar sin sostener: $87.281 millones para becas de postgrado y apenas $2.646 millones para el Programa de Inserción de Investigadores, casi la mitad que en el año 2026.
Por cada 1 peso del principal programa de inserción de doctores, el Estado pone 33 pesos en becas. Reducirlo en plena crisis de empleo femenino es cerrar una de las pocas puertas al trabajo calificado que el Estado controla.
La salida ya está trazada. La Agenda Mejor Trabajo en Investigación, impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric, publicó en julio 2024 un manual construido con 159 personas en diálogos participativos, múltiples actores gubernamentales como la CORFO y representantes de empresas de base científica tecnológica.
La Agenda Mejor Trabajo en investigación propone 1) estándares mínimos de contratos, previsión y remuneraciones, exigibles en los fondos de ANID y en la acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA); 2) regular el postdoctorado, y 3) ampliar el incentivo tributario a la I+D para contratar doctores en las empresas situadas en Chile.
Lamentablemente, ningún gobierno le ha dado piso presupuestario. El Presupuesto 2026 subió apenas 0,01% los recursos para investigar, y el presidente Kast eligió profundizar el recorte donde la fragilidad era aún mayor.
El mensaje es claro: las capacidades de investigación no se pausan, los Estados las pierden. Tras los incendios que ocurrieron en Chile el año 2023, ANID adjudicó en pocos meses 12 proyectos de recuperación porque había equipos regionales listos para responder. Es decir, ante un problema que cuesta vida de comunidades completas, destruye vida de personas, animales y plantas, las y los investigadores en Chile pueden entregar soluciones que aportan a mejorar la calidad de vida de Chile. Así como también generar conocimiento científico nuevo desde el sur global.
Solo para aprender. El Dr. Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias, quien formuló la idea de la “Autopoiesis” junto al Dr. Francisco Varela en las barracas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, demostró que una universidad pública con investigadores respaldados puede cambiar cómo el mundo entero entiende qué es la vida desde un pequeño país con un pequeño presupuesto. El talento en Chile existe, lo que falta es que el Estado de Chile lo sostenga y potencie.
Chile destina apenas el 0,41% del PIB a investigación y desarrollo (I+D), casi siete veces menos que el promedio de los países OCDE. Recortar desde ese piso no es austeridad: es renunciar a un desarrollo que no dependa solo de exportar cobre de alta calidad, frutas y verduras de alto valor nutricional.
Para revertir esta pérdida de talento e infraestructura, la salida ya está trazada en la Agenda Mejor Trabajo en Investigación —construida participativamente desde 2024—, la cual propone estándares mínimos de contratación, regular los postdoctorados y ampliar incentivos tributarios para insertar doctores en el sector privado. Sin embargo, ningún gobierno le ha otorgado el piso presupuestario necesario, optando por profundizar la fragilidad del sistema.
El Congreso tiene un deber con Chile: reponer el programa de Capacidades Tecnológicas, exigir transparencia sobre sus beneficiarios y abrir la discusión sobre un financiamiento basal estable para la I+D nacional.
Lo que se decide en 2026 es si Chile construye capacidades o sigue financiando intentos de país desarrollado para el 2050.
*Los montos por programa citados en esta columna fueron extraídos del análisis publicado en presupuestokast.cl realizado por el analista político Danilo Herrera.
