Desde la recuperación de la democracia, nuestro país ha ido construyendo una posición sólida y reconocida, en materias de conservación de la naturaleza, manejo sustentable de los bosques y acción climática. La adhesión al Acuerdo de París, al Acuerdo de Escazú, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en 2023, y el impulso a la protección de extensas áreas marinas, forman parte de una estrategia política de Estado que ha logrado trascender los cambios de gobierno, más allá de las debilidades en los procesos de implementación de acciones concretas en los territorios.
En este contexto, resulta difícil entender los argumentos que acompañan al Oficio Ordinario N° 01707/2026 del Ministerio del Medio Ambiente, emitido el 12 de marzo de 2026, un día después de que asumiera el nuevo gobierno, a través del cual se ordenó retirar de la Contraloría General de la República 43 decretos de esa cartera y cinco del Ministerio de Energía. Aunque todo gobierno tiene la facultad de revisar actos administrativos de la administración anterior, la magnitud y rapidez de esta decisión, que afecta especialmente al sector ambiental, constituye un hecho sin precedentes en la política ambiental de las últimas décadas por sus significativos y controversiales impactos político-técnicos.
La decisión de retirar estos decretos es percibida por el mundo político y ciudadano como un error y un retroceso técnico de gran magnitud, y se interpreta como una señal del gobierno actual respecto del rumbo que busca imprimir a la institucionalidad ambiental del país. La interrupción de la entrada en vigor de instrumentos elaborados mediante procesos técnicos regulados por la legislación vigente debilita la gobernanza ambiental, el diálogo ciudadano y detiene los procesos necesarios para la implementación de políticas y mecanismos públicos esenciales para enfrentar la crisis climática y ecológica, dejando desprotegidos territorios, especies y personas, y dañando profundamente la credibilidad nacional e internacional.
La falta de claridad genera conmoción y desconfianza, y plantea razonables dudas sobre la continuidad de políticas públicas esenciales, como la creación de nueve áreas protegidas (los decretos fueron aprobados y firmados, pero retirados de Contraloría antes de completar el trámite de toma de razón): tres parques nacionales en Atacama (Salar de Gorbea, Las Parinas y Lagunas Bravas), dos reservas de región virgen (Lagunas Collas y Las Pisacas), una reserva nacional (Salar de Pedernales), y los parques nacionales marinos Mar de Juan Fernández y Nazca-Desventuradas II.
Con la creación de las áreas marinas protegidas, el 54% de las aguas chilenas quedaría bajo protección ambiental, coronando un largo liderazgo internacional y posicionando a Chile entre los cinco países con mayor cobertura marina protegida. Las repercusiones de esta decisión política involucran también normas destinadas a la protección de especies, a mejorar la calidad del aire, a reducir las emisiones contaminantes, así como a los reglamentos de la Ley Marco de Cambio Climático y otros instrumentos de planificación climática.
Entre los procesos detenidos están también los reglamentos del SBAP, indispensables para su puesta en marcha, lo que aumenta la incertidumbre sobre su instalación, sobre la situación de sus funcionarios y equipos de trabajo, y sobre el traspaso de áreas protegidas, guardaparques y funcionarios desde CONAF, programado inicialmente para el 1 de agosto de 2026 y postergado hasta marzo 2027.
La situación se complica aún más para el SBAP con la reciente publicación de la Resolución Exenta 04158/2026 (27 de julio de 2026) del Ministerio del Medio Ambiente, que da inicio al procedimiento de invalidación de la consulta indígena relacionada con su implementación, argumentando que las firmas de los representantes indígenas que suscribieron el “Acta de Acuerdos y Desacuerdos” no fueron incorporadas al expediente oficial del proceso.
Según el Ministerio, la administración anterior extravió el listado original de firmas tras el Diálogo Nacional de diciembre de 2025, y la reconstitución encargada a las Seremis no logró reponer íntegramente el respaldo documental. Este hecho no constituye un mero acto de autocrítica institucional, sino el reconocimiento formal de eventuales vicios de nulidad, producto de fallas de conducción política y operativa que vulneran los estándares mínimos del debido proceso administrativo.
Esta situación, que cuestiona tambien la gestión de las autoridades ministeriales del gobierno anterior, va sin duda más allá de la responsabilidad individual de los funcionarios de la época y evidencia una falla estructural, agudizada por la ausencia de protocolos robustos de control de gestión. Es de esperar que la decisión de la actual administración de iniciar el procedimiento de invalidación sirva para reconocer y corregir errores que apunten al fortalecimiento de la institucionalidad.
Lo que está en la discusión de fondo es el tipo de institucionalidad ambiental que queremos y necesitamos para hacernos cargo del debate global sobre el modelo de desarrollo sustentable que seguiremos como país, y que, de forma simultánea, nos proporcione las herramientas necesarias para afrontar localmente la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y los efectos del crecimiento económico.
El verdadero desafío no consiste en elegir entre crecimiento económico y protección ambiental, sino en construir una regulación moderna, eficiente y predecible, capaz de entregar certeza tanto a la inversión como a la ciudadanía. Reducir tiempos de tramitación y mejorar la gestión pública pueden ser objetivos legítimos; debilitar las regulaciones y estándares ambientales o postergar la implementación de instrumentos ambientales elaborados cumpliendo las reglas democráticas de la República, no parece ser el camino correcto.
La experiencia internacional demuestra que las economías más competitivas están haciendo esfuerzos importantes en ese sentido, compatibilizando crecimiento económico e innovación con la protección y conservación de su patrimonio natural y cultural. Según el Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial, cerca de tres cuartas partes de los expertos consultados califican la perspectiva de los riesgos ambientales para los próximos diez años como “turbulenta” o “tormentosa”.
En ese mismo horizonte temporal, los eventos climáticos extremos se mantienen como el principal riesgo global, mientras que la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas ocupan el segundo lugar. En este escenario, los hechos nos demuestran una vez más que la resiliencia de los territorios y sus comunidades depende en buena medida de decisiones de políticas públicas y regulaciones que se adoptan mucho antes de que ocurra una emergencia.
El reciente aluvión de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, que dejó seis lesionados, más de dos mil viviendas afectadas y la declaración de zona de catástrofe, lo confirma: en eventos que se desarrollan en minutos, la prevención y una institucionalidad ambiental estable son la principal línea de defensa.
