Hoy están en juego la legitimidad de la verdad que entregará la Comisión y la confianza de quienes testimoniaron bajo el compromiso de ingresar a un proceso de reconocimiento individual, cuya modificación sin informarles constituye una forma de revictimización.
La Comisión Verdad y Niñez fue creada en el último año del Gobierno anterior, respondiendo a una deuda histórica del Estado con quienes sufrieron graves y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos durante su infancia y adolescencia bajo custodia estatal en el SENAME, creado en 1979, o en sistemas de cuidados alternativos privados, incluidos aquellos administrados por instituciones religiosas.
Su creación responde a demandas de víctimas y sobrevivientes, a recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y a obligaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mandató a Chile crear una Comisión de Verdad y Reparación sobre la violencia institucional ocurrida desde la creación del SENAME.
Hoy, la Comisión enfrenta una crisis que compromete el cumplimiento de su mandato y la respuesta a quienes confiaron en ella.
La magnitud de ese mandato requería articular múltiples dimensiones: escuchar sin revictimizar, resguardar información sensible, investigar décadas de historia, revisar miles de antecedentes, establecer mecanismos de reconocimiento de víctimas y sostener una gestión capaz de coordinar esos procesos. Todo formaba parte de una misma tarea: responder a 45 años de violaciones de derechos humanos.
En agosto, UNICEF documentó en su informe “Sistematización del proceso de instalación de la Comisión Verdad” los avances alcanzados e identificó capacidades técnicas que constituían un “patrimonio institucional” que debía “preservarse en cualquier escenario de continuidad”. Destacó los protocolos especializados de escucha, los mecanismos de derivación, la metodología de reconocimiento, la arquitectura de datos para proteger identidades y la articulación entre áreas. Por eso importa preguntarse qué ha ocurrido desde entonces.
La instalación de la Comisión durante el Gobierno anterior fue compleja y no contó con el apoyo necesario y requerido. Sin embargo, lo que no se había visto hasta ahora era una reducción sostenida de capacidades instaladas, equipos especializados y procesos técnicos que UNICEF había recomendado preservar.
Con el cambio de gobierno se redujeron la autonomía y las capacidades técnicas de la Comisión. El equipo nacional de Escucha Testimonial pasó de 28 a 14 profesionales, no se dio continuidad al encargado del Área de Archivos, y los contratos del equipo quedaron sujetos a renovación mensual. En ese contexto, los comisionados renunciaron o pusieron sus cargos a disposición, advirtiendo que ya no existían condiciones suficientes para cumplir el mandato. UNICEF describiría este escenario como de “fragilidad institucional severa”.
Las consecuencias fueron concretas: se redujo el equipo de reconocimiento, disminuyó la capacidad para recibir testimonios especializados y trabajar con informantes clave, se suspendieron modalidades de escucha y se redujo la cobertura territorial. A ese deterioro se sumó una nueva crisis vinculada a la conducción de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.
El 21 de agosto de 2026, más del 75 % del equipo técnico solicitó mediante una carta a los comisionados la remoción de Branislav Marelic como Secretario Ejecutivo. La carta denunciaba el deterioro de las condiciones laborales, el debilitamiento de resguardos técnicos y situaciones que podían afectar a las víctimas y generar revictimización. Solicitaba una intervención urgente para proteger el mandato de la Comisión y de quiénes habían confiado en ella. Hasta hoy, los comisionados no han respondido.
La situación es especialmente delicada porque Marelic ejerce simultáneamente como comisionado y Secretario Ejecutivo, dos roles que el Decreto Supremo N.º 150, que creó la Comisión, distingue expresamente. Esto implica que participa en las decisiones de la Comisión y, al mismo tiempo, dirige al equipo encargado de ejecutarlas, sin que se hayan informado medidas de abstención, imparcialidad o transparencia frente a ese cruce de funciones, ni exista constancia de que esta situación haya sido abordada en las actas de sesión.
