La Comisión de Agricultura de la Cámara reactivó la discusión del proyecto que busca establecer el deber del Estado de proteger la fauna silvestre, en un contexto marcado por el impacto de los perros de libre deambular y asilvestrados. La sesión volvió a abrir el debate sobre eventuales medidas de control más severas, que podrían culminar en alternativas letales, tensionando las posiciones entre organizaciones animalistas, sectores de conservación y la actividad ganadera.
Perros asilvestrados.
El lunes 11 de mayo, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados —tras suma urgencia del presidente José Antonio Kast— reactivó la discusión del proyecto de ley que establece el deber del Estado de resguardar a la fauna silvestre (boletín 16.962-01), cuya conservación se ve amenazada, en parte, por los ataques de perros de libre deambular y asilvestrados.
La sesión volvió a instalar, una vez más, el debate por incorporar medidas de control más severas sobre estos animales, abriendo la puerta a alternativas letales. Mientras las organizaciones animalistas encendieron la alerta, sectores ambientalistas y ganaderos vieron en la discusión una oportunidad para enfrentar con mayor rapidez el impacto sobre la fauna silvestre y el ganado.
Pero el debate había resurgido días antes luego del informe del Centro de Políticas Públicas de la UC titulado "Hacia una estrategia nacional de bienestar animal integral y protección de la salud pública y cuidado del medio ambiente", en el que sugería, entre otras medidas, facultar a Carabineros, PDI y personal municipal aplicar eutanasia inmediata a perros, en casos extremos, para enfrentar el problema del abandono.
Cabe destacar que en Chile los organismos con injerencia en el control de perros de libre deambular son municipios, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y los ministerios de Salud y Educación, a través de la tenencia responsable, campañas de esterilización y educación.
Por otro lado, en el caso de los asilvestrados —perros ferales que no tienen vínculos con humanos—, no cuentan con definición legal (se les considera domésticos) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) no cuenta con facultades sujetas a derecho para ejercer control.
Independiente de la postura frente al tema, el problema es real. Según datos del SAG, entre 2012 y 2026 se han registrado más de 800 denuncias de ataques de perros contra animales de producción. En cuanto a los animales silvestres afectados, el organismo registró un total de 234 ejemplares pertenecientes a 37 especies, entre 2023 y 2026.
La mayoría de las denuncias ocurrieron en las regiones de Los Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes. Las especies que más ataques sufren son pudú, zorro culpeo, coipo y guanaco. En tanto, los animales de la ganadería más afectados son los ovinos (51%), seguido de aves, caprinos y bovinos.
Considerando estos antecedentes, si bien el proyecto de ley "va en la dirección correcta", sostiene el abogado de la Fundación Derecho y Defensa Animal, Nicolás Escrig, todo apuntaría a que las eventuales indicaciones que se presenten "permitan la eliminación de perros asilvestrados".
El principal responsable de esta crisis es el abandono de animales por parte de humanos. Según cifras de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el 90% de los ataques de perros contra fauna silvestre y ganadería son cometidos por canes con dueños.
Los datos reflejan el fracaso de las políticas actuales de tenencia responsable de mascotas. Sin embargo, para el abogado la discusión en el Congreso debe orientarse en fortalecer las normativas de cuidado y la coordinación entre los organismos competentes del Estado, ya que "la caza no resuelve el problema de fondo".
En ese sentido, sugiere una política pública integral que considere, por ejemplo, "microchip obligatorio y efectivo, esterilización masiva, sanciones reales al abandono y mayor fiscalización municipal con recursos". A ello se incluye "coordinación entre instituciones: SAG, SUBDERE, Ministerio de Salud y CONAF, además de programas específicos para zonas rurales y áreas protegidas".
Sin embargo, existe un 10% de perros denominados como asilvestrados. Se trata de animales que no se alimentan de lo que los humanos les dejen ni tampoco se movilizan por infraestructuras urbanas, según describe Darío Moreira, miembro del Departamento de Gestión Agraria de la Universidad de Santiago y del Instituto de Ecología y Diversidad (IEB).
Este escenario complejiza aún más las labores de control de las autoridades competentes por resguardar la protección de la fauna silvestre y de la ganadería.
