Expertos explican cómo la mala gestión de los residuos electrónicos contamina suelo, agua y aire, y qué avances tiene la Ley REP para el escenario en Chile.
Expertos explican cómo la mala gestión de los residuos electrónicos contamina suelo, agua y aire, y qué avances tiene la Ley REP para el escenario en Chile.
Un teléfono inteligente, un computador o un televisor parecen inofensivos mientras se usan. Sin embargo, cuando terminan su vida útil y no reciben un tratamiento adecuado, a través de sus residuos se libera un cóctel de sustancias tóxicas que puede dañar de forma persistente el suelo, el agua y el aire.
Los llamados RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) representan uno de los flujos de desechos de más rápido crecimiento en el mundo, y su impacto ambiental —advierten especialistas— puede llegar a ser irreversible.
Cuando los dispositivos terminan en vertederos no controlados, quedan expuestos a la lluvia y al sol. Ese proceso, conocido como lixiviación, disuelve metales pesados como el cadmio y el plomo, que alteran el pH del suelo y matan microorganismos esenciales para la fertilidad, además de ser absorbidos por las raíces de las plantas.
Los lixiviados no se quedan en la superficie. Con el tiempo, alcanzan las aguas subterráneas y se desplazan hacia ríos, lagos y océanos. Allí, elementos como el mercurio se transforman en metilmercurio, una neurotoxina letal para peces, anfibios y moluscos, mientras otros compuestos alteran la acidez del agua y dañan ecosistemas frágiles como arrecifes y humedales.
A esto se suma la gestión informal de estos residuos, extendida en varias regiones del mundo, donde la recuperación de materiales valiosos —como el cobre o el oro— se realiza mediante la quema de cables y tarjetas electrónicas al aire libre. Ese proceso libera dioxinas y furanos, contaminantes orgánicos persistentes y extremadamente tóxicos, además de micropartículas de metales pesados que viajan largas distancias arrastradas por el viento.
Por lo mismo, el resultado es lo que los especialistas llaman biomagnificación: los metales pesados no se degradan y se acumulan en los tejidos de los organismos. A medida que los depredadores consumen presas contaminadas, la concentración del tóxico se multiplica, provocando fallos reproductivos, mutaciones y colapsos poblacionales en aves rapaces y mamíferos marinos.
Frente a este panorama, El Desconcierto conversó con Manuel Alomar Raig, oriundo de Concepción y CEO de Triciclo Tech, empresa que busca extender la vida útil de los equipos tecnológicos antes de que se conviertan en residuos.
"Triciclo Tech surge después de más de quince años trabajando en la industria de las telecomunicaciones, primero en Chile y luego en Europa. Durante ese recorrido vi una contradicción que se repetía: equipos tecnológicos diseñados para funcionar durante muchos años eran reemplazados después de un periodo mucho más corto", explica Alomar en conversación con este medio. La empresa nació en Madrid con una mirada internacional, y su nombre resume un modelo de tres etapas: Recover, Refurbish y Redeploy.
"Nuestro propósito se resume en una frase: Keep Tech in Play, mantener la tecnología en circulación", señala el CEO. Según detalla, la primera etapa consiste en identificar y recuperar activos que todavía conservan valor; la segunda, en diagnosticar, reparar o reconfigurar los equipos con criterios técnicos y de seguridad de la información; y la tercera, en reinsertarlos en mercados donde puedan seguir siendo útiles, manteniendo trazabilidad sobre su destino.
Sin embargo, consultado sobre la magnitud del problema, Alomar es cauto: "Sería poco riguroso afirmar que todo el daño es irreversible, pero también sería irresponsable minimizar su gravedad".
Según cifras del Global E-waste Monitor 2024, elaborado por UNITAR e ITU, en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo, de las cuales solo el 22% fue formalmente recolectado y reciclado. Si la tendencia continúa, se proyectan 82 millones de toneladas para 2030.
En el plano nacional, El Desconcierto también conversó con Maricel Oñate, directora comercial de Electrónica Circular, empresa dedicada al desarme y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. "Lo que nosotros hacemos es desarme de cada uno de los equipos. Las tarjetas electrónicas son nuestro negocio principal, aquello se exporta, ya que en el extranjero está la tecnología para el rescate de las distintas materias primas", detalla la ejecutiva.
Asimismo, la empresa realiza fundición de metales con socios acreditados y entrega a sus clientes un certificado que prueba la correcta gestión de sus residuos, además de informes de trazabilidad y seguimiento fotográfico del proceso. "Estamos hablando de un 70% a un 90% en materiales que son recuperados como materia prima para la fabricación de otros productos, ya sea acá en Chile o en el extranjero", afirma Oñate.
Sobre el impacto ambiental de una mala gestión, la directora comercial es categórica: "Todos los aparatos incluyen residuos peligrosos, tienen pilas, baterías, que si eso se propaga contamina mucho. Hay un impacto de cosas que contaminan la tierra, el agua y que son irreversibles, sobre todo por el tema del agua".
En Chile, los aparatos eléctricos y electrónicos fueron reconocidos como producto prioritario por la Ley REP en 2016, pero recién con el Decreto Supremo N.º 22/2025, publicado el 7 de mayo de 2026, existe una regulación específica que establece responsabilidades, metas de recolección y trazabilidad. Según ese decreto, durante 2025 se generaron en el país cerca de 220.700 toneladas de RAEE, de las cuales apenas un 4,9% fue reciclado.
La meta de recolección partirá en un 3% y aumentará progresivamente hasta un 45% a partir del décimo año de aplicación, aunque las obligaciones operativas de recolección, valorización y fiscalización comenzarán a regir recién en mayo de 2028. "Es una señal positiva, pero el verdadero desafío comienza con su implementación", advierte Alomar.
En ese sentido, la comparación con Europa expone la distancia que separa a Chile de los estándares internacionales. La Directiva RAEE europea y, en el caso de España, el Real Decreto 110/2015, establecen desde hace dos décadas la responsabilidad ampliada del productor y sistemas de recolección separada.
Desde 2019, la meta legal de recolección en la Unión Europea es del 65%, aunque en 2023 la tasa promedio alcanzó solo un 37,5%, y únicamente tres países cumplieron el objetivo. "Chile está más cerca en términos regulatorios, pero todavía lejos en capacidad operativa y resultados", resume el CEO de Triciclo Tech.
Para Alomar, el cambio también depende de hábitos cotidianos. "La primera de ellas es utilizar la tecnología durante más tiempo. Antes de reemplazar un equipo, conviene evaluar si puede repararse, actualizarse o seguir cumpliendo la función para la cual fue adquirido", recomienda.
Si el dispositivo aún funciona, puede venderse, donarse o entregarse a una organización que lo reutilice, previa eliminación de los datos personales. Cuando ya no puede utilizarse, nunca debe depositarse en la basura domiciliaria: debe llevarse a un punto limpio, una campaña de recolección o un gestor autorizado, considerando además que pilas y baterías requieren una recolección diferenciada.
Finalmente, tanto Alomar como Oñate coinciden en que la Ley REP, pese a sus plazos extendidos, representa un paso necesario. "Esta ley, al obligar a las empresas a tener un porcentaje de recuperación, ganan todos: el medioambiente, las personas, el trabajo y el impacto social", concluye la directora comercial de Electrónica Circular.
