Prometieron orden y seguridad; entregaron indultos para unos, abandono para otros y un desfile de sepulcros blanqueados que ayer defendían la democracia.
Kast volvió a defender a Rabat
Agencia UnoSi la estrategia consistía en liberar a condenados por violaciones a los derechos humanos y, a la vez, soltar a condenados por delitos sexuales, para que la indignación se concentrara en estos últimos y pasara inadvertida la gravedad de lo primero, estamos ante una ecuación perversa. Una maniobra que revela no solo falta de sensibilidad, sino degradación ética del poder.
Mientras el país intenta entender el despropósito, el ministro de Justicia mira hacia otro lado, el subsecretario asume los costos y renuncia, demostrando que es otro mañoso mediocre, y el verdadero responsable político se esconde tras un liderazgo cada vez más invisible, sostenido por un 22% de aprobación y cuestionado hasta por la derecha que lo respaldó. Cuando un gobierno pierde autoridad, credibilidad y conducción en siete meses, ya no hay un problema de comunicación: hay una crisis política.
La semana pasada me preguntaba cuánto deterioro institucional puede soportar una sociedad. La respuesta sigue siendo inquietante: no existe revocatoria presidencial, y una acusación constitucional difícilmente prosperaría si quienes deben fiscalizar al Ejecutivo se comportan como una tropa de obedientes, entre libertarios, serviles y otros secuaces dispuestos a bloquear cualquier exigencia de responsabilidades. Es la trampa del poder: un gobierno políticamente agotado, pero institucionalmente aferrado a sus atribuciones.
Y lo más indignante es el desfile de sepulcros blanqueados: los mismos que se vistieron de demócratas, defensores de las libertades y custodios de la república, y que hoy guardaron esos valores en el cajón de la conveniencia. Impecables por fuera, podridos por dentro. La lealtad política no puede estar sobre la dignidad humana, ni la disciplina partidaria servir de coartada para lo injustificable. Hay silencios que son complicidad y renuncias que llegan tarde.
Llegaron prometiendo acabar con la delincuencia y devolverle la tranquilidad a Chile. El balance es escandalosamente contradictorio: se proclaman guardianes de la seguridad, pero favorecen a condenados por delitos gravísimos y abren espacios de impunidad para los delincuentes de cuello y corbata. Decían que Chile se caía a pedazos y, en siete meses, parecen empeñados en empujarlo a un despeñadero sin precedentes desde el retorno a la democracia.
Tampoco se trata solo de indultos y rebajas de penas. Hay una orientación más profunda: el debilitamiento de derechos sociales conquistados tras décadas de lucha, el ahogo de los trabajadores y una disposición permanente a favorecer a quienes concentran el poder económico. A la mayoría se le exige sacrificio y paciencia; a los más acomodados nunca les faltan interlocutores atentos, rapidez administrativa y entusiasmo legislativo.
Como si fuera poco, soportamos la genuflexión discursiva ante los caprichos de Donald Trump y su Círculo de las Américas. La soberanía latinoamericana parece asunto menor cuando se trata de complacer al poder de turno en Washington. Estamos hasta el loli, como habría dicho el Negro Piñera. Y el libreto es conocido: si algo sale mal, la culpa es del gobierno anterior, refugio de quienes carecen de respuestas.
Liberar o favorecer a condenados por violaciones a los derechos humanos no es un trámite administrativo ni una discusión sobre beneficios penitenciarios. Es una señal política y moral que toca una de las heridas más profundas de nuestra historia. La democracia chilena se construyó también sobre la memoria de la persecución, la tortura, la desaparición y la muerte. Convertirla en variable de negociación es una ofensa a las víctimas y a un país que se comprometió con el nunca más.
No pasa un día sin que este gobierno consiga nublar la patria y hacerle llover. Es un aluvión político, más nocivo que los de San Carlos de Apoquindo de la cuarta región, y apenas lleva siete meses: quedan más de tres años de mandato. Cabe entonces la pregunta incómoda: ¿cómo llegamos a esto, chilenos? La responsabilidad principal es de quienes gobiernan, pero también debemos mirarnos: somos una sociedad que se deja seducir por consignas fáciles, discursos de miedo y soluciones inmediatas.
El analfabetismo político no es ignorar el nombre de los partidos; es renunciar a pensar, entregar el voto como cheque en blanco y confundir autoridad con autoritarismo, seguridad con impunidad y orden con obediencia. Es olvidar que los derechos que hoy quieren recortar no fueron regalos: los conquistaron generaciones que tuvieron que luchar por ellos.
Chile merece más que un gobierno que administra sus contradicciones, esconde sus responsabilidades y gobierna desde el miedo. Si quienes llegaron prometiendo salvar a Chile terminan debilitando su democracia y su memoria, tendrán que hacerse cargo. Porque ninguna mayoría electoral otorga patente de impunidad, y la democracia no consiste en llegar al gobierno, sino en estar a la altura de ella.
