La crisis bancaria en Paraguay escaló, luego del inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país.
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Cerca de tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos tras la resolución del banco. El IPS también mantiene inversiones millonarias en la entidad.
Crisis financiera en Paraguay
Agencia EFELa crisis bancaria en Paraguay escaló, luego del inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país.
La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) dejó a cerca de tres millones de clientes sin posibilidad de retirar o transferir sus ahorros, mientras organismos públicos y fondos previsionales quedaron expuestos a la situación patrimonial del banco. El caso también provocó protestas y cuestionamientos contra el presidente Santiago Peña.
El directorio del BCP resolvió por unanimidad, el 2 de noviembre, iniciar el procedimiento de resolución de la entidad, cuya decisión fue comunicada oficialmente el día siguiente. La medida se adoptó tras constatar una insuficiencia en su índice de solvencia, que cayó por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación paraguaya.
Según explicó el organismo, el deterioro se produjo tras ajustes realizados a los estados financieros durante un proceso de regularización. La resolución se enmarca en la Ley 2.334/03, que regula la garantía de depósitos y los procedimientos aplicables a las entidades financieras.
La medida dejó inactivas las operaciones habituales del banco, incluidas las transferencias y los retiros de dinero. La aplicación y las sucursales también quedaron fuera de servicio. La Superintendencia de Bancos dispuso la designación de interventores para revisar la situación patrimonial, verificar los activos y conducir el procedimiento.
Uno de los principales mecanismos de protección es el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica en cada entidad financiera. En el caso de Ueno Bank, ese límite equivale a 228.300.000 guaraníes, aproximadamente US$38.000.
Sin embargo, la cobertura no significa que todos los clientes recibirán inmediatamente la totalidad de sus ahorros. El BCP anunció un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes por depositante, con cargo al fondo, y señaló que buscará proteger en la mayor medida posible los saldos superiores al límite legal.
La garantía también contempla descuentos por obligaciones pendientes con la entidad. Para quienes tengan depósitos superiores al monto protegido, la recuperación dependerá del procedimiento de resolución y de los mecanismos legales que se apliquen. El organismo no comprometió la restitución íntegra de esos excedentes.
La crisis también alcanza al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar el sistema de seguridad social paraguayo. Sus inversiones y colocaciones en Ueno Bank se estiman entre US$355 millones y US$380 millones, aunque el monto todavía está pendiente de consolidación oficial.
La entidad bancaria también canalizaba el pago de pensiones de aproximadamente 32.000 jubilados. Frente a la situación, el IPS comunicó que los pagos continuarían normalmente y que trasladaría a otra institución financiera a quienes recibían sus prestaciones mediante Ueno.
El alcance de los recursos públicos es mayor. Ueno administraba entre US$800 millones y US$850 millones en fondos estatales, incluidos recursos previsionales y depósitos de otras instituciones públicas. La recuperación de esas inversiones constituye otro de los desafíos del procedimiento.
La crisis también derivó en una investigación penal. El Ministerio Público paraguayo confirmó la apertura de una causa a partir de una denuncia presentada por integrantes del directorio del Banco Central y ordenó la detención de ocho personas vinculadas a la conducción de Ueno Bank.
Entre ellas figuran el presidente de la entidad, Juan Manuel Gustale, y su CEO, Federico Miguel Vázquez Villasanti, además de otros directivos y ejecutivos. Los ocho quedaron bajo custodia policial durante el martes 3 de noviembre y debían comparecer ante la Fiscalía durante la jornada siguiente.
El fiscal Francisco Cabrera, integrante de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, explicó que la investigación considera posibles hechos punibles como lesión de confianza, estafa y conducta indebida en situaciones de crisis. Se trata de hipótesis investigativas que deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
La situación provocó movilizaciones en Asunción, donde ahorristas reclamaron la devolución de sus depósitos y explicaciones sobre el futuro de sus recursos. Un grupo de manifestantes se instaló en la Plaza de Armas, frente al Congreso, para realizar una vigilia durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre.
La crisis también abrió un nuevo frente político. Legisladores de la oposición y sectores disidentes del oficialismo formalizaron la recolección de firmas para impulsar un juicio político contra presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La iniciativa apunta a las eventuales responsabilidades del Ejecutivo por el manejo de los fondos públicos y los vínculos con la entidad financiera.
Mientras avanzan las gestiones parlamentarias y la investigación penal, el Banco Central ha insistido en presentar el caso como una situación particular de Ueno Bank, sin atribuirlo a un problema generalizado del sistema financiero paraguayo.
