El actual titular de Justicia había representado a uno de los propietarios del colegio en la demanda civil presentada por las familias de las víctimas.
El ministro de justicia Fernando Rabat durante la Comisión de Seguridad Pública
Agencia UnoEl ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó la rebaja de 16 meses en la condena de Margarita Angélica Villegas Lagos, exauxiliar del Colegio Apoquindo, sentenciada a 15 años y un día de presidio por delitos sexuales contra estudiantes del establecimiento.
El caso tiene otro antecedente relacionado con el secretario de Estado: entre 2014 y 2023, cuando ejercía como abogado, representó a uno de los propietarios del colegio en la demanda civil presentada por las familias de las víctimas para obtener indemnizaciones.
Según Informe Especial, la reducción de condena se materializó el 17 de abril de 2026, mediante el Decreto Exento N.º 1152 del Ministerio de Justicia, luego de una resolución de la Corte Suprema que ordenó conceder el beneficio.
Margarita Villegas fue condenada junto a su marido, Esteban Alonso Moya Godoy, quien también trabajaba como auxiliar del establecimiento. Ambos vivían en una vivienda ubicada al interior del recinto educacional y fueron sentenciados por delitos sexuales cometidos contra estudiantes. La investigación judicial estableció que trasladaban a las víctimas hasta esa casa para cometer los abusos.
El caso se conoció públicamente en 2012 y tuvo consecuencias tanto en el ámbito penal como en el civil. La condena de Villegas alcanzó los 15 años y un día de presidio, mientras que Moya recibió una pena de 11 años. Este último también obtuvo una reducción de condena, de 22 meses, en diciembre de 2021, después de una resolución de la Corte Suprema.
La relación del actual ministro de Justicia con el caso se produjo en la arista civil. Entre 2014 y 2023, Fernando Rabat representó como abogado a Sebastián Navarrete Herrera, uno de los propietarios y directivos vinculados al grupo detrás del Colegio Apoquindo.
La demanda fue presentada por las familias de los estudiantes afectados y apuntaba contra los auxiliares condenados, directivos y sociedades relacionadas con la administración del establecimiento. Los demandantes solicitaron inicialmente $6.400 millones en indemnizaciones.
En 2019, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago estableció una indemnización de $1.600 millones. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago modificó el monto y lo redujo a $570 millones. Esa cifra fue ratificada por la Corte Suprema a comienzos de 2023, que mantuvo la obligación de indemnizar a las familias.
La tramitación del beneficio comenzó en 2022, cuando Villegas presentó una primera solicitud de reducción de condena. La Comisión de Reducción de Condena rechazó inicialmente la petición al considerar las restricciones incorporadas a la Ley 19.856 para personas condenadas por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
En 2023, la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó resolver la solicitud considerando la legislación vigente al momento de la comisión de los delitos, ocurridos en 2012. Posteriormente, Villegas obtuvo calificaciones de conducta sobresaliente durante los años 2023, 2024 y 2025, antecedentes que permitieron una nueva postulación al beneficio en octubre de 2025.
Sin embargo, en febrero de 2026, durante la gestión del entonces ministro de Justicia Jaime Gajardo, la cartera volvió a rechazar la reducción. Villegas recurrió nuevamente a tribunales, pero la Corte de Apelaciones de San Miguel desestimó su acción. La mujer insistió ante la Corte Suprema, que finalmente acogió el recurso de amparo Rol 17.764-2026 y revocó la decisión anterior. El máximo tribunal ordenó al Ministerio de Justicia conceder el beneficio.
