Expertos y municipios advirtieron sobre la baja tasa de valorización de residuos electrónicos. En paralelo, el Decreto Supremo N°22 obliga a los productores a financiar su recolección, con metas que parten en 3% y alcanzan el 45% en una década.
Expertos y municipios advirtieron sobre la baja tasa de valorización de residuos electrónicos. En paralelo, el Decreto Supremo N°22 obliga a los productores a financiar su recolección, con metas que parten en 3% y alcanzan el 45% en una década.
Chile genera cada año más de 220.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), pero solo una fracción mínima de ese volumen se recicla. Según los antecedentes expuestos en el Foro REP 2026, apenas entre un 4,1% y un 4,9% de monitores, celulares, electrodomésticos y paneles descartados logra ser valorizado. El resto termina principalmente en rellenos sanitarios o vertederos clandestinos.
Ese diagnóstico marcó la cuarta edición del encuentro, organizado por País Circular entre el miércoles 21 y este viernes 23 de octubre en el Hotel Marriott de Santiago. La instancia reunió a autoridades, empresas, gestores de residuos, municipios y académicos para revisar los avances y los cuellos de botella de la Ley REP, a 10 años de su promulgación.
La conferencia inaugural estuvo a cargo de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien presentó las "Definiciones para una nueva etapa de la Ley REP". Esa exposición se enmarca en el trabajo de las Mesas Ejecutivas para la Productividad (MEP) y en las eventuales mejoras a los dos primeros decretos de metas, vigentes desde 2023.
En los paneles, la discusión sobre los residuos electrónicos se ordenó en torno a tres ejes. El primero fue el ecodiseño. Expertos de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) y gestores del sector coincidieron en que reciclar ya no basta. Para reducir la generación de desechos, plantearon exigir a los fabricantes componentes modulares, mayor reparabilidad y el fin de la obsolescencia programada desde la etapa de diseño.
En segundo lugar, representantes municipales advirtieron sobre la diferencia de infraestructura entre la Región Metropolitana y el resto del país. Para evitar que la recolección falle en la práctica, llamaron a consolidar redes locales de puntos limpios y a incentivar la inversión privada en plantas de valorización.
Por último, los participantes subrayaron el papel de la reparación y la reutilización. Antes del reciclaje pesado, como la fundición o la separación de metales, el valor de estos aparatos está en darles una "segunda vida" mediante el reacondicionamiento técnico.
En paralelo, el marco normativo del sector tuvo su hito más relevante con la publicación en el Diario Oficial, el 7 de mayo de 2026, del Decreto Supremo N° 22/2025 del MMA. La norma fija metas de recolección y valorización para pilas y aparatos eléctricos y electrónicos (AEE). Previamente, el texto figuró entre los 43 decretos que la cartera retiró de la Contraloría en marzo, al inicio del gobierno de José Antonio Kast, para someterlos a revisión.
El decreto clasifica los AEE en tres categorías: aparatos de intercambio de temperatura, como refrigeradores y equipos de aire acondicionado; paneles fotovoltaicos; y otros AEE, entre ellos computadores, televisores, teléfonos y pequeños electrodomésticos. Además, establece una meta general progresiva que parte en un 3% el primer año y llega al 45% a partir del décimo.
Asimismo, la norma obliga a quienes introducen estos productos al mercado, como fabricantes e importadores, a financiar y organizar la recolección, el transporte y la valorización de sus residuos mediante sistemas de gestión autorizados. Los consumidores, por su parte, podrán entregar gratis sus aparatos en desuso en los puntos de recepción, sin necesidad de comprar un equipo nuevo.
Aunque el decreto entró en vigencia con su publicación, las metas obligatorias comenzarán a regir 24 meses después, en mayo de 2028. Ese plazo da a las empresas un margen para registrar sus volúmenes, conformar sistemas colectivos de gestión e invertir en infraestructura de recepción.
Finalmente, la conclusión del Foro REP 2026 apunta a la implementación. El desafío de los próximos años será traducir los porcentajes de la norma en plantas operativas, fiscalización efectiva y una ciudadanía que entregue sus aparatos en desuso.
