Especialistas y productores advierten que los alimentos libres de pesticidas pueden duplicar o triplicar el precio de los convencionales. Para revertirlo, proponen circuitos cortos, certificación participativa y compras públicas sustentables en escuelas y hospitales.
Especialistas y productores advierten que los alimentos libres de pesticidas pueden duplicar o triplicar el precio de los convencionales. Para revertirlo, proponen circuitos cortos, certificación participativa y compras públicas sustentables en escuelas y hospitales.
La alimentación ecológica en Chile sigue concentrada en supermercados y tiendas especializadas de las comunas de mayores ingresos, mientras que en las ferias libres de los sectores populares estos productos resultan casi inaccesibles. Según especialistas y productores, la brecha de precios puede duplicar o triplicar el valor de un alimento convencional, en un contexto en que el alza del costo de la vida presiona la canasta básica de las familias.
En esos pasillos abundan los tomates hidropónicos sin agroquímicos, las legumbres agroecológicas y los huevos de gallinas de libre pastoreo. Sin embargo, fuera de ese circuito la oferta es escasa. De este modo, una decisión vinculada a la salud preventiva y al cuidado ambiental termina convertida en un bien suntuario para una fracción reducida de la población.
La contradicción es que el discurso medioambiental pide a la ciudadanía cambiar sus hábitos para enfrentar el cambio climático y proteger la biodiversidad, mientras la estructura del mercado restringe esa posibilidad a quienes pueden pagarla.
Durante la última década, la producción orgánica chilena creció impulsada principalmente por la exportación de frutas y vinos. En el mercado interno, en cambio, las hortalizas y alimentos básicos bajo manejo ecológico siguen siendo marginales frente al total de la superficie agrícola.
A esa escasez se suma un modelo de comercialización concentrado en cadenas especializadas y grandes superficies, donde los márgenes de intermediación elevan los precios finales.
Organizaciones agrícolas y colectivos campesinos han advertido que esos sobreprecios rara vez llegan al pequeño agricultor y que, en cambio, consolidan una barrera que excluye a la clase trabajadora de una nutrición libre de agrotóxicos.
Por otra parte, la idea de que "la gente prefiere lo barato aunque contamine" choca con los datos: una encuesta de percepción del Sernac afirma que el 82% señaló el precio como el factor más importante para elegir un producto, y el 66% identificó los precios más elevados como obstáculo para comprar productos sustentables.
Los especialistas sostienen que el problema no es de conciencia ciudadana, sino de poder adquisitivo.
Frente a este escenario, expertos en soberanía alimentaria plantean cuatro líneas de acción. La primera apunta a fortalecer los circuitos cortos y las ferias campesinas, eliminando intermediarios entre la agricultura familiar campesina y los barrios populares para reducir costos de flete y empaque.
En segundo lugar, proponen reorientar el fomento estatal, ya que gran parte de los subsidios agrícolas ha favorecido históricamente el monocultivo y la tecnificación para el comercio exterior. Apoyar la transición agroecológica en pequeños predios permitiría aumentar la oferta interna.
Asimismo, plantean facilitar la certificación participativa mediante redes comunitarias y sellos locales, lo que evitaría los altos costos de las certificadoras privadas internacionales, que terminan trasladándose al consumidor.
Por último, sugieren incorporar criterios ecológicos obligatorios en las compras públicas, en particular en los programas de alimentación escolar de la Junaeb y en hospitales públicos. Esa demanda a gran escala, afirman, ayudaría a estabilizar precios y a garantizar alimentos limpios para niños, niñas y familias de todos los sectores.
Así, para los especialistas, reducir la huella de carbono y proteger los suelos no debería depender del nivel de ingresos, sino abordarse como un desafío de equidad y justicia territorial.