Pero para el abogado Escrig, este problema debe solucionarse siguiendo los estándares internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que definen directrices con una serie de acciones a concretar, previo al "último ratio", que es la aplicación de eutanasia.
En base a aquello, las autoridades deberían diagnosticar y evaluar; capturar; identificar a dueños (si es que tienen); realizar una evaluación veterinaria; esterilizar y vacunar; y entregar en adopción (en caso de ser viable) o reubicar. Finalmente, recién es posible pensar en una inyección letal, suministrada por personal capacitado.
Explica Moreira que uno de los problemas frente a políticas que permitan cualquier método de eliminación de perros es quién determina qué ejemplar es de libre deambular (con dueño) o asilvestrado y bajo qué criterios se define.
En 2024, el Congreso debatió en torno a un polémico proyecto de ley que declaraba a los perros "especie exótica invasora" para permitir su caza. Sus detractores argumentaban que la iniciativa facilitaba el asesinato de mascotas perdidas y perros comunitarios rurales, por lo que la propuesta terminó siendo rechazada.
Este punto es desarrollado por Escrig: "se generarían disputas legales y demandas civiles de indemnización" ya que la ley concibe al perro como bienes sujetos a propiedad. "Es un proyecto que va a traer más problemas que soluciones".
Otra de las críticas a las medidas no letales es el factor tiempo. Desde el punto de vista de la conservación, la eliminación de los perros de libre deambular y asilvestrados "reduciría la presión sobre los ecosistemas" en el corto y mediano plazo, pues tiene efecto directo en la densidad de su población, explica Moreira.
Por el contrario, medidas no letales como promover la esterilización "implican esperar a que los animales castrados mueran de manera natural, mientras tanto siguen causando daño a la fauna silvestre y a la ganadería". Es decir, "sus efectos positivos se verían después de un par de años o más".
Como ejemplo, menciona el caso de Estados Unidos con el método Trap-Neuter-Return, en donde se captura a gatos ferales de forma humanitaria, se les esteriliza, y devolverlos a su territorio, pero "siguen consumiendo pájaros, lagartijas y transmitiendo enfermedades".
En cuanto al fortalecimiento y endurecimiento de la tenencia responsable, el problema radica en que son normativas que "dependen del cumplimiento de las personas", por lo tanto, no garantiza que los perros caigan nuevamente en situaciones de abandono. A ello se suma la falta de recursos para fiscalizar esta medida —y considerando la política de recortes del actual gobierno, la eficiencia de la implementación de métodos no letales podría verse debilitada—.
En el caso de los asilvestrados y ferales, la literatura indica que sí es posible "educarlos" y, eventualmente, darlos en adopción. Sin embargo, el proceso es complejo y requiere tiempo, por lo que rara vez logran socializar con humanos.
Desde Derecho Animal aseguran que, pese a un nuevo intento de discusión proyecto que abran la puerta la implementación de métodos letales para el control de perros, "trabajan para que en esta pasada también pueda rechazarse". Sin embargo, "no se ve un buen panorama".
Escrig sostiene que muchas veces se utiliza a la fauna silvestre como "bandera de lucha", cuando existen otras amenazas que afectan en mayor proporción a la biodiversidad: "los ataques de perros son el quinto motivo por el que muere fauna silvestre en Chile, después de la contaminación, los atropellos, la pérdida de territorio, y la contaminación por espacio invadido", indica.
Siguiendo esa línea, cuestiona que "el gobierno no está tomando medidas en favor de la fauna silvestre en ninguno de esos otros frentes" y que el proyecto tendría doble intencionalidad: "proteger los intereses de la industria ganadera".
Por el contrario, y desde la conservación, para Moreira la interrogante es la siguiente: "¿estamos dispuestos a que estos animales sigan causando daño, ya esterilizados, en vida libre?".
Si bien la discusión es compleja, "el Estado chileno, que es garante de la conservación de las especies, tiene que decidir si está dispuesto a seguir llevando el debate hacia lo que es más políticamente correcto —mantener el status quo—, sabiendo que los animales con mayor llegada comunicacional, como los perros y los gatos, acumulan ventajas en el debate público frente a la fauna silvestre".
