Tras recibir una rebaja de condena firmada por Justicia en abril, Edixon Escobar García quedó en prisión preventiva por traficar drogas en el extremo norte.
Ministro de Justicia, Fernando Rabat. Créditos: Agencia UNO.
En prisión preventiva y formalizado nuevamente por tráfico de estupefacientes quedó en el extremo norte del país Edixon Escobar García, el condenado de nacionalidad venezolana que salió libre luego de recibir una rebaja de condena articulada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La resolución fue dictada el 30 de octubre por el Juzgado de Garantía de Arica. El extranjero había sido favorecido hace solo medio año con una reducción de seis meses en su castigo penal mediante un decreto ministerial, pese a sus faltas intramuros y el rechazo previo a otros beneficios.
El caso, revelado por una indagatoria del medio Interferencia, profundiza los cuestionamientos sobre los criterios y la fiscalización en las rebajas de condenas visadas por el Ejecutivo.
Apenas en abril de 2025, una comisión evaluadora había desestimado concederle la libertad condicional a Escobar García tras detectar riesgos concretos de reincidencia. A dicho antecedente se sumó que, tres meses más tarde, Gendarmería le aplicó un castigo que suspendió sus visitas debido a su involucramiento en desórdenes colectivos al interior del penal.
Aun con ese historial, el 23 de abril de 2026 el ministro Fernando Rabat rubricó el acto administrativo que le acortó el presidio en medio año. Dicho texto fundamentó el dictamen argumentando que la secretaría de Estado no estaba facultada para denegar el incentivo basándose únicamente en la gravedad del ilícito, en la medida en que concurrieran las exigencias de la ley.
A este escenario se agregó una falla de coordinación interinstitucional: el documento ministerial fue despachado a Gendarmería, a la Seremi de Justicia y al Registro Civil, pero se marginó de la notificación a la Policía de Investigaciones (PDI) y al Servicio Nacional de Migraciones, reparticiones clave a cargo de tramitar las expulsiones. El ministerio recién comenzó a incluir a ambas entidades en estos oficios en junio de este año.
El prontuario del imputado en territorio nacional comenzó en agosto de 2020. En aquella oportunidad, Escobar García fue sorprendido ingresando a Chile por una zona fronteriza no autorizada limítrofe con Perú junto a otros cuatro sujetos, incautándoseles 25,5 kilos de marihuana y dos kilos de clorhidrato de cocaína.
El Tribunal Oral en lo Penal de Arica dictó cinco años de reclusión por dicho tráfico, sanción que en primera instancia se conmutó por la salida forzosa del país bajo prohibición de retorno por una década. Sin embargo, la medida de expulsión quedó trabada en medio del cierre y suspensión de vuelos hacia Venezuela producto de la pandemia de COVID-19, sin que existan registros precisos en el expediente sobre su efectiva materialización.
A comienzos de 2023, la justicia le revocó la pena sustitutiva y ordenó su reclusión efectiva para purgar la sanción íntegra, luego de que fuera aprehendido y formalizado por un homicidio perpetrado a fines de 2022. No obstante, en mayo de 2025 el tribunal determinó su sobreseimiento definitivo en esa causa criminal, toda vez que el Ministerio Público reconoció no tener elementos probatorios suficientes para sostener la acusación.
