Jaime Gajardo: "Es muy probable que los criminales y sus abogados defensores citen al ministro de Justicia"

Una de las cosas más problemáticas que ha dicho es que el Ministerio de Justicia no puede negar el beneficio de rebaja de condena. El ministerio no solo puede hacerlo: debe hacerlo cuando a esa persona se le aplica la exclusión del artículo 17 de la ley de rebaja de condenas. Así lo ha señalado expresamente la Corte Suprema.

Esto es muy relevante, porque una de las defensas del ministro, que no solo es inverosímil sino errada, es que si llega a su escritorio una solicitud con un informe positivo de la comisión, él tiene que otorgar la rebaja. Y eso no es así. Por eso hay que revisar, con los antecedentes, si en los casos que revela Interferencia correspondía o no conceder el beneficio. Pero otro asunto lamentable es que el gobierno, y el Ministerio de Justicia en particular, se han negado a entregar esos antecedentes para que el país los conozca.

-Se ha planteado que la defensa del ministro Rabat, y por extensión la del gobierno -que hasta el momento de esta entrevista lo sigue respaldando-, ocupa las mismas frases y argumentos que los abogados de los peores criminales del país. ¿Qué gravedad tiene que el ministro de Justicia recurra a la lógica de los defensores de pedófilos y violadores de derechos humanos?

Efectivamente. Cada vez que se dictan leyes que reducen beneficios o establecen condiciones para otorgar beneficios penitenciarios, eso se discute largamente en las cortes. Siempre. Y es parte de un Estado de derecho: está bien que existan distintas interpretaciones y que los criminales a los que se les reducen los beneficios contraten abogados para que estos no se les apliquen.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia históricamente ha sostenido las tesis contrarias a las que hoy sostiene el ministro. Primero, que estos son beneficios y no derechos. Eso es importante, porque si fueran derechos, el ministerio no podría excluir de la reducción de condena a estos criminales. El ministro dice que es un derecho. El ministerio siempre sostuvo, y defendió en las cortes, que es un beneficio. El argumento de los criminales es que es un derecho.

Si es un derecho, además, no se puede aplicar retroactivamente. Eso es lo que han dicho los criminales. Y es lo mismo que ha dicho el ministro para defender una decisión que es un grave error, tal como lo calificó el presidente de la República: que a estos criminales no se les puede aplicar retroactivamente la exclusión de la rebaja de condena que tramitó el Congreso Nacional en 2022.

Esto es muy problemático, porque tiene impacto no solo en esta discusión, sino en toda la actividad del ministerio. Como he planteado en otra entrevista, es muy probable que los criminales y sus abogados defensores citen al ministro de Justicia. Dirán: si el propio ministro reconoce nuestra tesis, ¿cómo va a litigar el ministerio en su contra? Eso hace realmente impresentable que el ministro no asuma su responsabilidad y se mantenga en el cargo, después de que se supo por la prensa que se otorgaban rebajas a quienes no correspondía. Me parece inaudito.

La ley que espera en el Senado

-Otra de las defensas del ministro Rabat y del gobierno ha sido culpar a la administración anterior, de la que usted fue subsecretario y ministro de Justicia. Algunos parlamentarios han cuestionado que, si los gobiernos de Piñera y Boric pelearon todos estos casos ante la Corte Suprema, no haya existido una iniciativa legislativa para cambiar esa doctrina. Pero sí hubo un proyecto de ley, ¿no?

Sí. Es una defensa que han esgrimido para proteger al ministro del grave error que cometió, y ante lo inexplicable que resulta que el presidente de la República no haga valer su responsabilidad frente a un error que genera una conmoción tan importante en toda la sociedad. Pero no es efectivo lo que señalan.

Junto con mantener la doctrina de que esta ley se tenía que aplicar in actum, y de que el ministerio no podía bajo ninguna circunstancia interpretarla a favor de los victimarios, hicimos ver ante el Congreso Nacional cómo se estaba desvirtuando el recurso de amparo. Por eso planteamos apoyar el proyecto que ya estaba en tramitación, presentado por el diputado Marcos Ilabaca. Presentamos una indicación sustitutiva, que modifica el sistema de ejecución de penas.

Probablemente los diputados que han señalado esto no lo recuerdan, pero estuvimos con varios de ellos presentándoles las estadísticas. A través del recurso de amparo, las cortes estaban otorgando rebajas de condena o se oponían a ciertos traslados de la población penal. Ese no es el mecanismo. Lo que necesitábamos era resolver esto de forma estructural, con tribunales de ejecución de penas y una ley de ejecución de penas.

Esa ley debe dejar absolutamente claro que estas son materias administrativas penitenciarias, y no de índole penal. Si llevamos la discusión al ámbito penal, se presta para interpretaciones que benefician a los criminales.

-Para explicarlo de la forma más sencilla posible, ¿cuál es la relevancia de crear tribunales de ejecución de penas? ¿Qué impacto social podría tener, considerando que ese proyecto todavía está en el Congreso?

