A siete años del "18/O", el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, criticó las narrativas que reducen el estallido social a un “estallido delictual”, abordó el endurecimiento de las normas sobre la protesta, y fue enfático con los indultos: "No puede haber indultos ni impunidad, porque cuando hay impunidad es mucho más probable que ese tipo de graves crímenes se vuelvan a producir", apuntó.
Rodrigo Bustos, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile / Crédito: Amnistía Internacional Chile
A días de que se cumplan siete años del 18 de octubre de 2019, el debate sobre los indultos volvió al centro de la agenda. La muerte de Juan Aliste Vega, las declaraciones de Carolina Tohá, entre otros, sobre condenados con enfermedades terminales y la presión de parlamentarios oficialistas para que el presidente José Antonio Kast indulte a uniformados condenados reabrieron la discusión.
En este contexto, Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, conversó con El Desconcierto. “Las violaciones a los derechos humanos nunca, nunca son justificables. No puede haber indultos, no puede haber impunidad”, aseguró.
-A siete años del 18 de octubre, ¿qué balance hace Amnistía Internacional sobre las violaciones a los derechos humanos durante el estallido y las miradas revisionistas que han surgido respecto de ellas?
Desde Amnistía Internacional nos preocupa la narrativa que se ha instalado a lo largo de los años respecto del estallido social. Una parte de la clase política, que hoy también está representada en el gobierno del presidente Kast, ha buscado instalar que lo que hubo desde octubre de 2019 fue solo un “estallido delictual”, como dicen ellos: actos de violencia, saqueos, la quema del metro. Eso, por supuesto, ocurrió. De hecho, muchos de esos casos se investigaron y tuvieron sentencias condenatorias.
Pero han buscado borrar otras dos cuestiones tremendamente relevantes de ese periodo. En primer lugar, las manifestaciones pacíficas y multitudinarias a lo largo de todo Chile, por causas muy justas, como la posibilidad de ejercer de manera igualitaria derechos sociales como la salud, la educación y pensiones dignas.
En segundo lugar, se ha buscado borrar la mayor crisis de derechos humanos desde la dictadura civil-militar. Durante ese periodo hubo cuatro visitas de organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, además de informes de instituciones autónomas de derechos humanos del Estado de Chile, que constataron graves violaciones a los derechos humanos. Para Amnistía Internacional, además, fueron generalizadas.
Hay sectores del país que han buscado dejar eso borrado, como si no hubiera ocurrido. Pero lamentablemente sucedió. Hay personas de carne y hueso con lesiones oculares: 460, según las cifras de la Fiscalía. Hubo 11.504 denuncias ante el Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos. Por eso es importante recordarlo y hacer un balance sobre si el Estado de Chile cumplió o no con sus obligaciones después de que se produjeron esas violaciones.
-¿Cree que detrás de esa narrativa hay un desconocimiento del rol del Estado y sus policías, o más bien una intención de justificar cierta violencia, y condenar otra, a conveniencia?
Lamentablemente, y no solo respecto del estallido social, hemos observado que hay un sector del país que no cree en los derechos humanos, y lo demuestra una y otra vez. Ocurre por ejemplo, en los pocos casos de personas condenadas por delitos tan graves como homicidio o tortura, y buscan que se indulte a quienes ya fueron condenados por los tribunales chilenos.
Y también cuando impulsan en el Congreso normas que afectan la protesta social. Me refiero, por supuesto, a la Ley Naín-Retamal, que se dictó en estos años, pero también a las Reglas del Uso de la Fuerza, que tampoco cumplen con los estándares de derechos humanos. Hoy se tramitan la Ley Naín-Retamal 2.0 y la Ley Antibarricadas 2.0. Hay, por lo tanto, un marco normativo que claramente puede afectar el derecho a manifestarse en el país.
-¿Qué riesgos implica ese tipo de legislación para la democracia y la ciudadanía?
Ya en 2019 nuestro marco normativo sobre el derecho a manifestarse era muy deficitario. La norma que regula el derecho de reunión, el Decreto Supremo 1086 de 1983, dictado en plena dictadura, ni siquiera tiene rango legal. No se ha modificado hasta hoy y permite a la autoridad administrativa eventualmente prohibir manifestaciones. A ese decreto se han ido sumando varias otras normas.
Hay, entonces, un marco normativo que puede vulnerar el derecho a manifestarse, y a eso se suman narrativas que criminalizan la protesta. Lo que yo diría es que en 2026 estamos en condiciones mucho peores para ejercer el derecho a manifestarse que en 2019.
En 2019 hubo una crisis de derechos humanos que motivó visitas de distintos organismos internacionales, que hicieron un conjunto de recomendaciones al Estado de Chile. Hoy, si la población decidiera manifestarse, por ejemplo, por los retrocesos en derechos sociales que se vislumbran con la tramitación de la Ley de Presupuestos, estaría en peores condiciones para ejercer ese derecho. Y eso podría implicar la vulneración de distintos derechos de quienes se manifiesten.
