El requerimiento cuestiona cambios en densidad habitacional, estacionamientos y constructibilidad que, según sus impulsores, afectan la planificación comunal.
Decreto Minvu aumentaría los guetos verticales
Agencia UnoEl gobernador de Santiago, Claudio Orrego, tres diputados, el alcalde de Estación Central y representantes del mundo académico y de organizaciones de pobladores recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar disposiciones del Decreto Supremo N.º 68 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
La presentación cuestiona cambios reglamentarios relacionados con la densidad habitacional, los estacionamientos y las condiciones de constructibilidad de determinados proyectos inmobiliarios.
Sus impulsores sostienen que algunas disposiciones excederían las atribuciones del Ejecutivo y afectarían la autonomía municipal para planificar el desarrollo de las comunas, provocando aumento de guetos verticales.
El Decreto Supremo N.º 68, promulgado el 24 de julio y publicado el 2 de octubre de 2026, introduce modificaciones en distintas materias de la OGUC, con el objetivo declarado de modernizar la normativa, actualizar sus parámetros técnicos y acelerar proyectos de reconstrucción en zonas de catástrofe.
Entre los cambios figura la reducción del factor general de conversión de habitantes por vivienda, que pasa de cuatro a dos. Para viviendas económicas de menos de 90 metros cuadrados ubicadas cerca de vías expresas o infraestructura de transporte público, el factor se reduce de cuatro a uno.
La modificación también permite rebajar hasta en un 50% la dotación exigida de estacionamientos para proyectos próximos a estaciones o paraderos de transporte público, bajo las condiciones establecidas en la normativa.
En materia de conjuntos armónicos, el decreto reduce de 5.000 a 2.500 metros cuadrados la superficie requerida para cumplir una de las condiciones aplicables y contempla un aumento de hasta un 75% en el coeficiente de constructibilidad para conjuntos armónicos de viviendas económicas cercanos a infraestructura de transporte público.
La normativa incorpora, además, disposiciones sobre estudios de riesgo, mitigación vial, pavimentación, perfiles de vías y procedimientos vinculados a proyectos de reconstrucción.
El gobernador Claudio Orrego afirmó que un decreto no puede reemplazar la planificación urbana ni el trabajo de los equipos técnicos, los vecinos y las autoridades locales y regionales.
El gobernador defendió una densificación acompañada de servicios, espacios públicos y transporte, y sostuvo que los municipios y gobiernos regionales deben contar con atribuciones para impulsar un desarrollo urbano equilibrado.
El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, planteó que la experiencia de su comuna evidencia problemas vinculados a la falta de equipamiento y a las dificultades de infraestructura sanitaria. Según advirtió, situaciones similares podrían reproducirse en otros territorios.
Muñoz también cuestionó que las modificaciones permitan aumentar la cantidad de departamentos en terrenos donde los planes reguladores comunales establecían condiciones distintas para el desarrollo inmobiliario.
La diputada Ana María Gazmuri, independiente e integrante de la Comisión de Vivienda, sostuvo que determinadas disposiciones del decreto vulnerarían normas constitucionales relacionadas con los límites de las competencias del Ejecutivo y las atribuciones de los municipios.
El diputado Marcos Barraza (PC) también cuestionó el uso de un decreto para introducir los cambios. A su juicio, las modificaciones excederían la potestad reglamentaria y afectarían la autonomía municipal, especialmente en comunas que han establecido sus propios parámetros de densidad mediante planes reguladores.
Por su parte, la diputada Tatiana Urrutia (FA) acusó al gobierno de favorecer a las empresas inmobiliarias con las modificaciones y pidió al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, que se pronunciara sobre los cuestionamientos.
Estas críticas constituyen los argumentos de los parlamentarios que respaldan el requerimiento. La determinación sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas corresponde al Tribunal Constitucional.
El académico de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, Luis Eduardo Bresciani, cuestionó los efectos que atribuye a la modificación sobre la planificación urbana y la calidad de vida en los barrios.
Bresciani sostuvo que el decreto podría triplicar la cantidad de viviendas permitidas en determinados terrenos, aumentar hasta en un 50% las alturas y elevar hasta en un 75% la constructibilidad. Estas cifras corresponden a su interpretación de los efectos de la normativa y deben entenderse en el marco de las condiciones urbanísticas a las que se refirió.
También participó Cristian Castillo, Premio Nacional de Arquitectura 2024, quien manifestó su rechazo a los cambios por sus posibles consecuencias para las ciudades y los pueblos del país.
Valeria Bustos, vocera del Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores, cuestionó los efectos que la modificación podría tener sobre las familias organizadas y las reivindicaciones de los movimientos de pobladores.
El requerimiento busca que el Tribunal Constitucional examine las disposiciones impugnadas y determine si se ajustan a la Constitución, en particular respecto de las facultades reglamentarias del Ejecutivo y las competencias de los municipios.
