La aeronave fue rechazada tres veces por Carabineros antes de ser incautada por la PDI. Todo tras denuncias de sobreprecio y fallas técnicas.
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Pasada las 23.00 horas del viernes 10 de abril llegó hasta las dependencias de la Prefectura Aérea de Carabineros, en la comuna de La Reina, personal de la Policía de Investigación (PDI) para efectuar una orden de incautación instruida por el Ministerio Público. ¿La especie? Un avión multipropósito que habría costado $6.2 mil millones a la institución verde oliva.
La diligencia fue resultado de una investigación que se venía fraguando tanto en Contraloría como en Fiscalía, en el marco de la adquisición de un avión institucional para la región de Antofagasta, cuyo objetivo era integrarlo a la flota del denominado Plan Frontera Norte. Una estrategia de seguridad creada para el control fronterizo, especialmente ante el narcotráfico, el contrabando y el ingreso irregular de personas.
Sin embargo, según pudo conocer este medio, al interior de Carabineros se habría planteado la hipótesis de que la licitación habría sido dirigida a la empresa que finalmente se adjudicó la contratación. La orden de compra cuestionada se encuentra en Mercado Público y el proveedor del vehículo aéreo fue "Servicios Aéreos AeroTac SpA", perteneciente a Ricardo Lizana Van Der Schraft.
Otro de los antecedentes barajados en el caso, es la posible intervención de ex oficiales en retiro de la Prefectura Aérea de Carabineros —división encargada de la evaluación técnica— en el proceso licitatorio. Además, una de las aristas apunta al rol que habría tenido el actual prefecto del mismo departamento, el coronel Javier Álvarez quien, presuntamente trabajó como piloto para la empresa investigada.
A la supuesta irregularidad que habría ocurrido durante la licitación, se sumó un hecho de igual relevancia: el valor de compra de la aeronave sería mayor al precio de mercado por vehículos de características similares. Producto de aquello, El Desconcierto, pudo confirmar que el Ministerio Público mantiene una causa en trámite por el delito de fraude al fisco.
No obstante, el proceso de adquisición no estuvo exento de problemas. Todo comenzó el 3 de enero de 2025 cuando el Consejo Regional de Antofagasta aprobó un incremento de recursos por $1.033.521.000 para el proyecto de adquisición del avión multipropósito para la sección aérea de la misma región.
El 20 del mismo mes la Dirección de Logística de Carabineros adjudica la licitación 5240-135-LR24 a la empresa Servicios Aéreos AeroTac SpA por la adquisición de un avión multipropósito Beechcraft B200GT. Posteriormente, el 10 de febrero Ricardo Lizana, representante legal de la empresa, firma una declaración jurada simple certificando no contar con inhabilidades para contratar con el Estado.
Finalmente, el 30 de mayo de 2025 se aprueba, mediante decreto, el contrato de adquisición de la aeronave con Servicios Aéreos AeroTac por un monto de $6.2 mil millones y se fijó un plazo de entrega de máximo 200 días, desde la emisión de la orden de compra, la cual se envió el 2 de junio del mismo año.
Los problemas llegaron de la mano de la primera entrega el 19 de diciembre de 2025. Ese día el proveedor proporcionó el avión pero el equipo de Carabineros emitió la primera Acta de Recepción No Conforme. El motivo del rechazo fue grave: el producto incumplía uno de los criterios técnicos explicitado en las bases.
Concretamente, los motores del avión contaban con 747,2 horas de vuelo disponibles antes de requerir un Overhaul (mantenimiento mayor), cuando lo solicitado por la policía uniformada era un mínimo de 1.400 horas utilizables.
Este medio cotizó en el sitio AirCraft Cost Calculator cuánto costaría el modelo de avión vendido a Carabineros. Según el portal especializado, dicha aeronave, de segunda mano y fabricada entre 2008-2013, cuesta en promedio USD $3,310,000, algo similar a $3 mil millones.
Ante la fallida primera entrega, la empresa solicitó una extensión del plazo de entrega de 40 días. El portazo de Carabineros a la petición llegó el 12 de enero, argumentando que el hecho de instalar deliberadamente motores con menos horas de las requeridas fue una decisión comercial para ahorrar costos, careciendo completamente de la "imprevisibilidad" e "irresistibilidad" que exige la ley para constituir un caso fortuito.
Así las cosas, el 3 de febrero AeroTac presenta por segunda vez la aeronave, y levanta un Acta de Recibimiento Parcial con la finalidad de que los inspectores institucionales pudieran revisar a cabalidad el estado del avión. El destino de la diligencia fue peor que el anterior.
Los informes emitidos por el personal de Carabineros fueron lapidarios y evidenció un "escenario sistémico de deficiencias técnicas y administrativas". Asimismo, se detectaron filtraciones activas de combustible y líquido hidráulico, desgastes de pintura, números de parte de instrumentos que no coincidían con los modelos declarados, inconsistencias en la trazabilidad documental de componentes con "vida límite" (piezas críticas en motores), entre otras.
