El 3 de mayo de 1993, con la isoterma cero inusualmente alta, una lluvia intensa cayó sobre la precordillera y activó casi al mismo tiempo las quebradas de Ramón y de Macul. Lo que bajó por ellas no fue solo agua: fue una masa de lodo, rocas y troncos que buscaron, como ha ocurrido siempre, su antiguo cauce.
En La Reina, la Quebrada de Ramón dejó barro y daños, pero sin fallecidos. En la precordillera de Peñalolén y La Florida, la Quebrada de Macul dejó 26 muertos, 8 desaparecidos y más de 32 mil damnificados, la mayoría en poblaciones y campamentos levantados a orillas del río.
Entonces, toda la atención, con justa razón, se volcó hacia el drama de las familias de La Higuera y Las Perdices. Pero en medio de la urgencia nadie se detuvo a hacer doble clic sobre una pregunta incómoda: ¿por qué el costo en vidas se concentró en esos barrios y no en otros?
33 años después, la precordillera volvió a hablar. El jueves 8 de octubre, cerca de las cinco de la tarde, el desborde de la Quebrada Honda arrastró barro, piedras y troncos por las calles de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. Las imágenes son aterradoras: autos y buses arrastrados por la corriente; casas, comercios, centros de salud y colegios inundados; dos estaciones de Metro cerradas y el Gobierno decretando zona de catástrofe. Y, pese al escenario dantesco, el balance en vidas humanas es, afortunadamente, cero.
¿No es hora de detenernos unos minutos y preguntarnos cómo es posible que un fenómeno de remoción en masa de características similares cueste decenas de vidas en unas comunas y ninguna en otras?
Seamos claros: no se trata de emparejar la cancha ni de hacer contabilidad con los fallecidos. Cada vida que no se perdió en Las Condes es una buena noticia, y ningún aluvión es idéntico a otro: cambia la lluvia, el volumen de material, la hora y la pendiente. Pero la diferencia es demasiado grande, y demasiado conocida, como para atribuirla solo al azar de la naturaleza.
Lo que estos episodios dejan en evidencia es que el riesgo no lo define únicamente la amenaza, sino la vulnerabilidad de quien la recibe. Donde hay calles amplias, viviendas sólidas, municipios con recursos para limpiar quebradas y maquinarias listas para intervenir, y familias con medios para salir a tiempo y reponerse después, la misma avalancha de barro se transforma en un desastre material. Donde hay casas autoconstruidas en el lecho de la quebrada, pasajes estrechos y ninguna reserva para volver a empezar, se transforma en tragedia. Mientras mayor es la infraestructura vial y habitacional, y mayor el poder adquisitivo, mejor preparado está un territorio para enfrentar cualquier desastre natural.
Y esa vulnerabilidad no quedó en 1993. Este mismo invierno, el catastro de puntos críticos del Gobierno de Santiago volvió a incluir un campamento en la Quebrada de Macul y la zona de exclusión de la población La Higuera. Tres décadas después, el riesgo sigue estando en la misma dirección.
Nada de esto pretende justificar una mala planificación urbana. El aluvión de Las Condes demuestra que también los barrios acomodados se han construido donde la cordillera reclama su espacio. Seguimos urbanizando a espaldas de la “historia de la tierra”: de sus bajadas de agua, sus erupciones, sus incendios, sus fallas sismogénicas y sus zonas de inundación. Esa deuda es transversal, la diferencia está en quién tiene con qué pagarla cuando llega la cuenta.
Lo que propongo es mirar este fenómeno como lo que es: un dato duro, digno de análisis en un país que convive a diario con las zonas de catástrofe, y una evidencia más de que la inequidad no se suspende cuando llega la emergencia. Al contrario: es entonces cuando se muestra sin maquillaje y golpea, una vez más y con más fuerza, a los mismos de siempre.