Un informe revela que 41 de las 126 comunas más vulnerables a la crisis climática operan sin planes de acción, exponiendo a miles de ciudadanos.
Inundaciones, crisis climática en Chile.
Una preocupante desprotección institucional frente a desastres socioambientales afecta a gran parte del territorio nacional. Aunque el país cuenta con redes de monitoreo y especialistas para proyectar escenarios adversos, el financiamiento estatal y los marcos normativos locales marchan con un rezago crítico respecto a la velocidad de la crisis climática.
Así lo expone una evaluación técnica elaborada por Corporación Ciudades bajo el formato de un "semáforo" de capacidades y falencias comunales, cuyo balance alerta sobre los escasos recursos públicos orientados a mitigar desastres urbanos.
Las cifras son elocuentes: de 10.513 iniciativas de inversión pública en ciudades ejecutadas entre 2013 y 2023, apenas 119 contemplaron la reducción del riesgo de desastres.
El panorama fiscal a corto plazo tampoco muestra señales de alivio, ya que el proyecto presupuestario contempla un recorte del 19,3% en el programa de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático.
Esta falta de respaldo financiero contrasta con la urgencia que viven las zonas más expuestas del país. En el grupo de las 126 comunas con mayor nivel de amenaza climática, 41 territorios continúan operando sin un Plan de Acción Comunal de Cambio Climático.
“Chile cuenta con información, herramientas técnicas y experiencias valiosas para comprender los riesgos climáticos. El desafío es transformar ese conocimiento en decisiones concretas que nos permitan anticiparnos a las emergencias, en lugar de concentrar nuestros esfuerzos únicamente en responder cuando ya han ocurrido”, señala Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades.
La obsolescencia del ordenamiento territorial profundiza este cuadro de vulnerabilidad. A nivel nacional, 127 municipios —equivalentes al 37% de Chile— carecen por completo de un Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres.
En paralelo, 56 localidades no disponen de un Plan Regulador Comunal, mientras que ocho de cada diez de estos instrumentos vigentes superan la década de antigüedad sin actualizaciones acordes a las nuevas realidades ecológicas.
Pese a este rezago administrativo, el país dispone de una sólida base de insumos cartográficos e hidrológicos. Mecanismos como el Atlas de Riesgos Climáticos (ARClim), la Red Hidrométrica Nacional y estudios específicos sobre cobertura vegetal y zonas inundables permiten dimensionar el impacto de las amenazas hidrometeorológicas. No obstante, aún urge consolidar sistemas de predicción meteorológica de alta resolución que permitan calibrar las respuestas de emergencia con mayor exactitud territorial.
En el ámbito comunitario e institucional, la articulación ciudadana surge como la principal vía de resiliencia. Espacios como la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres —que en 2025 congregó a más de 220 entidades técnicas, académicas y sociales bajo la coordinación de Senapred— sientan las bases para una defensa activa de los ecosistemas habitados.
Para consolidar esa red, el reto inmediato radica en canalizar el conocimiento técnico hacia los barrios y organizaciones de base. “El desafío es traducirlas en una participación más amplia de las organizaciones sociales y la ciudadanía en la prevención, la preparación y la gestión de los riesgos”, concluye Martín Andrade.
