Incentivos estatales para recuperar terrenos degradados, bonos por captura de carbono y un fuerte foco exclusivo en pequeños y medianos propietarios son las directrices del nuevo proyecto de ley de fomento forestal que prepara el gobierno con el fin de revertir una década de estancamiento en las plantaciones del país.
Las primeras bases fueron presentadas en agosto ante el Consejo de Política Forestal (CPF) y la iniciativa excluye deliberadamente a los grandes conglomerados del rubro —como Arauco y CMPC—.
El objetivo es impulsar la reforestación de entre 20 mil y 25 mil hectáreas al año para generar cerca de 55 mil puestos de trabajo adicionales, en un contexto en donde la crisis de desempleo alcanza su máximo en cinco años (9,6%).
Desde el Ministerio de Agricultura señalaron sobre este proceso que la agenda busca potenciar el desarrollo forestal con foco en sostenibilidad.
"Se busca promover una actividad forestal sostenible, recuperar el bosque nativo, aumentar la captura de carbono y generar empleo y actividad económica en nuestros territorios. El objetivo no es volver al pasado, sino construir una nueva política forestal para el futuro”, señalaron a Pulso.
Subsidios, exigencias ambientales y créditos puente
El corazón del proyecto en etapa avanzada contempla financiar un porcentaje sustancial de los costos de siembra. Establecer una hectárea requiere una inversión que oscila entre los $600 mil y $1,5 millones, montos significativos considerando que existe un universo potencial de 25 mil propietarios de bosques en el país.
Según consigna el citado medio, fuentes vinculadas a la mesa de trabajo confirmaron que el diseño definitivo mantendrá la tasa de bonificación en 90% para PYMEs y 75% para productores medianos. Sin embargo, el dinero no se entregará por adelantado. Por el contrario, el beneficio estatal se ejecutará una vez se certifique que al menos un 75% de las plantaciones sobrevivieron al estrés hídrico del verano.
En esa línea, el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, Simón Berti, aclara que el desembolso estatal se ejecutará exclusivamente una vez verificado el éxito biológico del proceso.
“Cuando eso se comprueba, te dan la bonificación, y mientras tanto tienes que buscar un préstamo o puente para hacer la inversión, plantar y después te llega la bonificación”, explicó.
El directivo añade que el reintegro exige un estándar de al menos 75% de árboles vivos cumplido el primer año, época crítica tras atravesar el estrés hídrico del verano.
Asimismo, desde el sector especializado sugieren priorizar la entrega de recursos a suelos erosionados e incentivar esquemas de rotación larga —con cosechas a 25 años para el pino y entre 10 y 12 para el eucalipto— para asegurar la producción de madera de alta calidad.
Mercado de carbono y visión de largo plazo
El proyecto también incorpora de pagos por servicios ambientales mediante bonos de carbono, mecanismo que retribuirá con un monto económico cada tonelada de CO capturada por las nuevas plantaciones.
Si bien los ingresos pueden fluctuar entre US$5 por tonelada de CO capturado hasta US$40, desde el sector forestal proyectan hasta US$100 o US$120.
Este mecanismo también es utilizado en Uruguay y Brasil. De hecho ambos países han certificado sus plantaciones en mercados internacionales voluntarios de carbono.