Un país que crece en medio de la crisis climática no puede darse el lujo de operar sin permiso de nadie. Menos aun cuando quien construye pretende ser también quien autoriza: juez y parte.
Ministro Iván Poduje / Crédito: Agencia Uno
Esta semana, en Icare, el ministro de Vivienda Iván Poduje anunció que el próximo año presentará una nueva división de reconstrucción en el Minvu con herramientas para operar "sin permiso de nadie", sin pasar por el Consejo de Monumentos ni por el Sistema de Evaluación Ambiental, con el propio ministerio autorizando las obras.
Para ilustrar el problema, reclamó que el proyecto de mitigación en la quebrada de Ramón lleva siete años esperando aprobación, ironizando con el espino, el conejo y el monito del monte, y comparó con urinarios las lagunas del humedal urbano Ojos de Mar, en San Antonio, culpando a los ambientalistas de frenar el puerto.
El diagnóstico tiene algo de cierto: hay procesos que demoran demasiado, y en un país expuesto a aluviones, incendios y marejadas, la lentitud también cobra vidas. Pero la receta confunde el síntoma con la enfermedad. Y la enfermedad, en buena parte, se lee en la Ley de Presupuestos.
Según las glosas del proyecto de Presupuesto 2027, la dotación máxima del sector Medio Ambiente en la Ley de Presupuestos 2026 cae de 1.764 a 1.691 personas: 73 cupos menos. Los convenios a honorarios se reducen casi a la mitad, de 60 a 31. En total, más de un centenar de personas menos en la institucionalidad que debe evaluar, fiscalizar y proteger. La Subsecretaría pierde 55 cupos; la Superintendencia del Medio Ambiente, 14; el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, un servicio que recién se está instalando, pierde 7. El programa de Desarrollo Sostenible pasa de 19 honorarios a uno.
Aquí está la contradicción. Si el problema son los plazos, la solución no es saltarse la evaluación, sino tener a quienes la hacen. Un expediente no se demora porque exista el monito del monte; se demora porque hay pocos profesionales para revisar líneas de base incompletas, coordinar a una decena de servicios y responder a observaciones ciudadanas. Recortar equipos y luego reclamar por la "permisología" es como despedir a los cirujanos y quejarse de la lista de espera.
Chile tardó décadas en construir una institucionalidad ambiental que, con todas sus falencias, es una de las más sólidas de la región: la Ley 19.300, la reforma de 2010 que creó el Ministerio, el SEA y la SMA, los tribunales ambientales, la Ley de Humedales Urbanos, la Ley Marco de Cambio Climático y el SBAP. Ese andamiaje no es un capricho de ambientalistas. Es lo que le da certeza jurídica a la inversión: un proyecto bien evaluado es un proyecto que no termina judicializado, ni paralizado por la Corte Suprema, ni rechazado por la comunidad que nunca fue escuchada. Los inversionistas lo saben; por eso Chile atrae capital verde que exige estándares, no atajos.
El argumento de la urgencia climática, además, se vuelve contra la propuesta. Precisamente porque el clima está cambiando, necesitamos más evaluación técnica, no menos. Reconstruir rápido, pero en el mismo lugar y con el mismo diseño, es la receta para volver a reconstruir en cinco años.
El propio ministro reprochó a los municipios que sus estudios de riesgo tardan años y salen desactualizados: un problema de capacidades públicas, exactamente el mismo que hoy se profundiza en Medio Ambiente. Y humedales como Ojos de Mar no son pozas decorativas: amortiguan inundaciones, regulan napas y sostienen biodiversidad. Son, literalmente, infraestructura de adaptación. Tratarlos como estorbo es desmontar con una mano lo que se pretende proteger con la otra.
La pregunta de fondo es quién sostiene la calidad de las decisiones públicas. No son los decretos ni las "herramientas" de una nueva división: son las personas. Los evaluadores del SEA que revisan modelos hidrológicos de madrugada, los fiscalizadores de la SMA que llegan a una faena en Aysén, los profesionales del SBAP que levantan información donde nunca la hubo. Son ellos quienes permiten que un proyecto crezca sin trasladar costos a los vecinos, al agua o a las próximas generaciones.
Si el Gobierno quiere de verdad acelerar la inversión y la reconstrucción, el camino está a la mano: reforzar los equipos técnicos, digitalizar y coordinar a los servicios, fijar plazos exigibles con capacidad real para cumplirlos, y fortalecer los estudios de riesgo municipales. Eso es eficiencia. Lo otro, autorizarse a sí mismo sin contrapesos mientras se adelgaza a quienes revisan, no es agilidad: es renunciar a saber qué estamos construyendo y dónde.
Un país que crece en medio de la crisis climática no puede darse el lujo de operar sin permiso de nadie. Menos aun cuando quien construye pretende ser también quien autoriza: juez y parte.
