Fiscalía vive nuevo revés en Caso Procultura: Corte rechaza desafuero de gobernador Claudio Orrego
En una decisión unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó este martes la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta contra el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego.
La resolución, adoptada por el pleno del tribunal con el voto de 24 ministros, representa un nuevo revés para el Ministerio Público en el marco de la investigación conocida como Caso ProCultura, arista del más amplio Caso Fundaciones.
Duro revés para Fiscalía
La audiencia, presidida por el ministro Fernando Carreño Ortega, se realizó tras escuchar los alegatos tanto del fiscal Cristián Aguilar, representante de la Fiscalía de Antofagasta, como de la defensa del gobernador, encabezada por el abogado Ciro Colombara.
Según comunicó el presidente del tribunal, la solicitud fue rechazada en su totalidad, y la redacción de la sentencia quedó a cargo de la ministra Sandra Araya Naranjo, quien la notificará a las partes en los próximos días.
¿Qué es el Caso Procultura?
El Caso ProCultura investiga presuntas irregularidades en la transferencia de fondos públicos desde el Gobierno Regional de Santiago a la Fundación ProCultura. Específicamente, se cuestiona un convenio suscrito en 2022 por un monto de 1.686 millones de pesos (aproximadamente 1.800 millones de dólares estadounidenses al tipo de cambio actual), destinado a implementar el programa de prevención del suicidio "Quédate".
La Fiscalía alega que la fundación no contaba con la experiencia, idoneidad ni competencias necesarias para ejecutar el proyecto, y que el acuerdo se habría gestado por la cercanía personal entre Alberto Larraín, vinculado a ProCultura, y el gobernador Orrego.
En su presentación, el fiscal Aguilar argumentó que Orrego habría "abusado de su cargo" e incurrido en una "infracción grave a los deberes del mismo", generando un presunto perjuicio fiscal al Estado.
Acusaciones que incluyen fraude al Fisco y malversación de fondos públicos. Sin embargo, la defensa contrapuso que no existen pruebas suficientes para sustentar estos delitos, destacando que no se demostró daño patrimonial real y que la Fiscalía incurrió en "errores gravísimos" y un desconocimiento de la normativa sobre convenios con fundaciones.
