El pasado 24 de octubre se conmemoró el Día Internacional contra el Cambio Climático, y la fecha nos encontró en medio de lluvias nunca antes vistas para esta época del año. Es cierto que El Niño influye y extiende el período de precipitaciones, pero en un contexto de cambio climático esas lluvias se vuelven más intensas y se concentran en lapsos cada vez más cortos. Las inundaciones y los aluviones son cada vez más frecuentes en invierno, y en verano la sequía y las olas de calor aumentan el riesgo de incendios forestales más destructivos.
Lo que estamos viendo no es una simple variación natural del clima, como algunas autoridades del gobierno de Kast y del Parlamento insisten en relativizar. Es la expresión de un modelo que nos ha llevado a una crisis permanente en lo social, lo económico y lo ambiental. Frente a ella, el gobierno ha elegido un negacionismo que se expresa menos en el discurso que en los hechos.
El panorama mundial no es alentador. Según Khalilur Rahman, presidente de la Asamblea General de la ONU, El Niño podría convertirse en uno de los más devastadores desde 1950. El último informe del PNUMA advierte que, aun si todos los países cumplen sus compromisos, el planeta se calentará otros 1,2°C, y que el 70% del aumento de emisiones de 2025 corresponde a Estados Unidos, cuyo gobierno, encabezado por Trump, ha optado por el negacionismo climático. Las consecuencias ya se cuentan en vidas: según un estudio publicado en Nature Health, el calor del verano europeo de 2026 causó más de 50.000 muertes en las ciudades del continente, dos tercios de ellas atribuibles al cambio climático.
Chile no está al margen. Según la Dirección Meteorológica, 2025 fue el año más cálido desde 1961, con 106 olas de calor, más en invierno que en cualquier otra estación. Las lluvias cayeron un 26% bajo lo normal, y ya suman 19 años seguidos de déficit. Pero cuando llueve, lo hace con una violencia inédita: en julio, el temporal más intenso en casi cuatro décadas en Coquimbo dejó 13 muertos y unas 4.000 viviendas destruidas o gravemente dañadas, y en octubre un aluvión golpeó Las Condes. En verano llega el fuego: en febrero de 2024, los incendios de Valparaíso dejaron 138 víctimas, la peor tragedia de este tipo en nuestra historia, y en enero de este año el fuego cobró 21 vidas en Ñuble y Biobío.
Nada de esto es sorpresivo. Es la tendencia que la ciencia lleva años describiendo y a la que cualquier gobierno tiene acceso. No estamos ante una singularidad de 2026, sino ante el clima que enfrentaremos en las próximas décadas, con más pérdidas humanas y materiales si seguimos ignorándolo. No se trata de alarmar, sino de leer los datos y prepararnos.
Pero ni la vulnerabilidad ni la respuesta se reparten por igual. Ambas están atravesadas por desigualdades socioeconómicas y territoriales. Dicho en simple: el riesgo es mucho mayor si eres de clase trabajadora o no vives en un barrio acomodado. Las comunas con menos recursos son las más expuestas y las que tienen menos capacidad técnica para planificar su territorio y enfrentar las emergencias.
Por eso preocupa que el gobierno haya decidido debilitar las herramientas para enfrentar la mayor crisis del siglo XXI. Al comenzar su mandato retiró de Contraloría 43 decretos ambientales, entre ellos normas de calidad ambiental y de emisiones, planes de descontaminación, áreas protegidas e instrumentos de la Ley Marco de Cambio Climático. Durante 2026 recortó cerca de $918 millones a SENAPRED, y para 2027 propone reducir en un 30,6% su programa de Gestión del Riesgo de Desastres, que financia la prevención y los simulacros.
En Medio Ambiente, el proyecto 2027 reduce en un 59% el presupuesto de los programas de adaptación y mitigación al cambio climático, y en 19% los programas de fiscalización de la Superintendencia, que además pierde 14 cupos de su dotación. Frente a esto, el Congreso tiene la tarea de defender los presupuestos de cambio climático y de prevención de desastres, y de rechazar cualquier recorte que nos deje más desprotegidos frente a las emergencias que vendrán.
La respuesta ante los desastres tampoco ha sido pareja. En Coquimbo, el estado de catástrofe tardó días en decretarse, pese a que ya había víctimas fatales. En Las Condes, en cambio, se decretó la misma noche del aluvión. La señal es clara: la respuesta del Estado depende de dónde vives y de cuánto tienes.
Todo esto muestra que la prioridad del gobierno no es enfrentar la crisis climática, sino debilitar la institucionalidad ambiental, en lo que hemos llamado una “regresión ambiental”. A esto se suma la megarreforma aprobada en agosto, que rebaja el impuesto a las grandes empresas del 27% al 23% y les garantiza invariabilidad tributaria por hasta 25 años. Queda en evidencia la intención de flexibilizar las leyes en favor del gran capital, asegurando la estabilidad de sus inversiones a costa de seguir depredando y sobreexplotando la naturaleza, con costos humanos y materiales de los que no piensan hacerse cargo.
La falta de una respuesta temprana y preventiva tampoco se explica por falta de tecnología, sino por quién controla la técnica y qué decisiones políticas la dirigen. Las soluciones existen, pero siguen respondiendo a la lógica del mercado. Esta crisis no se resolverá solo con autos eléctricos o paneles solares, porque su raíz está en la forma en que nos relacionamos con la naturaleza. Lo vemos ahora con el litio en el norte o el hidrógeno verde en Magallanes: una “transición” que reproduce el mismo extractivismo para abastecer al Norte Global no resuelve la crisis, la profundiza.
Desde MODATIMA creemos que otra relación con el planeta sí es posible si se construye de forma democrática y participativa desde los territorios, decidiendo qué tipo de desarrollo queremos, uno donde el agua, la tierra y la energía estén al servicio colectivo de los pueblos y no de los intereses corporativos privados. Prepararnos y adaptarnos a los desastres que vendrán debe ser una prioridad política y una tarea permanente del Estado, de manera descentralizada y en conjunto con las comunidades que habitan los territorios.
La salida no puede ser ajustar el capitalismo para que siga acumulando y sobreexplotando nuestros bienes comunes. Necesitamos construir nuevas relaciones de producción, en armonía con la naturaleza, que terminen con la privatización de estos bienes y nos permitan transitar hacia un modelo de desarrollo alternativo, socialmente justo, económicamente viable y ambientalmente sostenible. No hay otro camino: este es el desafío de esta generación, y se lo debemos sobre todo a nuestros niños, niñas y jóvenes, para que puedan tener esperanza en el planeta que les dejaremos y a que a su vez legarán a las futuras generaciones.
