Chile genera cerca de 220 mil toneladas de residuos electrónicos al año y recicla apenas el 4,1%. Mientras Francia sanciona con cárcel a quienes acortan la vida útil de sus productos, el proyecto que prohíbe esta práctica en el país sigue en el Senado desde 2021.
Chile genera cerca de 220 mil toneladas de residuos electrónicos al año y recicla apenas el 4,1%. Mientras Francia sanciona con cárcel a quienes acortan la vida útil de sus productos, el proyecto que prohíbe esta práctica en el país sigue en el Senado desde 2021.
La obsolescencia programada es la práctica mediante la cual un fabricante reduce a propósito la vida útil de un producto para acelerar su reemplazo, y hoy vuelve a instalarse en el debate ambiental. En Chile se generan cerca de 220 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al año.
Aun así, el proyecto de ley que busca prohibirla permanece en el Senado desde 2021. Francia, en cambio, la sanciona penalmente desde hace más de una década.
El fenómeno adopta distintas formas: componentes mecánicos frágiles, baterías imposibles de extraer, actualizaciones de software que ralentizan equipos antiguos o el fin anticipado del soporte técnico. En todos los casos, el resultado es el mismo: el consumidor debe comprar un aparato nuevo antes de lo necesario.
La lógica no es nueva. El diseñador industrial estadounidense Brooks Stevens popularizó el concepto en la década de 1950. Lo describió como la búsqueda de que el comprador quiera un producto más nuevo "un poco antes de lo necesario". Desde entonces, la estrategia se ha extendido a la electrónica de consumo, con lanzamientos anuales de teléfonos, computadores y tablets.
A esa dimensión técnica se suma una psicológica. Los productos no siempre dejan de funcionar. A veces pierden compatibilidad con aplicaciones o dejan de recibir actualizaciones de seguridad. Por lo tanto, el recambio se vuelve una necesidad práctica y no una elección, lo que impacta directamente en el bolsillo de los hogares.
En 2022 se produjeron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos, un 82% más que en 2010. Así lo indica el Global E-waste Monitor 2024, elaborado por el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). De ese volumen, solo el 22,3% fue recolectado y reciclado de manera documentada.
Las proyecciones tampoco son favorables. El informe estima que la cifra llegará a 82 millones de toneladas en 2030 y que la tasa de reciclaje caerá al 20%. La razón es que la generación de desechos crece casi cinco veces más rápido que la capacidad formal de recuperarlos. Entre las causas, el documento identifica el mayor consumo, las limitadas opciones de reparación y los ciclos de vida cada vez más cortos de los productos.
Asimismo, el problema no es solo de volumen. Según el mismo reporte, los residuos que no se reciclaron en 2022 equivalen a unos 62.000 millones de dólares en recursos recuperables, como metales y tierras raras. Además, aumentan los riesgos de contaminación para comunidades de todo el mundo.
Francia fue el primer país en tipificar la obsolescencia programada como delito. Lo hizo en 2015, a través de la Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde. Esa norma incorporó al Código de Consumo penas de hasta dos años de cárcel y multas de 300.000 euros, que pueden elevarse hasta el 5% de la facturación anual de la empresa infractora.
Posteriormente, desde 2021, el país exige un índice de reparabilidad. Se trata de una etiqueta obligatoria con puntaje de 1 a 10 que informa, antes de la compra, cuán fácil es reparar un aparato. Luego, esta herramienta se amplió con un índice de durabilidad para algunos productos.
En septiembre de 2021, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que prohíbe la obsolescencia programada de aparatos eléctricos y electrónicos. La iniciativa modifica la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores y la Ley 19.886 de compras públicas.
El texto impide producir, importar o comercializar aparatos cuya funcionalidad se vea comprometida por una planificación deliberada. Además, contempla multas de hasta 1.000 UTM. En caso de reincidencia, esas multas pueden alcanzar el 5% de la facturación anual media del proveedor.
El proyecto también exige un índice de reparabilidad fiscalizado por el Sernac y establece que la obsolescencia programada será causal de inadmisibilidad en licitaciones públicas. Desde entonces, la iniciativa está en segundo trámite en la Comisión de Economía del Senado.
