Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó a condominio a pagar $4,8 millones por filtraciones que afectaron un departamento por más de dos años.
Juzgado Civil de Santiago / Poder Judicial
Una propietaria debió dejar de vivir junto a su familia en su departamento de Quinta Normal luego de sufrir durante más de dos años filtraciones provenientes de una tubería común que dañaron pisos, muros y la cocina. El Séptimo Juzgado Civil de Santiago responsabilizó al condominio y ordenó indemnizarla con $4.871.870.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el problema comenzó el 12 de julio de 2023, cuando la mujer regresó a su vivienda y encontró inundados la cocina, el living y el comedor.
Tras distintas revisiones, técnicos determinaron que el origen estaba en una tubería vertical o shaft de la torre. Pese a las gestiones realizadas, la administración no efectuó la reparación.
La propietaria acudió entonces al Juzgado de Policía Local de Quinta Normal, que el 29 de noviembre de 2024 acogió su denuncia y ordenó al condominio reparar la vertical.
Sin embargo, el desperfecto continuó y las filtraciones siguieron deteriorando el departamento. Un informe de octubre de 2025 constató que todavía no se habían realizado los trabajos.
Ante esa situación, presentó una demanda por $15.671.870: $1.871.870 por las reparaciones, $10.800.000 por no poder utilizar el departamento durante 27 meses y $3 millones por daño moral.
Durante el juicio se presentaron informes técnicos, presupuestos, fotografías, un video y testimonios. Uno de los testigos describió el shaft destruido y goteando, la cocina inutilizable, paredes con hongos y el piso flotante deteriorado por el agua.
El Séptimo Juzgado Civil rechazó la responsabilidad contractual porque no se presentó el Reglamento de Copropiedad que sustentaba esa parte de la demanda. No obstante, acogió la acción subsidiaria por responsabilidad extracontractual y estableció que la Ley de Copropiedad obligaba a la administración a conservar y reparar las instalaciones comunes.
El tribunal concluyó que existió negligencia, considerando el tiempo transcurrido, el conocimiento del problema y la existencia de una orden judicial de reparación.
Finalmente, concedió $1.871.870 por daños materiales y $3 millones por daño moral. Rechazó los $10,8 millones pedidos por la imposibilidad de usar el departamento porque no se acreditó suficientemente su valor de arriendo. La sentencia fue pronunciada por el juez suplente Felipe Agurto Martínez.