-Tras la muerte de Juan Aliste Vega, las declaraciones de Carolina Tohá, entre otras, reabrieron la discusión sobre medidas humanitarias para condenados con enfermedades graves, incluidos responsables de crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo analiza esa discusión sobre los indultos?
El debate sobre el indulto demuestra que hay un sector del país que, lamentablemente, sigue sin creer en los derechos humanos. Es un sector que participó activamente en la dictadura civil-militar. No fueron solo cómplices pasivos, para usar las palabras del expresidente Piñera: estuvieron muy comprometidos con la dictadura de Pinochet y con las atrocidades que se cometieron. Una y otra vez demuestran su nulo compromiso con el respeto y la defensa de los derechos humanos.
Hoy, en el debate sobre los indultos se mezclan dos tipos de casos. El primero tiene relación con el estallido social. Hay 14 casos de excarabineros o exintegrantes del Ejército condenados por delitos gravísimos, como homicidio, tortura o apremios ilegítimos.
Está, por ejemplo, el caso de Mario Acuña, que quedó postrado de por vida tras una brutal golpiza en Buin. Hay una niña de 14 años que perdió la visión de un ojo porque un carabinero le pegó con una luma en la cabeza. Esos son los delitos por los que la diputada Javiera Rodríguez y otro grupo de parlamentarios piden al presidente Kast que ejerza su atribución de indultar. Esas personas no han servido a la patria. No están presas por servir; lo están por delitos muy graves.
Los otros indultos tienen que ver con las peores atrocidades de nuestra historia: los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civil-militar. Conocemos el caso de Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años de cárcel por todo tipo de aberraciones, como desapariciones, violencia sexual y ejecuciones. Pero hay muchos otros casos en que se está pidiendo el indulto.
En los crímenes de lesa humanidad no bastan informes médicos confiables. Se requiere también el arrepentimiento de los condenados y que colaboren con la justicia, algo que los condenados en Punta Peuco no han hecho. Jamás, por ejemplo, han entregado información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Se requiere, además, que hayan cumplido la mayor parte de la condena y que se escuche a las víctimas. Es muy llamativo que en el último tiempo se debata tanto sobre indultos en casos tan graves sin siquiera escuchar la voz de las víctimas.
-Carabineros enfrenta una serie de investigaciones a altos mandos y múltiples polémicas por casos de funcionarios que han realizado ilícitos, incluso vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Sin embargo, no se ha avanzado en fiscalización externa ni en mayor control civil. ¿Cómo evalúa esa situación?
Cuando se produjo el estallido o revuelta social, varios organismos internacionales recomendamos al Estado de Chile una reforma profunda y estructural a Carabineros. No porque estemos en contra de la institución, sino precisamente porque creemos que su función en un Estado democrático de derecho es clave para resguardar la seguridad de todas las personas, y que debe cumplirla con pleno respeto de los derechos humanos.
En Chile a veces se plantea una falsa dicotomía: estar a favor o en contra de Carabineros, defender los derechos humanos o defender la seguridad. La seguridad es clave para que las personas ejerzan un conjunto de derechos, como el derecho a la vida, a la integridad física o a la libertad ambulatoria. Pero también importa el pleno respeto de todos los derechos. La seguridad no puede ser una proclama que impida a la población ejercer sus derechos humanos.
Lamentablemente, el debate se ha dado de esa manera y no se ha realizado una reforma profunda a Carabineros de Chile. No se hizo en el gobierno del expresidente Boric, y menos se está pensando en hacerla en el actual gobierno del presidente Kast.
Repito: la idea no es una reforma en contra de la policía, sino a favor de ella. Se trata de modificar su doctrina, sus protocolos y su formación, para que tengan un entrenamiento mucho mejor para cumplir sus tareas. La responsabilidad de los mandos también es clave, porque en una institución jerarquizada deben ejercer control y asegurar el correcto desempeño de los policías. Esa reforma sigue pendiente, pero desde Amnistía Internacional seguiremos señalando que es clave para resguardar la seguridad de las personas y el pleno respeto de los derechos humanos.
-¿Cómo cree que la ciudadanía mira hoy el 18 de octubre, y que le preocupa sobre los discursos entorno a este hito de nuestra historia reciente?
Desde Amnistía Internacional esperamos que la ciudadanía no se deje confundir por las narrativas que buscan instalar que el estallido social fue meramente un “estallido delictual” y que lo único que hubo fue violencia, saqueos y quemas del metro. Repito: todo eso sucedió.
Pero el pueblo de Chile también tiene que recordar que salió masivamente a las calles en ese periodo histórico por demandas tremendamente legítimas. Esas demandas siguen totalmente vigentes, más aún cuando el Gobierno plantea una Ley de Presupuestos que implicaría una regresión en el derecho a la educación y a la salud, entre otros.
Por otra parte, el pueblo de Chile debe tener claro que las violaciones a los derechos humanos nunca, nunca son justificables. Volvieron a ocurrir de manera masiva durante la revuelta social. Y no puede haber indultos ni impunidad, porque cuando hay impunidad es mucho más probable que ese tipo de graves crímenes se vuelvan a producir.
