Si el estallido no tuvo agenda, tampoco puede ser derrotado como agenda. Lo que sigue en pie son las condiciones que lo hicieron posible, y cualquier gobierno será medido, tarde o temprano, por su capacidad de contenerlas
Manifestantes congregados alrededor del monumento al general Manuel Baquedano.
Sam Meneses · @bosqqeEl séptimo aniversario del 18 de octubre llegó en un escenario distinto al de las conmemoraciones anteriores. Es el primero bajo el gobierno de José Antonio Kast, que ganó la segunda vuelta con cerca de 58% de los votos. Su triunfo puede leerse como un rechazo a la llamada ' agenda del estallido'. Esa lectura tiene algo de cierto, pero la expresión misma merece revisión.
Puede decirse que esa agenda nunca existió como programa delimitado ni compartido. Hubo demandas, rabias y expectativas muy diversas que coincidieron en la calle, con articulaciones y vocerías parciales y sin una dirección única. Por eso la discusión entre un estallido acéfalo o céfalo se queda corta, porque ambas respuestas lo ordenan más de lo que estuvo. Una lectura posible, a partir del estudio de cómo medios, expertos y actores políticos han disputado su sentido, es que 'agenda del estallido' funciona como una etiqueta asignada después, útil para nombrar lo que se quiere derrotar o defender.
Conviene distinguir entre las demandas que movilizaron el descontento y las formas políticas que luego intentaron representarlas. El gobierno del Frente Amplio no logró hacerse cargo de ellas, aunque cualquier evaluación seria debe considerar la correlación de fuerzas parlamentaria y las restricciones institucionales, ante las cuales también puede discutirse si al Frente Amplio le fueron cómodas o no.
Las condiciones materiales siguen ahí, y la vivienda lo muestra mejor que nada. El déficit habitacional supera los 500 mil requerimientos según el propio Minvu, y el proyecto de presupuesto 2027 del ministerio crece 5,8% en total, pero reduce 48,5% los recursos para campamentos y 17,1% el subsidio de arriendo.
Todo ocurre bajo un ajuste fiscal presentado como ineludible y con un desempleo de 9,6% en junio-agosto, el más alto en más de cinco años. Puede advertirse, además, que la distancia entre las medidas y los problemas se ensancha, como sugieren las convocatorias a paro nacional de principios de octubre.
Fuera de Chile, el caso español es ilustrativo. El 3 de octubre decenas de miles de personas marcharon en Madrid y en unas cincuenta ciudades españolas, después de que el Congreso rechazara dos decretos para aliviar la crisis de vivienda, y los sindicatos de inquilinas convocaran un paro general para el 11 de noviembre. Las condiciones chilenas son distintas, pero el caso muestra cómo un malestar habitacional sin respuesta política puede encontrar su forma de activación, y ese fantasma ronda también aquí.
Si el estallido no tuvo agenda, tampoco puede ser derrotado como agenda. Lo que sigue en pie son las condiciones que lo hicieron posible, y cualquier gobierno será medido, tarde o temprano, por su capacidad de contenerlas.
