El vocero de gobierno, Gonzalo Arenas, afirmó que las 57 personas beneficiadas con rebajas de condena durante la actual administración están en libertad, aunque introdujo una salvedad.
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Tras la polémica por rebaja de penas a abusadores sexuales de niños y niñas, el vocero de gobierno Gonzalo Arenas confirmó que todos están fuera de la cárcel.
Vocero de gobierno reconoció que violadores de niños están en libertad
Agencia UnoEl vocero de gobierno, Gonzalo Arenas, afirmó que las 57 personas beneficiadas con rebajas de condena durante la actual administración están en libertad, aunque introdujo una salvedad.
La declaración se produjo en medio de la controversia por los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
En entrevista con Cooperativa, el vocero abordó las medidas impulsadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast para intentar revertir las libertades concedidas y modificar el marco legal que permitió las rebajas. Arenas reconoció que recuperar esas libertades es una tarea difícil, porque, según explicó, no basta con revocar un derecho ya otorgado.
Arenas señaló que Kast encomendó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, trabajar en una propuesta legislativa para corregir el problema. Según el subsecretario, el Ejecutivo esperaba contar con una iniciativa durante la semana siguiente a la entrevista.
La propuesta anunciada contempla tres ejes: limitar interpretaciones jurídicas que permitan estas reducciones de penas, incorporar la participación de las víctimas en el procedimiento y crear tribunales de ejecución de penas. Se trata de medidas anunciadas por el Ejecutivo, no de cambios legales ya aprobados.
El subsecretario también indicó que el gobierno busca fórmulas para revertir las libertades concedidas. No obstante, reconoció las dificultades jurídicas de esa posibilidad y no anunció una solución concreta que permita asegurar la reclusión de las personas beneficiadas.
El vocero también revisó sus propias declaraciones anteriores, cuando calificó de "impecable" el procedimiento para conceder las rebajas. Arenas explicó que se refería al cumplimiento de las normas constitucionales, legales y administrativas, pero reconoció fallas en el tratamiento del caso.
"El error fue no haber incorporado a las víctimas y no haber advertido al Gobierno (de parte del Ministerio de Justicia) de las posibles consecuencias políticas de un hecho de este tipo.
Pese a esas críticas, Arenas sostuvo que, a juicio del Ejecutivo, Fernando Rabat cumplió con la ley, los reglamentos y la Constitución. Por ese motivo, consideró que una acusación constitucional contra el ministro no tendría fundamentos suficientes para justificar su destitución, aunque reconoció errores humanos y políticos graves en la gestión de la controversia.
