En estas semanas de desastres ambientales producidos por el fenómeno del Niño y potenciados por la crisis climática, se han viralizado varias declaraciones del presidente Kast en su época de candidato, en las que denosta la regulación ambiental de diversas formas. Particularmente popular ha sido el audio en que, con sorna, desprecia las guías ambientales señalando que ellas serían un ejercicio que recoge los gustos ideológicos de los funcionarios de turno y que por lo tanto deberíamos deshacernos de ellas.
Es evidente que su desprecio por la regulación ambiental resulta irónico en un momento en que la falta de acciones públicas efectivas deriva en daños a las personas y sus bienes. Y así, los videos de casas inundándose, buses arrastrados por la corriente y barro arrastrando personas por las calles, junto a la voz del presidente de fondo, son una forma mínima de protesta en redes sociales.
Sin embargo, en algo tiene razón el presidente, y como ha sucedido también en otros temas, llega a las conclusiones correctas con un proceso lógico equivocado. Las guías ambientales son una forma de regulación jerárquicamente muy inferior y de cortísimo alcance. No son suficientes para proteger el ambiente, sino un instrumento administrativo del jefe de servicio, un instructivo, una orden en torno a cómo llevar a cabo una determinada acción, en este caso de evaluación ambiental.
Adicionalmente, las guías tienen la debilidad de que pueden ser modificadas por la presión económica o ideológica del gobierno de turno, por lo que por muy bien hechas en términos técnicos que estén en un momento, desde que el palacio es habitado por una persona que prefiere seguir su ideología que mirar la realidad, corremos un importante riesgo.
Pero no son sólo las guías ambientales las que tienen este problema, lo mismo sucede con algunos reglamentos. Y viendo esto, es verdad que deberíamos poner menos confianza en las guías y otros instrumentos de segundo o tercer orden, pues nuestra vida y la integridad del territorio que habitamos no debería depender tan fuertemente de que las autoridades administrativas sean razonables, menos aún en un momento en que llamar la atención parece más importante que hacer las cosas bien y que los procesos políticos están siendo afectados de manera ilegítima por plataformas digitales controladas por un grupo de multimillonarios.
La arbitrariedad de los gobiernos y sus intenciones de favorecer a algunas industrias en desmedro de la seguridad ambiental de las personas ya son posibles de ver en varias iniciativas sin sustento técnico ni beneficios públicos de largo plazo. Entre ellas, quizás las más importantes son los cambios al reglamento del SEIA.
Ya el gobierno pasado terminó su periodo haciendo este tipo de modificaciones y elevó de manera sustancial la exigencia para la reserva de hidrocarburos líquidos o gaseosos, pasando el límite de ingreso obligatorio a la evaluación de 200.000 a 850.000 litros. Eso, con el declarado interés de favorecer a la industria tecnológica, cuyos Data Center ya no siempre requerirán evaluación ambiental.
Sin ningún sustento técnico que acompañe a estas modificaciones, ahora el Ministerio de Medio Ambiente quiere volver a modificar el reglamento en cuestión, buscando multiplicar por ocho el umbral de ingreso para faenas de extracción minera, de tal forma que la exigencia de capacidad extractiva para someterse al SEIA pasaría de 5.000 a 40.000 toneladas cada mes, librando de todo examen ambiental a un amplio sector de la mediana minería que operen bajo ese tope.
De la misma forma, pretende favorecer a la industria inmobiliaria flexibilizando las exigencias relativas a los desarrollos urbanísticos en áreas resguardadas por planes de descontaminación, sustituyendo la regla que ordena evaluar proyectos con superficie de de 7 hectáreas o 300 soluciones habitacionales, más que duplicando dicho límite, permitiendo eximir de la evaluación de impacto ambiental a megaproyectos de hasta 14 hectáreas o 700 viviendas en aquellas comunas o zonas saturadas que dispongan de un instrumento de descontaminación atmosférica vigente, bastando para ello la sola aprobación de un plan para compensar emisiones.
¿Pueden las autoridades administrativas modificar normas para favorecer a algunas industrias? ¿Cómo nos cercioramos que no hay captura en esas modificaciones? ¿Cómo nos cercioramos que haya un sustento técnico adecuado y no se tuerzan los objetivos de la ley?
Que no exista evaluación ambiental no solo significa que no haya una previsión efectiva de los riesgos ambientales y que por lo tanto estos aumenten, sino que significa quitar responsabilidades importantes a las empresas que desarrollan estos proyectos, tanto desde el punto de vista de su eventual responsabilidad en el caso de ocurrencia de desastres ambientales, como desde las medidas voluntarias con las que compensan sus impactos, y que terminan siendo claves para el desarrollo de los territorios, en un entramado normativo que ha preferido esa acción directa de compensación antes que generar mayores obligaciones para las empresas.
Y todavía falta lo peor, pues se vienen los reglamentos de la ley de Permisología ( Ley N° 21.770, ”Marco de Autorizaciones Sectoriales”) que autoriza a los diversos organismos administrativos a reducir sus exigencias en materia de autorizaciones, sustituyéndolas por declaraciones juradas y otras técnicas regulatorias de menor entidad. Un regalito de bienvenida que la administración de Boric dejó al gobierno de Kast.
Así, nuevamente se pondrá a prueba la institucionalidad del país y también las palabras del presidente. Si él quería deshacerse de las guías ambientales caprichosas, ahora es su turno para asegurarse de que las nuevas normas administrativas sean un reflejo sólido de la realidad material y los elementos técnico científicos. Por ahora, vamos mal. Más que decirle chao al asunto, el presidente y su gobierno han encontrado en este tipo de regulaciones una manera de favorecer a sus cercanos y darse gustos ideológicos.