Está en el Congreso, y me llama mucho la atención que no sea el proyecto al que el Ejecutivo le ponga atención y discusión inmediata. Ya está en segundo trámite, en la Comisión de Constitución del Senado, y resuelve esta situación de manera mucho más estructural. Se han privilegiado otros proyectos que interpretan la ley de rebaja de condenas, y le adelanto que no van a resolver el problema. Estos asuntos se seguirán litigando en las cortes de apelaciones y en la Corte Suprema a través del recurso de amparo. Lo que tenemos que hacer es ordenar la ejecución de las penas.

Lo primero que le diría es que no hay un vacío legal en esta materia. La ley de 2022 es clara. Los tribunales han tenido distintas interpretaciones sobre la rebaja de condena. Pero desde este año, y esto hace mucho más grave el error del Ministerio de Justicia, venían acogiendo la tesis histórica del ministerio: que los abusadores sexuales y violadores de niños no pueden tener rebaja de condena.

Lo inexplicable es que, justo cuando la Corte Suprema había cambiado su jurisprudencia, el gobierno le otorga rebaja de condena a este tipo de criminales. Por eso es tan importante la información. Yo le preguntaría al ministro: ¿por qué cambia el criterio histórico del Ministerio de Justicia cuando, días antes, la Corte Suprema había dicho que ese criterio era correcto? ¿No sabía de esa sentencia? ¿No se la informaron? ¿No estaban preocupados de llevar al día la jurisprudencia de la Corte Suprema?

Cualquiera de las respuestas deja muy mal parado al Ministerio de Justicia, y en entredicho el profesionalismo y la acuciosidad que requieren materias tan delicadas como esta.

Un traspaso interrumpido

-Se ha señalado que este punto se abordó en el traspaso del ministro Hernán Larraín al equipo del presidente Boric, en el que usted participó como subsecretario, y que ustedes mantuvieron esa doctrina. También, que usted se lo advirtió al ministro Rabat en el traspaso y que existía un instructivo. Las seremías en regiones siguieron esa instrucción: el cambio fue solo a nivel central, con el ministro Rabat y el entonces subsecretario Luis Silva. Aquí no se puede alegar ignorancia. ¿Hubo una intencionalidad del ministro Rabat en actuar de esta manera? ¿Qué pudo haberlo motivado?

Esa es una respuesta que no tengo. Es algo que tiene que responder el ministro Rabat. Considero que es absolutamente inexplicable: él tenía todos los antecedentes. Es muy inexplicable, además, para la ciudadanía, que un ministro de Justicia decida aplicar la interpretación más favorable que se da en las cortes —ni siquiera la que había tenido el ministerio— para quienes abusaron o violaron a niñas, niños y adolescentes, y también para los criminales de lesa humanidad.

Ahora se suman los narcotraficantes, y habría que revisar esos decretos. Pero en los otros casos, estas personas están excluidas expresamente de la rebaja de condena, ya sea por el Estatuto de Roma o por la ley de rebaja de condenas. Aun así, el ministro las otorgó administrativamente. A pesar de que había jurisprudencia que avalaba los rechazos del ministerio. A pesar de que el Congreso había sido absolutamente claro. A pesar de que dos gobiernos de signos distintos habían optado por rechazarlas.

Entiendo además, y eso también tendrá que explicarlo el ministro, que su equipo le habría advertido que era un error y que no era una buena idea. Pese a esas advertencias internas, tomó la decisión de beneficiar a los criminales. Hay que decirlo con todas sus letras: él les otorgó las rebajas de condena, a pesar de que la ley prohíbe otorgárselas. Y esa fue una decisión que tomó él.

Recordemos que, días antes de ese cambio de criterio, ya había sentencias de la Corte Suprema que avalaban que el ministro podía rechazar. Primero, él se defendió diciendo que existía una jurisprudencia uniforme, lo que no es cierto. Ahí hay una información errónea que le entregó al Congreso Nacional y al país. Después dijo que era la doctrina unificada de la Corte Suprema, y tuvo que ser la propia presidenta de la Corte Suprema la que lo desmintió. Luego dijo que era lo mismo que hacían los gobiernos anteriores. También ha quedado en evidencia que no era igual.

Pero quiero decir otra cosa, que a mi juicio tiene que ver con el origen del problema. El cambio del gobierno del presidente Piñera al del presidente Boric, en el que participé como subsecretario entrante, fue impecable. Fue un proceso de traspaso profesional. Tuvimos múltiples reuniones entre la ministra entrante, el ministro saliente y los dos subsecretarios. Además, me reuní durante una semana con el subsecretario en ejercicio, Sebastián Valenzuela, en varias sesiones donde abordamos todos estos temas.

Pretendíamos hacer algo parecido con el gobierno entrante del presidente Kast. Pero, y es importante que la ciudadanía lo recuerde, ese gobierno terminó las reuniones de forma unilateral. Alcanzamos a tener una sola. Fueron decisiones que no correspondían y que tienen un efecto para todo el país. Las reuniones de traspaso son muy importantes para dar continuidad a políticas de Estado que no dependen de un gobierno, y para entregar adecuadamente toda la información.

