sábado 21 de noviembre de 2026
Opinión

Soberanía digital: ¿quién controla el futuro tecnológico de Chile?

Chile aún carece de un marco regulatorio vigente sobre inteligencia artificial, proyecto que la propia ministra está reescribiendo en paralelo a la firma de este acuerdo, mientras el mismo Ejecutivo postergó por casi un año la entrada en vigencia de la ley de protección de datos personales.

21 de noviembre de 2026 - 11:45

La reciente firma de un acuerdo entre el Ministerio de Ciencia y OpenAI, empresa detrás de ChatGPT, abre una discusión que Chile no puede seguir postergando: ¿quién controla nuestra infraestructura tecnológica, nuestros datos y, en definitiva, nuestra soberanía digital?

La modernización del Estado mediante inteligencia artificial es una oportunidad que debemos aprovechar. Sin embargo, incorporar nuevas tecnologías no puede significar entregar progresivamente nuestra autonomía a grandes corporaciones cuyos intereses comerciales no necesariamente coinciden con el interés público.

La soberanía digital es mucho más que proteger información personal. Es la capacidad de un país para decidir cómo se desarrollan, administran y utilizan las tecnologías que sostienen sus instituciones. Implica garantizar que las decisiones estratégicas permanezcan bajo control democrático y que el Estado no dependa exclusivamente de proveedores privados para ejercer sus funciones.

El problema no es OpenAI en particular. Es un modelo de desarrollo tecnológico donde un reducido número de empresas concentra infraestructura, capacidad computacional y conocimiento. Cuando los Estados construyen sus capacidades digitales sobre sistemas privados, pueden terminar condicionando sus decisiones futuras a tecnologías que no controlan.

Chile necesita una estrategia de inteligencia artificial que trascienda los convenios con grandes compañías. Una política que fortalezca la investigación nacional, promueva tecnologías abiertas, establezca mecanismos de transparencia y garantice estándares exigentes de protección de datos y multioperabilidad.

La inteligencia artificial transformará inevitablemente nuestra relación con el Estado. La pregunta es si seremos protagonistas de esa transformación o simples usuarios de tecnologías diseñadas y administradas desde el extranjero y sin soberanía sobre algo tan esencial para la gobernanza como lo es desde la plataforma desde donde se tomarán nuestras decisiones de futuro y de administración.

El problema es que este debate se da en un escenario de preocupante fragilidad institucional. Chile aún carece de un marco regulatorio vigente sobre inteligencia artificial, proyecto que la propia ministra está reescribiendo en paralelo a la firma de este acuerdo, mientras el mismo Ejecutivo postergó por casi un año la entrada en vigencia de la ley de protección de datos personales.

Uno esperaría que definiciones de esta envergadura estuvieran en manos de equipos sólidos y preparados, pero la realidad es un ministerio envuelto en sucesivas polémicas durante su gestión, que esta semana culminaron en la ya esperada renuncia de la subsecretaria.

Así como vamos, llegará un día en que una empresa no necesitará sentarse en el sillón presidencial para condicionar las decisiones de un país. Bastará con que el Estado dependa de su tecnología para poder funcionar.

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