Diez días después, cuatro de quienes encabezábamos áreas estratégicas y firmamos esa carta fuimos desvinculados simultáneamente. Con una quinta encargatura ausente por licencia médica, cinco de las seis áreas quedaron sin conducción técnica ni traspaso de funciones. Las consecuencias alcanzaron a las víctimas: dificultades para continuar testimonios agendados, derivaciones de salud mental sin traspaso e interrupción de funciones relacionadas con el tratamiento y anonimización de información sensible.
A esto se suma una cuestión especialmente compleja. Pese a que UNICEF identificó la metodología de reconocimiento de víctimas como uno de los principales avances de la Comisión y recomendó preservarla, el acta de la sesión del 24 de junio de 2026 de los nuevos comisionados, publicada tres meses después, consigna que: “Todos los asistentes acordaron desechar la idea de realizar un catastro único o listado de víctimas, evitando la calificación individual y posterior notificación de cada una”.
Inspirada en las experiencias de las Comisiones Rettig y Valech, la metodología de reconocimiento permite individualizar a las víctimas y orientar futuras medidas de reparación para ellas. Sin embargo, se ha comunicado al equipo la intención de modificar sustantivamente este proceso: eliminar la revisión y evaluación individual de los casos ya recibidos por parte de los comisionados y comunicar estos cambios eventualmente solo al término de la Comisión.
Esto es especialmente grave: más de 400 personas entregaron su testimonio bajo un procedimiento de reconocimiento que contemplaba la evaluación individual de sus casos y su posterior notificación. Esto altera una condición central bajo la cual cientos de personas entregaron antecedentes íntimos y sensibles, y puede quebrar la confianza depositada en la Comisión y generar nuevas formas de revictimización.
En las últimas semanas se sumó otra expresión de la crisis. Durante el cambio de dependencia desde la Subsecretaría de Justicia a la Subsecretaría de Derechos Humanos, trabajadores que continuaron desempeñando funciones en septiembre no han recibido oportunamente sus remuneraciones. El 30 de septiembre se les solicitó firmar renuncias “voluntarias” retroactivas al 1 de septiembre, indicándoles que, mientras no lo hicieran, no podrían recibir el pago del mes ni formalizar sus nuevas contrataciones.
La Comisión Verdad y Niñez no existe para sus comisionados, para su Secretario Ejecutivo ni para un determinado gobierno. Existe para las víctimas y sobrevivientes. Existe también para las niñeces que vendrán. Sus testimonios, junto con los archivos y otras fuentes, permiten esclarecer la verdad y comprender las condiciones institucionales que hicieron posibles estas violaciones de derechos humanos durante 45 años. Esa verdad pertenece a las víctimas y a toda la sociedad. Es la base de las garantías de no repetición que el Estado debe a las nuevas generaciones, para que las infancias y adolescencias no sean violentadas bajo su custodia.
Sería especialmente grave que una instancia creada para enfrentar décadas de abandono estatal terminara reproduciendo esa misma lógica: recibir los testimonios de las víctimas y luego desmantelar las capacidades técnicas necesarias para avanzar en reconocerlas y repararlas, exponiéndolas a nuevas formas de violencia institucional.
La responsabilidad recae en el Estado y en los comisionados. Hoy están en juego la legitimidad de la verdad que entregará la Comisión y la confianza de quienes testimoniaron bajo el compromiso de ingresar a un proceso de reconocimiento individual, cuya modificación sin informarles constituye una forma de revictimización. Un informe construido de esa manera, con equipos desarticulados y bajo una conducción que decide sobre los cuestionamientos a su propia gestión, no será la respuesta que el Estado les debe. Las víctimas y toda la sociedad tienen derecho a saber en qué condiciones se está construyendo esa verdad.
*La columna también fue escrita por:
Náyade Bobadilla Espínola - Ex-Encargada de Gestión y Control de Comisión Verdad y Niñez
Amapola Aguilera Luengo - Ex-Encargada de Gestión de Redes y Derivación de Víctimas de Comisión Verdad y Niñez
Catalina Solier Ulloa - Ex-Encargada de Escucha Testimonial de Comisión Verdad y Niñez
