Dos de los tres reclusos beneficiados con rebajas de condena, presuntamente vinculados al Tren de Aragua, ya se encuentran en libertad.
Ministro de Justicia, Fernando Rabat. Créditos: Agencia UNO.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos enfrenta su momento más crítico. A la polémica por la excarcelación de 56 reclusos condenados por delitos sexuales contra menores de edad y autores de crímenes de lesa humanidad, se conoció un hecho que agudizó la crisis política: la aplicación de rebajas de condena en favor de reclusos vinculados al Tren de Aragua.
Según el medio Interferencia, de los tres beneficiarios, dos se encuentran en libertad. La medida penitenciaria favoreció a Franyorkin Aramburu Hernández, Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi.
Los tres individuos fueron arrestados en diciembre de 2021 en La Serena por extorsionar con cobros periódicos a mujeres migrantes que ejercían el comercio sexual, a quienes amedrentaban invocando su pertenencia al Tren de Aragua.
Aunque dicha afiliación ilícita y el secuestro no fueron acreditados en sede penal, en agosto de 2022 la justicia los sentenció a cinco años y un día de cárcel por porte ilegal de armamento prohibido, municiones y robo con intimidación. Pese a mantener anotaciones carcelarias desfavorables, los tres internos obtuvieron el informe de conducta sobresaliente requerido por la normativa.
Así, Aramburu accedió a un descuento de nueve meses de presidio, mientras que Marott y Ollarves redujeron tres meses de sus castigos. Estos dos últimos abandonaron el recinto carcelario el 9 y 10 de septiembre pasados, esquivando la fecha original fijada para diciembre de 2026.
Los decretos que viabilizaron las liberaciones de Aramburu y Marott llevaron la rúbrica del ministro Fernando Rabat el 6 de julio y 4 de septiembre, mientras que el texto relativo a Ollarves lo aprobó el 7 de septiembre el subsecretario de la cartera, Luis Silva, en calidad de ministro subrogante.
Frente a la vinculación con el Tren de Aragua, el secretario de Estado optó por la cautela: "hay que ser muy responsable". Asimismo, Rabat justificó el funcionamiento histórico del esquema legal: "salvo casos muy específicos, no excluye a tipos de delitos. Por lo tanto, hay que cuidar con que durante los últimos 20 años de aplicación de la ley han recibido beneficios carcelarios condenados por delitos de distinta gravedad".
Respecto a los reos extranjeros que cuentan con decretos de expulsión vigentes y resultan beneficiados, el titular de la cartera remarcó que "se oficia también al Servicio de Migraciones y a la PDI", insistiendo en que "esta es una ley que no distingue tipos de delitos".
Pese a los cuestionamientos, Rabat descartó dejar su puesto asegurando contar con el respaldo del mandatario y del gabinete.
Quienes exigieron la renuncia del ministro Rabat, así como también la del subsecretario Luis Silva, fueron las organizaciones feministas, que este martes se movilizaron frente al edificio del Ministerio de Justicia ubicado frente a la Plaza de la Constitución, en el centro de Santiago.
Entre las participantes se encuentran e impulsores de la manifestación se encuentran la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la Coordinadora Feminista 8M, Agrupación Rompiendo el Silencio y Secretaría de Sexualidades y Géneros FECh.
“Cuando ellos empiezan un proceso para liberar abusadores y violadores, para rebajar sus penas, es un atentado contra quienes fueron víctimas de esos personajes”, sostuvo, por su parte, la vocera de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual, Helmut Kramer.
