Cuando un Gobierno que habla de eficiencia, orden y responsabilidad fiscal, desembolsa cientos de millones en carnes, embutidos, pines y banderas mientras la economía se deteriora, la pregunta deja de ser cuánto cuesta una compra, y pasa a ser cuánto cuesta la incoherencia.
Imagen de archivo de una cena en el Palacio de La Moneda - Agencia Uno
La economía nacional atraviesa un momento particularmente incómodo durante los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Las cifras, esas mismas que suelen ser mucho menos complacientes que los discursos oficiales, muestran un escenario difícil de maquillar: menor crecimiento, desempleo elevado, inflación por sobre lo deseado y unas cuentas fiscales que continúan en números rojos.
En materia de crecimiento, el Banco Central estima para 2026 un rango de apenas 0,25%-0,75%. Además, el Imacec de julio cayó 1,5% interanual, registrando uno de los peores desempeños de los últimos años. La economía no está respondiendo a la velocidad que el Gobierno prometió.
El mercado laboral tampoco entrega motivos para celebrar. El desempleo alcanzó 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026, su nivel más alto desde 2021, con aproximadamente 980.000 personas desocupadas. Son cuatro meses consecutivos con una tasa superior al 9%, mientras se registra destrucción neta de empleos formales.
Tampoco la inflación parece dispuesta a colaborar con el relato oficial. El IPC registró un aumento de 0,6% en agosto, el doble de lo esperado por el mercado, acumulando 3,6% durante el año y 4,1% en doce meses, es decir, nuevamente por fuera del rango de tolerancia del Banco Central, establecido entre 2% y 4%. El alza ha sido impulsada por alimentos como carnes y papas, además del llamado “bencinazo ” de marzo de este año.
En las cuentas fiscales tampoco queda demasiado espacio para sacar pecho. El Gobierno abandonó la promesa de alcanzar un equilibrio estructural de 0% hacia 2030 y estableció, mediante su decreto de política fiscal, un déficit estructural de -2,6% para 2026, con una convergencia hasta -1,5% en 2030. Al mismo tiempo, se autorizó un mayor endeudamiento. Las rebajas tributarias y los incentivos impulsados por el Ejecutivo tienen costos fiscales inmediatos, mientras los supuestos beneficios sobre el crecimiento quedan relegados a un futuro que todavía no aparece en las estadísticas.
En resumen, la economía no está creciendo, el empleo está mal, los precios continúan subiendo más de lo deseado y las cuentas del Estado siguen en negativo.
De acuerdo a Fastcheck.cl, es precisamente en este contexto cuando las compras efectuadas por la Presidencia de la República durante las semanas previas a las Fiestas Patrias adquieren una dimensión política que difícilmente puede ser ignorada. Mientras se les habla a los ciudadanos de restricciones, eficiencia, responsabilidad fiscal y necesidad de cuidar cada peso del Estado, en Mercado Público aparecen órdenes de compra que parecen pertenecer a otra realidad: pines metálicos de la bandera chilena, banderas de escritorio y cientos de millones de pesos destinados a carnes y embutidos.
¿Semejante nivel de desembolso resulta razonable cuando el propio Gobierno sostiene que enfrenta restricciones fiscales y una economía que necesita reactivarse?
La orden de compra 776-636-AG26, emitida el 27 de agosto de 2026, corresponde a 1.000 pines metálicos de la bandera chilena, por un monto total de $7.080.500.
La orden de compra 776-680-TD26, emitida el 8 de septiembre de 2026, corresponde a 100 banderas de escritorio, por un monto de $2.368.100.
La orden de compra 776-580-SE26, emitida el 2 de septiembre de 2026, corresponde al suministro de embutidos elaborados y congelados, por $38.250.000.
La orden de compra 776-579-SE26, también emitida el 2 de septiembre de 2026, corresponde al suministro de carnes de cerdo y vacuno, por $153.000.000.
La orden de compra 776-554-SE26, emitida igualmente el 2 de septiembre de 2026, corresponde al suministro de carnes de ave, por $63.750.000.
En conjunto, estas cinco órdenes de compra suman $264.448.600.
Aquí aparece una contradicción que no puede esconderse detrás de ninguna planilla de Hacienda… Una orden de compra puede parecer un simple procedimiento burocrático, pero cuando el Estado exige sacrificios a la ciudadanía mientras su propia administración realiza desembolsos de esta magnitud, la discusión deja de ser meramente contable y se convierte en una cuestión de poder y de responsabilidad pública.
Thomas Piketty, por su parte, ha mostrado cómo la desigualdad no se explica únicamente por los ingresos, sino también por la concentración de recursos y por las reglas que determinan quién soporta los costos de las decisiones económicas. Esa idea resulta particularmente pertinente en este caso.
Si la economía está prácticamente estancada, si cientos de miles de personas buscan trabajo, si la inflación todavía supera el techo del rango de tolerancia y si el Fisco debe endeudarse para sostener sus compromisos, resulta perfectamente legítimo preguntar por qué Presidencia necesita gastar cientos de millones de pesos en este tipo de adquisiciones.
Cuando un Gobierno que habla de eficiencia, orden y responsabilidad fiscal, desembolsa cientos de millones en carnes, embutidos, pines y banderas mientras la economía se deteriora, la pregunta deja de ser cuánto cuesta una compra, y pasa a ser cuánto cuesta la incoherencia.
