El Servel aprobó con observaciones la campaña de José Antonio Kast, pero mantuvo reparos por propaganda no declarada y rechazó más de $40 millones.
Presidente José Antonio Kast
El Servicio Electoral (SERVEL) emitió su resolución sobre la cuenta de la campaña presidencial de José Antonio Kast. El documento revela millonarios montos declarados, gastos rechazados y un recurrente intercambio de información entre las defensas del otrora candidato y el ente fiscalizador.
La auditoría realizada por el Servicio detalla y transparenta el uso de fondos públicos y privados durante la contienda presidencial y parlamentaria de noviembre de 2025. Es en ese contexto, en que el órgano electoral emite una serie de observaciones que deben ser resueltas por los candidatos antes de que se tramiten procesos sancionatorios.
En el caso del Presidente Kast, inicialmente, el administrador de la candidatura declaró ingresos y gastos idénticos por un total de $3.421.598.647. No obstante, el máximo reembolsable por ley ascendía a una cifra mucho mayor, fijada en $4.767.434.192, en virtud de los votos obtenidos por el republicano.
Sin embargo, tras el exhaustivo análisis contable, el SERVEL recortó las cifras y autorizó un reembolso total de $3.125.089.680. El cuantioso fondo público se dividió estratégicamente para cubrir deudas bancarias y facturas de proveedores. El organismo destinó $1.580.188.635 exclusivamente para pagar créditos con mandato a los bancos Estado y Chile.
Por otro lado, autorizó la suma de $1.544.901.045 para cubrir las facturas y documentos tributarios que continuaban pendientes con los demás proveedores. Cabe destacar que la distribución de los pagos es de exclusiva decisión del candidato.
Uno de los elementos más llamativos de la campaña del ahora presidente Kast fue la utilización de vidrios antibalas en diversos actos públicos. Fue precisamente en este punto donde el Servel planteó una observación importante.
La campaña exigió el pago de "láminas de seguridad" y "cristales" en distintas ciudades del país. Por ejemplo, en el evento de Viña del Mar el gasto fue de $20.670.300 y en el de Concepción alcanzó los $3.570.000. En ambos eventos fue la empresa Blindatech Láminas de Seguridad SpA la encargada de blindar al entonces candidato.
Para el cierre en "Casa Santiago" sumaron $1.689.800 en vidrios laminados y $2.975.000 por un pórtico detector de metales.
El equipo de Kast defendió y justificó estas contrataciones como una parte integral de la producción de sus actos. Sin embargo, el SERVEL rechazó tajantemente estos reembolsos, propinando un duro golpe contable a la campaña.
La autoridad argumentó que el blindaje solo protege la integridad física, pero carece del "propósito" de promoción electoral. Además, enfatizó que financiar seguridad excepcional atenta contra el principio de participar en un "mínimo pie de igualdad”.
El Servicio también rechazó millones de pesos debido a la falta de claridad en las glosas de las facturas. Un caso concreto sobre esto, se dio tras la resolución donde el Servel rechazó el pago de $5.607.933 a la Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A. por conceptos descritos como "Servicios Complementarios”.
Los servicios brindados por el proveedor habrían sido en el marco del evento de cierre de campaña del presidente Kast, que tuvo lugar en el Movistar Arena el 11 de noviembre de 2025.
“No se tiene claridad respecto a qué clase de servicio se trata, ya que en el informe y documento tributario se limita a señalar en la glosa “SERVICIO COMPLEMENTARIO EVENTO J.A. KAST 111125”. De esta forma, no es posible para este Servicio Electoral adquirir la convicción de que efectivamente se trate de un gasto electoral”, se lee en el escrito.
Asimismo, se anularon $9.823.688 justificados únicamente bajo la frase "Servicios según cotización”, que corresponderían a la empresa Xstage SpA. El SERVEL indicó que esta vaguedad documental impidió comprobar el contenido y la finalidad electoral del desembolso.
Sin embargo, uno de los puntos más delicados del documento emitido por el Servel tiene relación con observaciones que fueron derivadas directamente a la unidad de procedimientos sancionatorios.
El organismo detectó $185.737.032 en merchandising electoral sin que se rindiera el pago de brigadistas encargados de repartirlos. La defensa de Kast aseguró que todo este material fue donado a otras 76 candidaturas aliadas, adjuntando certificados. Pero, como solo acreditaron donaciones por $53.518.297 en volantes, el Servel consideró la respuesta incompleta y mantuvo la sanción en trámite.
Otra disputa ocurrió con gastos en radioemisoras detectados por $4.878.297 que nunca fueron declarados. La inversión se habría ejecutado en la radio Comunicaciones Cappissima Limitada ($2.276.957), Agrícola Miriam del Carmen Rodríguez Cruz E.I.R.L. ($940.000), Comunicaciones Sandra Añual E.I.R.L. ($1.649.340) y JVL Producciones de Eventos Limitada ($12.000).
La campaña se defendió desconociendo de lleno dichos gastos y argumentando que no pertenecían a su candidatura. Ante ello, desde el órgano electoral verificaron que $2.276.957 pertenecían al Partido Republicano. Pese a ello, mantuvo la observación sancionatoria por los $2.601.340 restantes.
Sumado a lo anterior, se cuestionó la instalación de carteles y pancartas en espacios públicos y privados sin los permisos ni rendiciones legales correspondientes.
A pesar de los múltiples rechazos, la candidatura logró salvar su inversión más grande vinculada a plataformas digitales.
SERVEL había objetado facturas de la empresa "Blue Digital" por más de $800 millones al no ser informadas antes de la elección. La empresa, perteneciente a Alejandro Canas, Andrés Joannon y Louis Lapierre, suele ser una de las favoritas de los candidatos a la hora de delegar la estrategia en redes sociales.
En el caso de la campaña del presidente Kast, Blue Digital se hizo cargo del “Servicio de gestión integral de redes sociales y contenidos digitales”.
Desde el equipo de Kast se argumentó que era una "gestión integral" compartida y que solo la inversión en redes era financiada por el candidato. Insistieron en que este formato dual los eximía de la exigencia del artículo 44 bis respecto al reporte previo de los pagos.
Finalmente, la autoridad electoral aceptó esta extensa explicación, calificando la omisión como una mera "divergencia de calificación jurídica". El organismo descartó cualquier intento de ocultamiento, validando que el millonario servicio publicitario fue efectivamente ejecutado. Gracias a esta flexibilización técnica, la campaña pudo incluir y validar uno de los desembolsos más cuantiosos del camino de Kast a La Moneda.