El exministro Jaime Gajardo acusa al gobierno de Chile de "información incompleta" al equiparar rebajas de condenas, diferenciando su gestión de la actual.
Exministro de Justicia, Jaime Gajardo, desmiente al gobierno. Créditos: Agencia UNO.
Luego de que el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, equiparara la firma de 56 decretos que rebajaron penas a condenados por delitos sexuales contra infancias con los decretos firmados en el gobierno de Gabriel Boric, el exministro Jaime Gajardo salió a desmentir esta comparación.
“Lo que hace el gobierno hoy día es entregar información incompleta, es confundir a la ciudadanía, y eso es extremadamente grave”, acusó.
Este viernes, el subsecretario de la Segegob comparó los hechos con lo sucedido durante la administración de Gabriel Boric, en la que también se firmaron decretos que otorgaban una reducción de penas a condenados.
La autoridad alzó dos documentos ante la prensa, uno en cada mano: un decreto firmado por el entonces ministro de justicia, Jaime Gajardo; y otro firmado por el actual jefe de dicha cartera, Fernando Rabat —quien autorizó la rebaja de los 56 condenados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes—.
Con ambos papeles en mano, expresó: "Es un ejemplo de uno de los decretos que presentó el gobierno anterior, el ministro Jaime Gajardo". Comenzó a leer dicho documento: "otórguese el beneficio de reducción de condena correspondiente a (nombre). Firmado: Jaime Gajardo Falcón, ministro de Justicia".
Luego, comenzó a leer el segundo documento: "Otórguese el beneficio de reducción de condena a (nombre). Firmado: Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos".
De esta comparación, concluyó: "El resultado es exactamente el mismo en el gobierno del presidente Gabriel Boric y en este gobierno. Por lo tanto, en ambos casos se cumplió con la ley, se cumplió con la normativa establecida y no se cometieron arbitrariedades".
Entre los argumentos que entregó para respaldar la acción de Rabat, mencionó que la cartera simplemente cumplió con lo dictado por la normativa chilena: "Aunque no nos guste este tipo de decretos, somos un gobierno que cumple la ley, que cumple la Constitución. Estos beneficios fueron establecidos en la Ley 19.856 del año 2003, durante un gobierno de la concertación y el ministro de Justicia no puedo si no aplicar la ley".
Esta normativa citada crea un sistema de reincidencia social otorgándole beneficios penitenciarios a los condenados que registren una buena conducta, lo que se traduce en una rebaja de sus penas.
A partir de 2022, una nueva normativa (Ley 21.421) excluyó a los condenados por delitos sexuales de optar a este beneficio. Sin embargo, la modificación no es retroactiva.
Considerando estos antecedentes, el subsecretario Arenas sostuvo: "esta no es una facultad discrecional del gobierno (...) el artículo segundo señala expresamente que esto es un derecho. Por lo tanto, no puede ser negado por el Ministerio de Justicia porque se recurre a amparo, se va a los tribunales y en forma consistente han dicho que se debe otorgar".
El exministro de Justicia explicó cómo operaba esta tramitación durante el gobierno de Gabriel Boric: "cada vez que se presentaba una solicitud de un abusador sexual, de un violador de niños, niñas o adolescentes, le rechazábamos la solicitud de rebaja de condena”.
Si bien el beneficio responde a un derecho de la normativa chilena, Gajardo sostuvo que el rol del Ministerio de Justicia es rechazar las peticiones de rebaja de condena a abusadores sexuales y violadores de niñas y niños, defendiendo ese criterio ante tribunales.
En ese sentido, los decretos que firmó como jefe de Justicia responden a sentencias judiciales. Por el contrario, el ministro Rabat otorgó el beneficio en base a una decisión administrativa.
“Hay un decreto, que es el que firma el actual ministro de Justicia, que entrega inmediatamente —y lo entrega él directamente— un beneficio a un criminal que ha violado a un niño o que ha abusado sexualmente de ese niño”, sostuvo.
Desmintiendo la comparación que hace el gobierno, el exministro aprovechó la instancia y emplazó al Ejecutivo a trasparentar ante la opinión pública los 56 decretos en cuestión: “Entreguen los decretos, entreguen los 56 decretos, que la opinión pública los conozca, sepa quiénes son, podamos escrutar adecuadamente los fundamentos que se utilizaron”.