La empresa tuvo su última oportunidad el 16 de marzo y presentó por tercera vez la aeronave, pero el desenlace fue el mismo: un tercer rechazo por parte de Carabineros. La institución determinó que no se habían zanjado problemas en los sistema de grabación de voces y datos de vuelo. El 25 del mismo mes, la aeronave fue retirada de los hangares de la institución.
En cuanto al dinero, según el contrato de la orden de compra, el pago estaba establecido en dos cuotas: una de ellas por $1.8 mil millones y la segunda, una vez que se ejecutara la recepción conforme, de $4.3 mil millones. Como no fue el caso, Carabineros retuvo el dinero destinado al segundo pago y ordenó hacer efectivo el cobro del Documento de Garantía por Anticipo, correspondiente a los mil millones.
Este historial de rechazos también fue puesto a disposición de las instituciones investigadoras. El Desconcierto contactó a la empresa AeroTac para plantear consultas al respecto. Desde la empresa dijeron que el "secretario general" respondería a nuestra petición pero hasta el cierre de este artículo eso no ocurrió.
Posterior a la publicación de este artículo, la empresa tomó contacto con esta redacción para emitir una serie de respuestas que serán anexadas a continuación.
En primera instancia, desde la firma explican que "resulta importante precisar que las características técnicas y operacionales exigidas en las bases de licitación hacen que la referida aeronave no sea homologable a cualquier otra disponible en el mercado, de hecho, las bases contemplaban exigencias adicionales asociadas a la operación y mantenimiento de la aeronave, incluyendo la ejecución de cursos especializados impartidos por fábricas y entidades autorizadas internacionalmente, capacitaciones que fueron realizadas por funcionarios de Carabineros de Chile, incluso antes de la recepción conforme de la aeronave, y financiadas íntegramente por Aerotac".
Ante las revisiones efectuadas por Carabineros, la empresa sostiene que "Todas las observaciones fueron debidamente subsanadas por Aerotac, pero Carabineros de Chile manifestó su intención de poner término al contrato mediante la Resolución N°31F, de fecha 14 de abril de 2026 y Aerotac presentó oportunamente sus descargos (20/04/2026), los que a esta fecha aún no han sido resueltos".
Respecto al término anticipado del contrato, desde AeroTac afirman que "no comparte los fundamentos de dicha decisión, más aún, la empresa sostiene haber dado pleno y cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales".
La respuesta íntegra de la empresa aquí:
A partir de antecedentes recabados por este medio, entre los apuntados se encuentra el coronel Álvarez y subprefectos del mismo rango, aunque no se pudo dar con los nombres de ellos.
En el caso del coronel Álvarez, este habría tenido un doble rol en la trama, tanto por su eventual participación como piloto en la empresa acusada y en la firma de documentos en la licitación.
Dada su calidad de Prefecto, actuó como la máxima autoridad del ente técnico encargado de evaluar el avión. Su rol consistió en avalar y firmar las múltiples Actas de Recepción No Conforme (fechadas en diciembre de 2025 y febrero de 2026), mediante las cuales Carabineros rechazó la aeronave por no cumplir con los requerimientos de las bases.
Además, el 10 de abril de 2026, fue el encargado de emitir y firmar el "Informe de Justificación de Término Anticipado". En este documento, el coronel Álvarez califica formalmente como un "incumplimiento grave" el actuar de la empresa AeroTac debido al atraso acumulado de 76 días, y es él quien solicita formalmente a la Dirección de Logística que se ponga término al contrato.
No obstante, la irregularidad no se habría provocado en esta parte del proceso, sino que previo a esto: en la creación de las bases técnicas. Esta intervención en la elaboración de las bases habría permitido que la multimillonaria compra estuviera "direccionada" desde un principio para favorecer a la empresa AeroTac. Cabe mencionar, que AeroTac fue la única oferente en la licitación.
Esta redacción planteó una serie de consultas acerca de la investigación y la situación del coronel Álvarez a Carabineros, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
Según el portal de Infolobby, el coronel Álvarez sostuvo dos reuniones con Ricardo Lizana —representante legal de AeroTac— durante 2024: el 10 de abril y el 15 de mayo.
En la primera de ellas el objetivo de la reunión fue invitarlo a la recepción "junto a la delegación italiana de la empresa aérea Leonardo, participantes de FIDAE 2024, a realizarse en Santiago FBO". El encuentro no contó con la presencia de un tercero.
Santiago FBO no es ajena a Lizana, puesto que él es el controlador de dicha firma cuya finalidad es "es brindar una experiencia única a quienes buscan comodidad y exclusividad en vuelos privados de negocio y turismo". El empresario también cuenta con otras firmas abocadas al mundo de la aviación, sin embargo, lo relevante es que gran parte de ellas mantienen contrataciones con organizaciones estatales. Santiago FBO no es la excepción.
Este medio no pudo confirmar si otras contrataciones son investigadas por el Ministerio Público u otra entidad fiscalizadora.
La segunda reunión entre Álvarez y Lizana fue para presentar "información actualizada" sobre la aeronave de transporte LEONARDO C-27J SPARTAN. Más allá de los antecedentes presentados, ahora es el Ministerio Público quien deberá esclarecer los hechos y atribuir las responsabilidades pertinentes.