El sistema Pay-As-You-Throw usa tarjetas RFID y sensores para cobrar la basura según el volumen que cada hogar desecha. Ya funciona en Corea del Sur, Alemania, Suiza y España, pero en Chile su tarifa municipal fija frena su llegada.
El sistema Pay-As-You-Throw usa tarjetas RFID y sensores para cobrar la basura según el volumen que cada hogar desecha. Ya funciona en Corea del Sur, Alemania, Suiza y España, pero en Chile su tarifa municipal fija frena su llegada.
Cada año, millones de toneladas de residuos biodegradables y reciclables terminan en rellenos sanitarios, principalmente por la falta de incentivos económicos directos para que la ciudadanía separe su basura en origen. Frente a ese diagnóstico, varias ciudades del mundo han optado por una fórmula distinta: cobrar la basura como la luz o el agua, según lo que se genera.
El modelo, conocido como Pago por Generación de Residuos (PAYT, por su sigla en inglés Pay-As-You-Throw), combina contenedores bloqueados con tecnología RFID: una tarjeta, una aplicación móvil o una pulsera con chip asociada a cada vivienda habilita la apertura del depósito y registra el volumen de la bolsa depositada.
Con esos datos, el municipio ajusta la tarifa de aseo domiciliario: quien recicla más y reduce su fracción de basura no reciclable paga menos, mientras que quien desecha sin separar asume un costo mayor.
A partir de ahí, el sistema se ha expandido con matices propios en distintos países.
Corea del Sur es uno de los casos más citados internacionalmente. En Seúl, los contenedores de residuos orgánicos pesan la bolsa y cobran directamente al residente a través de una tarjeta con chip RFID.
De acuerdo con datos oficiales recogidos por medios especializados, la generación de residuos de comida en la capital surcoreana cayó cerca de un 24% en la última década gracias a este mecanismo, que hoy cubre a más del 80% de los edificios residenciales de la ciudad.
Alemania y Suiza, por su parte, fueron pioneras en Europa en aplicar el principio de "quien contamina, paga": en sus ciudades conviven contenedores cerrados con chip y bolsas municipales oficiales codificadas, por las que se paga una tasa antes de desecharlas.
En España, municipios catalanes como Sant Just Desvern, además de pruebas piloto en barrios de Barcelona, han instalado contenedores de basura orgánica y resto que solo se abren determinados días de la semana con la tarjeta del vecino; los usuarios que separan correctamente acceden a bonificaciones en la tasa de residuos.
En Japón, en tanto, el control del volumen se combina con reciclaje gamificado y penalizaciones tarifarias cuando se supera el límite permitido.
El país enfrenta una brecha considerable en el manejo de sus desechos: cada persona genera más de 1,1 kilos de basura al día, y gran parte del presupuesto municipal se destina únicamente a recolección y transporte hacia vertederos, no a valorización. Sin embargo, existen bases institucionales sobre las cuales avanzar.
La Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040, del Ministerio del Medio Ambiente, fijó como meta reducir en 25% la generación de residuos sólidos municipales por habitante y elevar a 65% la tasa de reciclaje domiciliario hacia esa fecha.
A eso se suma la Ley REP, que ha impulsado la recolección selectiva y sentado bases logísticas para la trazabilidad de envases y embalajes. En paralelo, emprendimientos e ingenierías locales ya desarrollan soluciones de "reciclaje 4.0", como puntos limpios inteligentes y máquinas de incentivo que retornan beneficios por botellas y latas.
No obstante, persisten obstáculos concretos. El principal es tarifario: en la mayoría de las comunas chilenas, el cobro de aseo es un monto fijo anual —a menudo integrado a las contribuciones— o está subsidiado, y la legislación vigente no faculta con facilidad a los municipios para diferenciar la tarifa vivienda por vivienda según los kilos generados.
A esto se suma el costo de inversión inicial que implica renovar la flota de camiones y la red de contenedores con sensores, baterías y conectividad, además del riesgo de que, sin fiscalización ni educación previa, el cobro por kilo derive en disposición clandestina de basura en microbasurales.
Especialistas del sector coinciden en que la implementación en Chile no debería ser un cambio abrupto, sino un proceso gradual. Una alternativa es comenzar con proyectos piloto en condominios cerrados o edificios residenciales de comunas con mayor capacidad de gestión, adaptando las ordenanzas locales para aplicar descuentos en el cobro de aseo a las comunidades que reduzcan su volumen de residuos descartables.
Así, aunque la barrera legal y presupuestaria es real, la transición hacia contenedores inteligentes aparece como un paso consistente con las metas de sostenibilidad que el propio Estado se ha fijado de cara a 2040.
