Iniciativa del Ejecutivo busca suprimir sedes en regiones, restar facultades en querellas y recortar el peso de las organizaciones de la sociedad civil.
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El cierre definitivo de sus delegaciones a lo largo del país y un duro golpe a su descentralización es una de las consecuencias más alarmantes que traería la aprobación de la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresada esta semana a la Cámara de Diputadas y Diputados por la administración del Presidente Kast.
De acuerdo con el informe financiero presentado, el proyecto sostiene su domicilio únicamente en la capital y "no contempla el domicilio de sedes regionales".
En la práctica, esto abre el paso al desmantelamiento total de las oficinas territoriales de la institución, instancias que han resultado clave para visibilizar y defender las vulneraciones a las garantías fundamentales en zonas extremas y rurales, contrariando cualquier esfuerzo por alcanzar equidad territorial en el país.
Frente a este escenario, un grupo de exconsejeros y exconsejeras del organismo alzaron la voz para rechazar tajantemente el proyecto de ley, el que consideran como "inaceptable".
A través de una declaración pública, denunciaron que la propuesta entra en abierta contradicción con los insumos que entregó en su momento la Comisión Asesora para el Fortalecimiento del INDH, la cual recomendaba precisamente lo contrario: potenciar las delegaciones regionales, robustecer el brazo judicial y asegurar un gobierno representativo con paridad y pluralismo.
Para los firmantes, el texto refleja un desdén hacia el marco internacional de protección de los derechos humanos y atenta contra la convivencia democrática.
Por ello, instaron al Poder Legislativo a frenar la iniciativa e iniciar un debate inclusivo que tome como piso técnico las recomendaciones de la comisión experta.
"Sin negarnos a la posibilidad de revisar la legislación que dio vida al INDH, proponemos que dicha revisión tenga como base las recomendaciones emanadas de la Comisión Asesora para su Fortalecimiento de composición plural. Proponemos además que en el debate de cualquier iniciativa legal sobre la materia se considere la participación de las organizaciones vinculadas a la promoción y defensa de los derechos humanos", manifestaron.
El documento es suscrito por José Aylwin, Lorena Fries, Claudio González, Debbie Guerra, Salvador Millaleo, Enrique Núñez, Margarita Romero y Francisco Ugás.
A este escenario de repliegue en regiones se suma un severo recorte en la capacidad de acción legal de la entidad. La propuesta reduce el rol del organismo a un estándar consultivo que le impide ser querellante o querellante activo en procesos penales por abusos estatales, limitándolo únicamente a la denuncia de eventuales delitos, al requerimiento de recursos de amparo bajo la potestad exclusiva de la Dirección Ejecutiva o a recursos de protección previa aprobación del Consejo.
Asimismo, la gobernanza institucional sufriría una reestructuración drástica. El actual Consejo de 11 miembros —donde cinco corresponden a representantes directos de la sociedad civil y la academia— se reduciría a tan solo cinco integrantes. De ellos, cuatro serían designados mediante votación parlamentaria (dos por el Senado y dos por la Cámara Baja) a partir de propuestas del Ejecutivo y comisiones, mientras que solo uno sería resorte de los decanos de Facultades de Derecho.
La independencia del organismo queda aún más comprometida en los artículos transitorios, los cuales otorgan al Presidente la facultad de proponer directamente al Senado, por simple mayoría, a los cinco consejeros iniciales que administrarán la transición por dos años y redactarán los nuevos estatutos, excluyendo de este proceso inicial a la sociedad civil organizada y a las universidades.
Pese a que el mensaje presidencial argumenta una modernización que aseguraría "una mayoría de integrantes provenientes de la sociedad civil", el diseño planteado contraviene los Principios de París respecto a la autonomía y pluralismo que deben regir a los organismos nacionales de derechos humanos.
