Desde hace algún tiempo la prensa y la opinión pública se han solazado con la irrupción de las invasivas y obscenas torres habitacionales de entre 20 y 40 pisos, guetos verticales, en la comuna de Estación Central, las que fueron autorizadas por el entonces Director de Obras Municipales (DOM) sin conocer éste las reglas del juego en materia de Vivienda y Urbanismo, funcionario que en la actualidad ejerce otro cargo, Asesor Urbano (sic), en la Municipalidad de Estación Central.

En el transcurso del año 2016, tanto la División de Desarrollo Urbano (DDU) como la Secretaria Regional Ministerial (Seremi), ambas dependencias técnicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) les expresaron por escrito al susodicho DOM que las decenas de autorizaciones que estaba otorgando, bajo la modalidad de agrupamiento continuo, a distintas constructoras e inmobiliarias eran contrarias a derecho.

Ya en el año 2017, a raíz de un reclamo formal a la ministra del ramo, Paulina Saball, por parte de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), ésta le contestó que lamentablemente para los intereses de los titulares de esos proyectos, ella confirmaba en todos sus términos lo expresado con anterioridad por sus funcionarios subordinados.

En el ínterin, diversas agrupaciones ciudadanas de Estación Central y la fundación Defendamos la Ciudad ya habían presentado objeciones al Minvu, a la propia municipalidad y a la Contraloría General de la República (CGR) por la existencia de ese tipo de edificaciones ilegales. En diciembre de 2017, la Contraloría en 2 sucesivos dictámenes vinculantes, por lo tanto obligatorios para ese municipio, se pronuncia homologando los oficios anteriores del Minvu, luego dictaminando que los permisos estaban mal otorgados.

De acuerdo a un listado de fecha 23/06/17 enviado por Defendamos la Ciudad a la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y a otros interesados menores, en donde se describen 75 permisos de edificación y 30 resoluciones de anteproyectos, con sus respectivos números y fechas de aprobación, con los nombres de fantasía de sus titulares, direcciones de emplazamientos de los edificios, cantidad de pisos y departamentos de cada uno de ellos, más otros tantos datos, esperábamos que algunas de esas instituciones hicieran un mea culpa por tanta construcción irregular.

Casi todas se mantuvieron absolutamente mudas y las más poderosas e influyentes, con el desparpajo habitual que tienen, reclamaron por la prensa aduciendo con fingida seriedad que todos los titulares de esos proyectos eran una blancas y santas palomas que habían actuado de buena fe y que, por lo tanto, no se les podía criticar. Esa pamplina también fue repetida por el desubicado Colegio de Arquitectos de Chile.

El golpe de gracia lo dio la Contraloría en su tercer y concluyente dictamen de noviembre de 2018, mediante el cual ordena al alcalde Delgado (UDI) el inicio de sumarios y sanciones en contra de los funcionarios díscolos, como también la paralización de obras de las que se estaban ejecutando y el inicio del proceso de invalidación de los permisos de proyectos que no contaban con recepciones finales de obras, es decir, torres habitacionales que ya están ocupadas por familias.

Por lo anterior las inmobiliarias interpusieron en la Corte de Apelaciones de Santiago diversos recursos de protección en contra del dictamen de Contraloría, algunas de ellas solicitando orden de no innovar con el fin de que el dictamen del ente fiscalizador no tuviera efecto. Dicha Corte obviamente rechazó esa pretensión.

En todo caso las organizaciones ciudadanas, con el Estudio Jurídico Osorio Vargas, como era forzoso en sus condiciones de primeros y únicos denunciantes, se hicieron parte en la tramitación del litigio judicial, cuyo fallo se conocerá en un período de tiempo más y sea cual fuere su resultado, la sentencia definitiva correrá por cuenta de la Corte Suprema, instancia que en otros fallos ya ha establecido la juiciosa doctrina, propia de los países desarrollados, en cuanto a que los actos administrativos contrarios a derecho no pueden generar derechos adquiridos a sus poseedores.

Lo interesante es que 2 artículos, números 148º y 157º, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), dicen que procede la demolición de toda construcción ilegal, disposición que en nuestro querido país, por algún extraño motivo no se aplica. Estamos seguros que la máxima instancia judicial va a corroborar lo que ya han resuelto el Minvu y la Contraloría, luego, que todos los permisos son ilegales.

Se justifica el título de esta columna porque el 10 de enero de 2019, la arquitecta María Isabel Gaete, nueva Directora de Obras Municipales, subordinada directa del alcalde Delgado, dio a conocer los nombres de 49 proyectos inmobiliarios que se invalidarán, con sus respectivos números de permisos, fechas en que se cursaron, indicándose la calle y número en la cual ellos se ubican y proporcionándose el nombre del propietario de cada uno, listado que se aprecia en link

Sabemos que el DOM anterior aprobó una serie de permisos que tienen fechas posteriores a las resoluciones del Minvu y los dictámenes de la Contraloría, lo que ya es impropio, pero esta irregular situación deberá ser resuelta por las autoridades competentes.