Las denuncias por convivencia en el sistema educacional chileno aumentaron 25% en el primer trimestre de 2025 frente al mismo período del año anterior, según reportó la Superintendencia de Educación. La Asociación Chilena de Seguridad registró un alza de 74% en las denuncias por violencia escolar entre 2023 y 2024. Los datos corresponden al sistema escolar, pero el patrón no se detiene en la enseñanza media: llega a las aulas de educación superior con modulaciones propias y con la misma dirección.
Frente a este escenario, la conversación pública oscila entre dos polos que parecen opuestos pero comparten una misma lógica. Por un lado, más tecnología de vigilancia, más protocolos, más sanción. Por el otro, más protocolos de convivencia, más diálogo, más salud mental. Ambas respuestas son razonables en lo que proponen. Ambas tienen un límite similar: asumen que la seguridad puede ser administrada desde un centro institucional hacia afuera, mediante instrumentos bien diseñados. Y la evidencia lleva años mostrando que eso, por sí solo, no alcanza.
La investigación sobre cohesión social y prevención de violencia —incluyendo estudios empíricos que han medido estos efectos en poblaciones jóvenes latinoamericanas— muestra algo que conviene tomarse en serio: donde existe participación colaborativa, pertenencia activa y cohesión social, la exposición a ambientes violentos produce menos tensión psicológica y menos escalamiento. No es que la comunidad densa impida la violencia: es que la procesa antes de que estalle. Y cuando estalla, responde. Esa es una diferencia práctica, no simbólica.
Vale la pena detenerse en lo que esto significa. Una comunidad educativa densa no es una comunidad de consenso forzado, ni un espacio donde los desacuerdos se ocultan por respeto o por inercia administrativa. Es, precisamente, lo contrario: un espacio donde los conflictos —de género, de generación, de visión— pueden nombrarse y tramitarse sin que eso rompa el tejido. El silencio institucional no produce paz. Produce acumulación. Y la acumulación, en algún momento, encuentra su forma más violenta de salida. Ese es probablemente el aprendizaje más incómodo que Chile debería extraer del último ciclo.
Construir y sostener comunidades con esas características no es un fenómeno espontáneo ni un subproducto de la buena voluntad institucional. Es una función sustantiva, con métodos, con indicadores, con aprendizaje acumulado. Tiene dos ejes: el trabajo de creación de comunidad de estudiantes a través del trabajo de apoyo y experiencia, y vinculación con el medio cuando se la entiende como el articular al estudiante con el sector productivo, con el tejido social, con las instituciones públicas y con el territorio donde la institución opera. Cuando esa articulación existe de verdad, la comunidad educativa deja de ser una burbuja que observa la sociedad desde afuera y pasa a ser parte de ella.
Y aquí aparece un problema que vale la pena enunciar con claridad: en Chile, buena parte del sistema de educación superior sigue midiendo vinculación con el medio como en cantidad de actividades reportables, no en la densidad del vínculo. Hay procesos donde realmente se construye comunidad: la docencia, el acompañamiento estudiantil, la gestión administrativa, la relación con el entorno productivo.
Tratar el acompañamiento al estudiante y la vinculación con el medio como gestión estratégica no es una postura ideológica ni un gesto aspiracional. Es una decisión sobre cómo se usan los recursos, cómo se diseñan las estructuras internas y qué se le pide al liderazgo institucional.
Las instituciones que lo han asumido así están mejor equipadas —no inmunes, pero mejor equipadas— para ser espacios seguros en un entorno social que, por múltiples razones, se ha vuelto menos seguro. La pregunta que deberíamos estar haciendo en el debate chileno no es qué nuevo protocolo adoptar, es cuánto tejido comunitario seguimos dispuestos a perder antes de admitir que allí estaba la respuesta.
