Para este martes se espera sea el día que la oposición presente la acusación constitucional contra Fernando Rabat. Por su parte, Kast decidió partir una gira europea.
Gráfica del Presidente José Antonio Kast y el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Agencia UnoEl gobierno de José Antonio Kast enfrenta una de sus semanas más complejas desde su llegada a La Moneda. La oposición prepara una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuyo ingreso a la Cámara de Diputadas y Diputados está previsto para este martes 3 de noviembre, en medio de las diferencias dentro del oficialismo y los cuestionamientos a la continuidad del secretario de Estado.
La ofensiva parlamentaria fue anunciada el miércoles 28 de octubre, después de una sesión especial en la Cámara Baja en la cual Rabat debió responder por los decretos que permitieron rebajar condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes.
Durante su exposición, el ministro defendió el criterio jurídico aplicado por su cartera, aunque reconoció una falencia en el procedimiento: la ausencia de mecanismos para escuchar a las víctimas.
La controversia tuvo otro episodio el jueves 29 de octubre, cuando el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, publicó un video en Instagram para explicar su participación en la firma de los decretos cuestionados.
En el registro sostuvo que había actuado como ministro subrogante, aplicando el criterio jurídico establecido por Rabat. Posteriormente reconoció que no había consultado previamente la publicación con el titular de Justicia.
El viernes 30 de octubre, Kast aceptó la renuncia de Silva y designó en su reemplazo a la abogada Josefina Soto Larreátegui. El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, sostuvo posteriormente que la salida del exsubsecretario estuvo relacionada con la publicación del video sin informar previamente al Ejecutivo.
La salida de Silva no terminó con las presiones sobre el ministro. Durante la sesión especial del 28 de octubre, la Cámara aprobó un proyecto de resolución solicitando al presidente gestionar la salida de Rabat y de los dos subsecretarios de Justicia. La oposición, además, confirmó que continuaría preparando la acusación constitucional.
El impacto político del caso también quedó reflejado en la última encuesta Cadem, publicada el domingo 1 de noviembre. La aprobación presidencial llegó al 26%, tres puntos menos respecto de la medición anterior, mientras la desaprobación alcanzó el 69%.
En relación con la controversia del Ministerio de Justicia, un 70% manifestó estar en desacuerdo con la decisión de Kast de mantener a Rabat en el gabinete, seis puntos más que en la medición del 27 de octubre. Asimismo, el 78% desaprobó la gestión del ministro frente al caso.
En la medición anterior, un 77% desaprobaba su gestión y solo un 12% la aprobaba. En ese mismo sondeo, el 64% rechazaba la decisión presidencial de mantenerlo en el cargo.
Las diferencias también se hicieron visibles entre los parlamentarios oficialistas. El diputado Hotuiti Teao fue el primero de ese sector en anunciar que votaría a favor de la acusación constitucional. A las críticas contra Rabat también se sumaron los senadores María José Gatica y Rojo Edwards, quienes cuestionaron su continuidad en el Ministerio de Justicia.
El vocero Gonzalo Arenas también intervino en la discusión. El domingo 1 de noviembre llamó a los partidos oficialistas a demostrar su respaldo al Ejecutivo frente al libelo y sostuvo que quienes apoyan al gobierno no deberían votar a favor de la acusación.
Una postura distinta expresó la diputada UDI Constanza Hube. En entrevista con Tele13 Radio, cuestionó los fundamentos conocidos hasta ese momento y sostuvo que la acusación no tenía mérito. También planteó que los ministros dependen de la confianza del presidente y no del Congreso, por lo que rechazó utilizar el mecanismo constitucional para condicionar las decisiones del Mandatario.
Otro factor relevante es la posición del Partido de la Gente (PDG). La colectividad mantiene diferencias internas frente a la posibilidad de respaldar el libelo, lo que convierte a sus parlamentarios en un grupo relevante para las negociaciones opositoras.
El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, reconoció la existencia de visiones encontradas dentro del partido. Aunque cuestionó la permanencia del ministro, descartó respaldar personalmente la acusación constitucional. La posibilidad de conceder libertad de acción a los diputados también está sobre la mesa.
En paralelo, el excandidato presidencial Franco Parisi ha pedido que Rabat dé un paso al costado, mientras la diputada Pamela Jiles ha ofrecido respaldar su continuidad. Estas diferencias muestran que el partido todavía no tiene una posición unificada frente a la ofensiva parlamentaria.
La controversia coincide con la primera gira europea de Kast desde su llegada a La Moneda. El presidente partió el domingo 1 de noviembre y su agenda contempla actividades en España e Italia, la XXX Cumbre Iberoamericana, una reunión con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y una audiencia con el papa León XIV, prevista para el miércoles 4 de noviembre.
El viaje también recibió cuestionamientos desde el PDG. Los diputados Tamara Ramírez y Fabián Ossandón solicitaron suspenderlo y concentrar los esfuerzos del Ejecutivo en la contingencia nacional. Mientras tanto, la oposición prepara el ingreso de la acusación constitucional, que podría concretarse este martes.
Así, Kast comienza noviembre con una baja aprobación presidencial, cuestionamientos a su decisión de mantener a Rabat y diferencias dentro de su propio sector. La presentación del libelo y las definiciones de los parlamentarios serán los próximos acontecimientos clave para el futuro político del ministro de Justicia.
