La interrupción voluntaria del embarazo no es una cuestión ajena al derecho internacional de los derechos humanos. Los órganos de Naciones Unidas han establecido estándares que vinculan su regulación y acceso con la protección de derechos fundamentales.
El representante de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Fernando Cabezas, sostuvo que “en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto no constituye un derecho internacionalmente reconocido, toda vez que su delimitación y definición jurídica dependen de la normativa interna de cada Estado”.
Comencemos la discusión en el plano discursivo. Más allá de la posición que el Gobierno del presidente José Antonio Kast decida defender, importa lo que Chile comunica ante la comunidad internacional y las implicancias de presentar una interpretación como una conclusión indiscutible del derecho internacional.
Durante su intervención sobre el proyecto de resolución A/HRC/63/L.34, valoramos que la representación chilena reafirmara su compromiso con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, incluidos sus vínculos con la salud y la higiene menstrual de mujeres y niñas. Se trata de condiciones fundamentales para la dignidad y el bienestar de las personas.
También valoramos que la delegación señalara que el Gobierno promueve y protege el derecho a la vida, cuya garantía constituye una obligación fundamental de los Estados. Sin embargo, resulta llamativo que, posteriormente, afirmara que el aborto no constituye un derecho internacionalmente reconocido y que su delimitación jurídica depende de la normativa interna de cada Estado.
¿Cuál es, entonces, el marco internacional de los derechos sexuales y reproductivos?
No estamos ante una discusión nueva. APROFA lleva más de 60 años trabajando en Chile por la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, cuyo reconocimiento y desarrollo se han visto impulsados por instrumentos internacionales como la CEDAW y por las conferencias de El Cairo y Beijing. Incluso, el Comité CEDAW ha instado al Estado de Chile a regular y ampliar la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo en instrumentos como las Observaciones finales sobre el octavo informe periódico de Chile en 2024.
Estos derechos protegen la capacidad de las personas para tomar decisiones libres, informadas y autónomas sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción. Se sustentan en garantías fundamentales reconocidas por el derecho internacional, como los derechos a la vida, a la salud, a la privacidad, a la igualdad y a la no discriminación.
Es cierto que la Declaración Universal de Derechos Humanos no menciona explícitamente el aborto. Sin embargo, reducir el reconocimiento de un derecho a la existencia de una mención literal en un instrumento internacional desconoce cómo se interpretan y desarrollan los derechos humanos. La Declaración establece principios fundamentales que, junto con los tratados internacionales y las interpretaciones de los órganos de Naciones Unidas, permiten determinar las obligaciones de los Estados en materia de salud sexual y reproductiva.
En este marco, la interrupción voluntaria del embarazo no es una cuestión ajena al derecho internacional de los derechos humanos. Los órganos de Naciones Unidas han establecido estándares que vinculan su regulación y acceso con la protección de derechos fundamentales, y han advertido que determinadas restricciones pueden vulnerarlos.
Chile ha asumido obligaciones internacionales que trascienden las posiciones ideológicas de cualquier gobierno. Una administración puede oponerse políticamente al aborto, pero debe distinguir esa postura de los estándares internacionales que orientan el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