Aun así, la reunión que sostuvimos con el ministro Rabat fue larga, de varias horas. Le dimos a conocer el criterio que había en esta materia. Después le entregamos una carpeta con toda la información, en la que constaba el instructivo sobre cómo se debía proceder. Ese instructivo lo emitíamos todos los meses de febrero, que es cuando se conforman las comisiones.

Eso también confirma lo que usted señalaba. Al parecer, las seremías continúan aplicando ese instructivo, que tampoco se ha dejado sin efecto. Les ordena revisar con mucho cuidado los antecedentes y los expedientes, y no enviar bajo ninguna circunstancia la solicitud de una persona excluida por haber abusado o violado a un niño. El cambio de criterio fue en el gabinete del ministro. Eso da cuenta de la desconexión, la desprolijidad y la falta de profesionalismo de este gobierno para ejercer la función pública.

-Saltándose, además, una tradición republicana.

Es muy importante que lo recordemos. Los traspasos de gobierno tienen que ser momentos en los que se pueda cumplir esa labor, pero para eso se requiere disposición. Lamentablemente, el gobierno del presidente Kast no tuvo la disposición de mantener un hito tan importante como el traspaso.

Un INDH con menos atribuciones

-Otro hito de la democracia es el INDH, un organismo autónomo vinculado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aunque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sorprendió al asegurar su presupuesto, el gobierno impulsa una reforma que le quitaría muchas atribuciones. ¿A qué deberíamos ponerle atención y por qué es tan relevante?

Primero que todo, porque instituciones como el INDH buscan tener la debida independencia y capacidad para promover, proteger y accionar a favor de los derechos humanos de todas las personas del país. Las democracias modernas del mundo, en general, cuentan con instituciones similares, que buscan proteger los derechos fundamentales de todos nosotros.

Esas instituciones tienen que incomodar, porque deben poner en tela de juicio las acciones de los gobiernos, de los congresos u otros poderes públicos que generan cuestionamientos en materia de derechos humanos. Son incómodas, pero esa es precisamente su función. Por lo mismo, es tan importante tener conciencia política y social: las fuerzas políticas tienen que estar disponibles para que existan estas instituciones, si genuinamente consideran importante la protección de los derechos fundamentales.

-Como ocurre con la Contraloría.

Claro. Todos los gobiernos podrían actuar de manera mucho más rápida si no tuvieran tantos controles. Pero esos controles son importantes, porque queremos que el gasto público no se realice de forma inadecuada, que todas las acciones se ajusten a la ley y que respeten los derechos de las personas.

Por eso es tan delicada la reforma que impulsa el gobierno, que cercena parte fundamental de las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Con ella, las personas en nuestro país van a estar más desprotegidas en sus derechos fundamentales. Esa es la preocupación que tenemos que tener.

Uno se pregunta por qué un gobierno, en vez de fortalecer las instituciones que protegen los derechos de las personas, quiere restringir sus atribuciones. Y aquí hay otro elemento importante. Fue el Congreso pasado el que decidió crear una comisión para estudiar cómo fortalecer el INDH. Esa comisión hizo 44 recomendaciones, de las cuales, si no me equivoco, 42 son unánimes. El actual gobierno no las tomó en consideración para su proyecto de reforma.

Era una comisión transversal, que representaba la pluralidad de las fuerzas políticas del país, y llegó a conclusiones unánimes. Uno diría: implementémoslas. ¿Por qué este gobierno no las toma en consideración? ¿Y por qué presenta un proyecto que dejará a los ciudadanos con menos posibilidades de proteger sus derechos? Esas son preguntas que el gobierno todavía tiene que responder de manera clara, directa y transparente ante la ciudadanía.

Un llamado por las víctimas

-Para cerrar, ¿qué mensaje le dejaría a la ciudadanía? ¿Hay asuntos del Ministerio de Justicia que están fuera del foco de la prensa, como proyectos que quedaron a medio camino o tareas que no se están ejecutando?

Dos cosas. Lo primero es felicitar a los medios de prensa en general, porque pudimos conocer lo que había pasado con la rebaja de condenas gracias a ellos. Si no hubiera sido por la prensa, lamentablemente podríamos tener a muchas más personas con rebajas de condena, que hoy estarían libres y serían una amenaza para nuestros niños, niñas y adolescentes. Es un tema crucial para todos nosotros.

Lo segundo es una preocupación que tengo: la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Las víctimas de delitos violentos, entre ellas los niños, niñas y adolescentes que fueron abusados y violados, necesitan una institución pública que las acompañe, les entregue apoyo psicosocial y las defienda en los procesos judiciales.

Para eso, el Congreso Nacional aprobó una ley que ya debería estar implementándose y que debería entrar en vigencia en mayo del próximo año. Sin embargo, de una manera también inexplicable, este gobierno presentó un proyecto para retrasar su implementación. Hoy más que nunca, en vez de retrasarlo, debería implementarlo más rápido. Las víctimas de delitos violentos necesitan acompañamiento, necesitan no sentirse solas, necesitan que el Estado esté con ellas.

Ese es mi llamado al Congreso Nacional: que rechace el proyecto que retrasa la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, y que le pida al gobierno que implemente ya la ley aprobada durante la legislatura pasada.