Pese a la polémica causada por los decretos que liberaron a peligrosos abusadores sexuales de niños, Fernando Rabat firmó otro y después de decir que se suspendían.
Fernando Rabat siguió firmando decretos para liberar a delincuentes y/o asesinos
Agencia UnoEl ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó el 5 de noviembre un decreto que redujo en diez meses la condena de Peter Andrés Rojas Gallardo, sentenciado a cinco años de presidio por el homicidio de un adulto mayor de 83 años en Catemu, Región de Valparaíso.
La resolución adelantó la fecha de término de la pena desde el 30 de agosto de 2027 hasta el 30 de octubre de 2026. Según los antecedentes judiciales revisados por Biobío, Rojas finalmente quedó en libertad tras la aplicación del beneficio.
El documento también incluye la firma de Josefina Soto Larreátegui, subsecretaria de Justicia, quien había asumido el cargo el 30 de octubre, en reemplazo de Luis Silva. Soto aparece firmando la transcripción del decreto, mientras Rabat lo suscribió por orden del Presidente de la República.
La decisión se adoptó en medio de la polémica por las rebajas de condena concedidas durante la actual administración, particularmente aquellas destinadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El documento, clasificado como reservado, lleva por encabezado "Otorga beneficio de reducción de condena". La firma de Rabat se produjo 13 días después del anuncio ministerial sobre la suspensión de la tramitación de decretos relacionados con condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El beneficiado fue sentenciado a cinco años de presidio por homicidio simple. La condena fue dictada el 6 de enero de 2025 y estableció originalmente el 30 de agosto de 2027 como fecha de término.
Con la reducción de diez meses concedida por el Ministerio de Justicia, el cumplimiento de la pena quedó fijado para el 30 de octubre de 2026.
La resolución se fundamentó en la Ley 19.856, que establece un sistema de reducción de condenas para personas privadas de libertad que acrediten un comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento efectivo de sus penas.
El decreto señala que la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de Valparaíso acreditó que Rojas reunía los requisitos para acceder al beneficio.
La normativa contempla una reducción equivalente a dos meses por cada año de cumplimiento efectivo de condena. A partir de la mitad de la pena, el descuento aumenta a tres meses por año, conforme a las condiciones establecidas en sus artículos 2 y 3.
El historial penal de Rojas también figura en un informe elaborado por Gendarmería, revisado durante la investigación.
En mayo de 2017, el Juzgado de Garantía de San Felipe lo condenó por hurto simple. La sanción contempló una pena remitida de 21 días, el pago de un tercio de una UTM y un año de libertad vigilada.
En noviembre de ese mismo año recibió otra condena por robo con violencia, por un delito cometido a comienzos de 2017 en Catemu.
Según los antecedentes del caso, Rojas y un acompañante interceptaron durante la noche a una mujer para quitarle su cartera. Cuando la víctima se resistió, Rojas la golpeó, mientras su compañero utilizó un cuchillo para cortar el tirante del bolso y facilitar el robo.
Ambos fueron detenidos esa misma noche por Carabineros. Rojas mantenía parte de las especies sustraídas, mientras que su acompañante portaba el cuchillo utilizado durante el asalto.
Además, mientras permanecía privado de libertad, Rojas recibió una condena de cuatro años por un robo frustrado en lugar habitado o destinado a la habitación, correspondiente a hechos anteriores a su detención.
Por el robo con violencia debía cumplir seis años de presidio, pero salió antes de completar esa pena. En mayo de 2022 ya se encontraba en libertad y había llegado a vivir a la casa de Jorge del Carmen Frez Olivares, el adulto mayor que posteriormente fue asesinado.
La última condena de Rojas fue por el homicidio de Jorge del Carmen Frez Olivares, de 83 años, ocurrido en Catemu durante 2022.
Ambos se conocían a través de amistades en común y por algunos trabajos realizados juntos. Rojas se encontraba en situación de calle y el adulto mayor le había ofrecido alojamiento en su propia vivienda.
Sin embargo, la convivencia terminó con la muerte de Frez. Según los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones y la investigación de la Fiscalía, el adulto mayor fue atacado en su dormitorio, golpeado y posteriormente asfixiado con un cordón.
Durante varias semanas, los familiares intentaron comunicarse con la víctima sin obtener respuesta. Cuando acudían a la vivienda, Rojas les decía que Jorge había salido a trabajar o que se encontraba en el cerro.
El 29 de agosto de 2022, sus cercanos decidieron ingresar a la fuerza al inmueble y encontraron el cuerpo en el dormitorio, cubierto por ropa y en avanzado estado de descomposición.
Las diligencias policiales apuntaron a Rojas, quien había estado viviendo con la víctima. El 30 de agosto de 2022 fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de San Felipe y quedó en prisión preventiva.
Finalmente, el 6 de enero de 2025 fue condenado a cinco años de presidio como autor de homicidio simple. Para el cumplimiento de esa pena se le reconocieron 860 días de abono por el tiempo que había permanecido privado de libertad.
En mayo de 2026, Rojas intentó acceder a la libertad condicional. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y posteriormente por la Corte Suprema.
Entre los antecedentes considerados figuraba un informe de Gendarmería que estableció un riesgo medio de reincidencia.
Los profesionales identificaron el consumo problemático de pasta base de cocaína como un factor central en su historial delictivo. Aunque valoraron su abstinencia durante el encarcelamiento, estimaron que esta se encontraba mediada por el entorno estructurado de la prisión.
El alcaide del establecimiento penitenciario de Quillota, donde permanecía recluido, también manifestó reparos sobre la posibilidad de proyectar un cumplimiento de condena en libertad que garantizara la seguridad de la comunidad y la prevención de nuevos delitos.
La Corte de Apelaciones rechazó la solicitud al considerar que la comisión había actuado correctamente al denegar el beneficio sobre la base de los antecedentes penitenciarios. Posteriormente, la Corte Suprema confirmó esa decisión.
Este procedimiento era distinto de la reducción de condena que concedió el Ministerio de Justicia mediante el decreto firmado por Rabat.
El 5 de noviembre, la defensa de Rojas presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para reclamar por la falta de tramitación del beneficio de reducción de condena.
La presentación se realizó porque el decreto todavía no había sido firmado por el ministro, en medio de la controversia por las rebajas concedidas durante la administración de Rabat.
Sin embargo, antes que el tribunal resolviera la acción, el Ministerio de Justicia comunicó que el ministro ya había concedido la reducción de diez meses. Tras conocer la decisión, Rojas desistió del recurso.
De acuerdo con los antecedentes judiciales revisados en la investigación, el condenado finalmente quedó en libertad, luego de adelantarse el término de su pena al 30 de octubre de 2026.
