El MEPCO no solo se ajustó; se convirtió en la prueba más clara de cómo gobernará Kast durante los próximos cuatro años.
Imagen de gente cargandi bencina / Agencia Uno
El ajuste de José Antonio Kast al MEPCO no es una sorpresa. Es una confirmación. Y se siente donde más importa, en el bolsillo de las personas, en el transporte diario y, en general, en la vida cotidiana de familias que ya venían haciendo esfuerzos para sostenerse.
Porque hay un patrón dentro de los gobiernos de derecha en Chile que se repite con precisión: en tiempos de estabilidad, las ganancias se privatizan; en tiempos de crisis, las pérdidas las asumen las personas.
El MEPCO (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles) fue creado en 2014 durante el gobierno de Michelle Bachelet. Mecanismo que no se diseñó con un monto fijo de recursos desde su origen, sino como un mecanismo tributario flexible que ajusta el impuesto específico a los combustibles para amortiguar las variaciones del precio internacional del petróleo. Es decir, cuando los precios suben mucho, el Estado reduce el impuesto y cuando bajan, lo aumenta, por lo que su “costo” no es estático como lo ha hecho ver este nuevo gobierno, sino que depende del contexto económico.
Este instrumento fue creado como un escudo frente a las alzas internacionales, empero, hoy ese mismo mecanismo se mantiene solo en el papel, mientras en la práctica se ha vaciado su contenido y se transforma en una vía directa de traspaso de costos hacia los hogares de miles de personas.
Pero lo que no queda en el papel, es vivir el alza de la bencina, de los alimentos, de los productos en general. Porque aunque se congele el precio del transporte público o la parafina, el costo de todo lo demás sube igual.
Dicho mecanismo ha sido modificado, y no de manera casual, sino como decisión política del gobierno de Kast, encabezado por el ministro de Hacienda, que opta por reírse de la gente, diciendo que “empatiza con los ciudadanos”; sin embargo, hace efectiva la modificación de un instrumento de protección justo cuando más se necesita.
Y lo absurdo no es solo la acción, sino la justificación del gobierno: “EL PAÍS ESTÁ EN QUIEBRA”.
Un país como Chile no puede “quebrar” en sentido legal porque la quiebra es una figura del derecho privado aplicada a personas o empresas que implica liquidación de bienes, algo que un Estado soberano, como Chile, no puede experimentar. Y económicamente, tampoco quiebra como una empresa, porque puede ajustar gasto público, subir impuestos, emitir deuda o incluso crear dinero según su sistema monetario.
Es decir, este gobierno ampara su decisión, una vez más, en datos que no reflejan la realidad completa, insistiendo en que el país quedó sin recursos para enfrentar la crisis energética. Pero los datos de 2025 evidencian lo contrario. Chile sí cuenta con recursos disponibles.
El MEPCO permaneció activo durante el gobierno anterior y el Estado mantenía fondos suficientes para políticas de estabilización de precios, aunque la deuda y el déficit generados durante la pandemia, cerca del 3,55% del PIB en 2025, equivalentes a más de US$13.000 millones, podrían limitar la capacidad de maniobra fiscal inmediata; no significaba la nulidad de ellas. Y esto demuestra que si existen recursos, pero limitados por un contexto extraordinario de gasto y deuda heredado de la pandemia.
Para mayor abundamiento, la narrativa del nuevo gobierno de “arcas vacías” circuló como excusa política antes de la entrega de mando y fue directamente relacionada con las prioridades presupuestarias de Kast, más que con una “incapacidad económica” real del país. Este nuevo gobierno ha hecho uso del lenguaje como justificación para debilitar este mecanismo y otros.
Por ello, afirmar que Chile está en quiebra es una mentira deliberada; es una decisión política calculada para justificar cómo este gobierno decide gastar lo que sí hay.
Dicho en simple, no es que no haya “plata”. Es que el gobierno decidió no usar los recursos disponibles para proteger a las personas. Porque, lo que está en juego no es solo el precio de los combustibles. Es quien paga la crisis. Y la respuesta es brutalmente clara. Quieren que el pago lo haga la gente.
Esto se vuelve aún más evidente cuando miras hacia afuera. Frente a la misma crisis energética global, distintos países, con gobiernos de diversas orientaciones, han optado por fortalecer subsidios, reducir impuestos o sostener mecanismos de alivio fiscal; por ejemplo, Países Bajos y el Reino Unido mantuvieron reducciones temporales de impuestos a combustibles implementadas tras la crisis de 2022, España redujo el IVA de la gasolina del 21% al 10% y recortó otros impuestos especiales sobre combustibles, y en general muchos países continuaron manteniendo rebajas o congelamientos de impuestos para proteger a los consumidores, aun sin contar con mecanismos formales como el MEPCO. Chile, en cambio, decide debilitar su principal herramienta de protección en el área.
Y claramente, esto no es falta de opciones. Es una decisión política.
Realmente, este gobierno en pocos días nos ha mostrado la lógica más cruda del modelo. Cuando el mercado se desordena, no se le ponen límites y se protege su funcionamiento; trasladan el costo hacia abajo, hacia quienes no tienen cómo defenderse. Una transferencia silenciosa, pero real, desde los ingresos de las familias hacia un sistema que no está dispuesto a absorber sus propias crisis.
La ciudadanía votó confiada por Kast y su equipo, quienes les prometieron estabilidad, seguridad y calma, pero no han cumplido ni siquiera el primer mes de inicio de su mandato y ya han mostrado una señal clara; cuando las cosas se ponen difíciles, el gobierno se corre y deja que la gente reciba el impacto.
El MEPCO no solo se ajustó; se convirtió en la prueba más clara de cómo gobernará Kast durante los próximos cuatro años. Ni siquiera el gobierno de Piñera llegó a este nivel de desprotección. El costo de la crisis lo pagarán las familias y los trabajadores, mientras Kast y los suyos mantendrán intactos sus privilegios.