La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó al municipio elaborar un plan para evitar nuevos derrumbes desde el ex vertedero Frutillares.
Corte de Apelaciones de Concepción / Agencia Uno
Dos vecinos de Tomé denunciaron que durante años sufrieron derrumbes, barro y aguas lluvias provenientes de un antiguo vertedero municipal colindante con sus viviendas, sin que el municipio ejecutara una solución definitiva. La Corte de Apelaciones de Concepción acogió su recurso y ordenó elaborar un plan para contener el terreno y prevenir nuevos deslizamientos.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, los afectados viven en dos inmuebles de calle Pablo de Rokha, en Villa Kellén, ubicados junto al terreno municipal del ex vertedero Frutillares.
Según los antecedentes del caso, las intensas lluvias registradas en 2023, 2025 y especialmente en agosto de 2026 provocaron colapsos de muros de contención, desprendimientos de la ladera e ingreso de agua y barro a las propiedades.
Los vecinos sostuvieron que habían presentado reiterados reclamos e informes ante la Municipalidad de Tomé, pero que esta no implementó obras permanentes de contención, canalización ni manejo de los riesgos.
El municipio pidió rechazar el recurso. Argumentó que se trató de temporales extraordinarios y señaló que existe un Plan de Cierre del Vertedero Sector Frutillares, aprobado ambientalmente en 2011. También afirmó que funcionarios municipales concurrieron al lugar para evaluar los derrumbes.
La Corte concluyó, sin embargo, que la municipalidad incurrió en una omisión ilegal y arbitraria al no adoptar medidas técnicas y de infraestructura eficaces para contener los desprendimientos y canalizar las aguas provenientes del terreno bajo su dominio.
Según el fallo, contar con una resolución ambiental de 2011 o realizar inspecciones esporádicas no libera al municipio de su obligación de proteger a la población.
El tribunal estableció que la prolongada falta de soluciones mantenía a los residentes bajo un “constante e inminente riesgo” y además afectaba el normal uso de sus viviendas.
Por ello, la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó a la Municipalidad de Tomé elaborar, dentro de los 30 días corridos siguientes a que el fallo quede firme, un Plan Integral de Manejo, Evaluación Técnica y Mitigación de Riesgos.
El documento deberá ser preparado por profesionales e ingenieros competentes e incluir soluciones concretas para estabilizar taludes, contener suelos y canalizar aguas lluvias.
El municipio también deberá informar a la Corte y calendarizar el inicio de las obras de mitigación. La sentencia fue redactada por la ministra Claudia Andrea Vilches Toro.
