Solicitaron a Kast transparentar resoluciones que concedieron y rechazaron beneficios, revisar su legalidad y establecer medidas de protección para víctimas.
Fernando Rabat, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se retira del Palacio de La Moneda
Agencia UnoLos partidos de oposición llegaron este lunes hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida a José Antonio Kast, en la que exigieron nuevamente la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales y crímenes de lesa humanidad.
La misiva fue suscrita por representantes del Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Frente Amplio (FA), Partido Liberal (PL) y Democracia Cristiana (DC). Los firmantes cuestionaron que el secretario de Estado continúe encabezando la respuesta del Ejecutivo a la controversia y sostuvieron que ya no es un interlocutor válido para la oposición.
La carta también emplaza al mandatario a transparentar las decisiones administrativas adoptadas por el Ministerio de Justicia. Los partidos sostienen que reconocer el error no es suficiente y solicitan establecer responsabilidades políticas, reparar el daño y entregar todos los antecedentes relacionados con los beneficios.
Entre las principales solicitudes figura la entrega al Congreso y a la ciudadanía de todos los decretos de reducción de condena dictados desde el 11 de marzo, junto con sus respectivos fundamentos y resguardando la identidad de las víctimas.
El requerimiento comprende las resoluciones que concedieron beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, así como aquellas relacionadas con internos de Punta Peuco y Colina I.
También incluye las solicitudes rechazadas durante el mismo período, con el objetivo de conocer cuándo y por qué cambió el criterio aplicado por la cartera.
La controversia considera 56 decretos que concedieron rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales. La oposición busca acceder a los antecedentes administrativos para revisar las decisiones y sus fundamentos.
Un segundo requerimiento apunta a que el Ejecutivo presente un plan para examinar la legalidad de cada resolución e iniciar los procedimientos de invalidación que correspondan, con el propósito de determinar cuáles pueden revertirse.
El tercer eje de la carta contempla un plan de atención para las víctimas y sus familias. Entre las medidas solicitadas figuran la identificación de las personas afectadas, comunicaciones directas y reservadas sobre la situación de sus agresores, evaluaciones individuales de riesgo y medidas de protección coordinadas con el Ministerio Público y las policías. También piden atención psicológica, social y jurídica especializada.
Asimismo, desde la Defensoría de la Niñez también solicitaron que se haga entrega de los decretos. Consultado por esta petición, y tras finalizada la sesión en la Comisión de Seguridad, el ministro Rabat explicó que si bien no hay un plazo definido, se entregarán "oportunamente cuando ello corresponda".
La entrega de la carta se produjo mientras los partidos opositores avanzan en la preparación de una acusación constitucional contra Fernando Rabat, iniciativa anunciada tras la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados realizada el miércoles 28 de octubre y cuya presentación formal se realizará el martes 3 de noviembre.
El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, confirmó que los equipos jurídicos de las colectividades y las bancadas parlamentarias ya trabajan en la redacción del libelo.
El parlamentario señaló que evalúan convocar para este jueves a una reunión en el Congreso Nacional, en Santiago, con los abogados que colaboran en la elaboración de la acusación.
Soto también sostuvo que la oposición no considera a Rabat un interlocutor válido para las tramitaciones legislativas y condicionó la posibilidad de retomar conversaciones con el Ejecutivo a la salida del ministro.
La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, también reiteró la exigencia de renuncia y sostuvo que la salida del titular de Justicia es necesaria para comenzar a subsanar los efectos de las decisiones cuestionadas.
Desde la DC, el diputado Álvaro Ortiz fue tajante al sostener que "vamos a avanzar igual" con la AC, independiente de que el ministro renuncie a su cargo.
Consultado por estos antecedentes, el ministro Rabat bajó el perfil a los hechos y aseguró que "como siempre, en estos ocho meses ejerciendo el cargo, he tenido un excelente diálogo con los parlamentarios de todos los partidos políticos. Ha sido siempre una conversación para obtener los proyectos de ley que satisfagan de mejor manera las necesidades de todos los chilenos".
La ofensiva opositora se desarrolla mientras Kast permanece de gira por Europa. En paralelo, Rabat anunció una mesa de trabajo relacionada con las víctimas, destinada a coordinar iniciativas legislativas y propuestas técnicas de organizaciones.
Desde la arista judicial, este lunes la Fiscalía Nacional confirmó que el ministro Rabat se encuentra en calidad de imputado en el marco de la investigación por presunto delito de prevaricación administrativa, tras la denuncia presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS).
El Ministerio Público indagará si el secretario de Estado dictó una resolución o tomó una decisión considerada injusta, arbitraria o contraria a la ley, actuando con dolo.
Desde el gobierno, el subsecretario y vocero Gonzalo Arenas recordó al oficialismo en el Congreso que desde 1990 que "no hay ningún parlamentario de gobierno que haya votado a favor de una acusación constitucional contra su propio gobierno“.
En ese sentido, espera que este dato histórico sea "un tema fundamental" a considerar y que el diálogo estará abierto con cada uno de los parlamentarios del sector.
“Aquí estamos hablando de temas de Estado. Por supuesto que vamos a conversar con todos, pero nosotros también esperamos que nuestros partidos y nuestros parlamentarios tengan ese tema en cuenta“, sostuvo.
