La crisis de los combustibles dejó al descubierto una asimetría incómoda: millones de personas absorbieron casi íntegramente las alzas, mientras los gremios camioneros sentaron al Gobierno a negociar. La diferencia no es solo económica; es principalmente política y revela quién puede defender sus intereses cuando se reparten los costos de una crisis.
En marzo, la modificación del MEPCO elevó los precios mayoristas en cerca de $372 por litro la gasolina de 93, $392 la de 97 y $580 el diésel. Se invocó la “racionalidad fiscal”, omitiendo quién pagaría: hogares, trabajadores, pequeños comerciantes y empresas sin capacidad de negociar. Un 60% creía que había alternativas y un 74% juzgó insuficientes las compensaciones, pero ese malestar no abrió ninguna mesa. Los consumidores pueden protestar o postergar gastos; los camioneros, por su posición estratégica, pueden amenazar con paralizar. Con relaciones de poder desiguales, los costos se distribuyen en proporción a la desigualdad.
Ambas situaciones son inflacionarias. El alza del combustible fue un shock que golpeó directamente a los hogares y a los costos de un insumo encadenado: transporte, alimentos, logística e industria. Cuando el transportista logra que el generador de carga pague el incremento, protege su margen, pero el costo no desaparece: se desplaza a otra empresa y probablemente termina en el precio final.
La economía industrial llama a esto cost pass-through: el grado en que los cambios de costos se transmiten a precios. En el transporte de carga, donde el diésel pesa mucho, traspasar alzas es predecible. La pregunta es qué ocurre cuando el combustible baja. La literatura describe el fenómeno rockets and feathers: los precios suben como cohetes y bajan como plumas, o no bajan. Lo explican contratos con desfase, asimetrías de información y poder de mercado: las imperfecciones que el libremercadismo supone ausentes.
Si los contratos reajustan automáticamente las alzas del diésel, pero no las bajas, los márgenes se amplían. El problema no es que los costos se traspasen, sino que el mecanismo sea asimétrico. Sin indexación transparente, verificable y simétrica, se socializan los costos cuando el combustible sube y se privatizan los beneficios cuando baja, como creo que ocurrirá en este caso.
En noviembre, tras nuevas movilizaciones, el Gobierno acordó con los camioneros revertir las últimas alzas, rebajar $100 adicionales el diésel, congelar incrementos hasta el 31 de marzo de 2027 y ampliar la recuperación del impuesto específico. La paradoja: el Ejecutivo que en marzo traspasó las alzas a los consumidores por estrechez fiscal terminó concediendo alivio a un sector organizado capaz de interrumpir la economía. Cuando el Estado responde más rápido a quien puede paralizar que a quien debe seguir trabajando, y esa capacidad está del lado de asociaciones empresariales y no de trabajadores, se erosionan la equidad y la legitimidad de las decisiones económicas.
Esto interpela el relato de la megareforma: bajar impuestos a empresas y capital para estimular inversión, empleo, consumo y crecimiento. El error es presentar una relación posible como una secuencia automática. Nada garantiza que una rebaja tributaria se convierta en inversión productiva, empleo de calidad y mejores salarios; la empresa puede repartir dividendos, recomprar acciones. La reforma estadounidense de 2017 lo mostró. Según Hacienda, el efecto fiscal neto será negativo al menos hasta 2031 y positivo recién desde 2035: costos ciertos hoy a cambio de beneficios que dependen de supuestos.
Joseph Stiglitz ha cuestionado el trickle-down (chorreo): la desigualdad no es solo un problema ético, sino un obstáculo al crecimiento. Concentra el ingreso en quienes menos consumen, debilitando la demanda; restringe educación, salud y movilidad social, deteriorando la productividad futura; y erosiona la cohesión y da a los intereses poderosos una influencia desproporcionada. Se configura un círculo vicioso: más desigualdad, menos oportunidades, menor inversión en capacidades colectivas, demanda más débil y menor crecimiento, que a su vez profundiza la desigualdad. La política económica debe evaluarse también por cómo distribuye costos, beneficios y bienestar.
Marzo, abril y noviembre no son episodios aislados: los costos no se reparten espontáneamente con equidad, sino según el poder de negociación de cada actor. Una economía puede crecer y, a la vez, empobrecer a buena parte de su población. La pregunta de fondo es si construimos una economía donde todos participan de los beneficios y negocian en condiciones justas, o una donde los beneficios se concentran y los costos se socializan.
La respuesta, a poco andar de este gobierno, parece clara.