Con el objetivo de obtener el panorama más completo posible, la investigación cartografió prácticamente toda la industria mundial de la harina de pescado, incluidas más de 1.400 plantas en 64 países, y rastreó las cadenas de suministro desde los buques pesqueros hasta las plantas de procesamiento, las fábricas de ración, las piscifactorías y los minoristas de productos de mar. El trabajo periodístico involucró a decenas de periodistas en igual número de países, quienes realizaron visitas a fábricas y establecimientos, e incluso abordaron buques de producción de harina de pescado en alta mar. El objetivo era documentar lo que los economistas denominan “externalidades”: los costos sociales ocultos y desplazados de producir este insumo, que rara vez aparecen en los balances de las empresas de productos de mar que dependen de él.
Sobrepesca para la industria
Mucho más allá de Chile, la investigación reveló una sorprendente diversidad de otros costos sociales. En Gambia y Mauritania, por ejemplo, los periodistas documentaron cómo la industria de la harina de pescado agrava la inseguridad alimentaria, ya que peces que antes sostenían a las comunidades locales se desvían cada vez con más frecuencia hacia estas fábricas para exportación. En las islas remotas del extremo oriental de Rusia y en la región de Xinjiang, en China, el trabajo periodístico detalló casos de trabajo forzoso en embarcaciones, granjas y fábricas. En otros países, como India y Perú, esta industria estuvo vinculada a al menos 80 episodios de conflictividad social, algunos de ellos violentos, generalmente en forma de huelgas laborales y protestas comunitarias desencadenadas por la contaminación del agua o el hedor proveniente de fábricas que procesan miles de toneladas de pescado en descomposición. En Senegal, la producción de harina de pescado ha dejado sin trabajo a pescadores locales, que cada vez más venden, o reconvierten, sus embarcaciones para huir hacia Europa, normalmente emprendiendo la travesía marítima de aproximadamente 1500 km hasta las Islas Canarias, en España, una ruta que, en 2025, se cobró más de 3.000 vidas.
“Somos pescadores, pero aquí ya no quedan peces, así que nos fuimos”, contó Cheikhou Omar, un pescador de 21 años, a los periodistas en septiembre de 2024, mientras se encontraba en una playa en Senegal, tras ser rescatado luego de que la embarcación en la que intentaba llegar a España volcara, causando la muerte de 30 personas.
La industria de la harina de pescado contribuye a las tensiones geopolíticas, especialmente a medida que los países compiten por fuentes de proteína cada vez más escasas, lo que provoca enfrentamientos tanto en el mar como en tierra. Por ejemplo, en 2021, una decena de arrastreros de fondo turcos que pescaban ilegalmente en el mar Egeo intentaron embestir a un buque de investigación griego cuando los científicos comenzaron a filmar su actividad. En 2018, estallaron disturbios en Saint-Louis, Senegal, después de que un pescador fuera abatido por guardacostas de Mauritania, durante lo que las autoridades mauritanas describieron como una incursión transfronteriza de una embarcación vinculada a la industria de la harina de pescado.
Desde mediados de la década de 1970, Marruecos ocupa militarmente el Sáhara Occidental, una presencia considerada ilegítima por más de diez fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y diversas resoluciones de las Naciones Unidas. Aun así, buques marroquíes pescan de forma habitual en aguas del Sáhara Occidental para luego transformar su captura ilegal en harina de pescado en plantas ubicadas en ese territorio y exportarla a granjas acuícolas de todo el mundo etiquetada como marroquí. En 2020, un enfrentamiento violento a causa de varios camiones, muchos de ellos cargados con pescado y harina de pescado procedentes del Sáhara Occidental, provocó el colapso de un alto el fuego de 29 años entre las partes.
Los océanos soportan una carga especialmente pesada y en gran medida invisible derivada de la industria de la harina de pescado. Más de una quinta parte del pescado capturado en el mundo se destina a usos no relacionados al consumo humano, principalmente como ración para peces, pero también para pollos y cerdos. La investigación analizó más de 2.400 embarcaciones vinculadas a la producción de harina de pescado, que operan en aguas de al menos 30 países. Concluyó que esta flota es, en gran medida, muy poco transparente y difícil de controlar.
Por ejemplo, la mayoría de los buques analizados no cumplen plenamente con la Carta Mundial para la Transparencia Pesquera, una guía elaborada por destacadas organizaciones de la sociedad civil centradas en los océanos que establece estándares de rendición de cuentas para las flotas pesqueras industriales. Menos del 30% de la flota contaba con información pública sobre su ubicación y menos del 25% tenía un número único de identificación de embarcación (algo así como la matrícula del buque). Este nivel de opacidad dificulta garantizar que los capitanes cumplan con las normas.
Al menos la mitad de las especies desembarcadas por los buques analizados fueron clasificadas por estudios científicos como “sobreexplotadas”. La mayoría de las embarcaciones de la flota mundial de harina de pescado eran cerqueros o arrastreros, que utilizan redes de gran tamaño para capturar densos cardúmenes. Ambos tipos de artes de pesca están asociados con altos niveles de desperdicio, ya que capturan de forma habitual grandes volúmenes de captura incidental y especies no objetivo. Al menos 165 de los buques de esta flota eran arrastreros de fondo, una de las formas de pesca más destructivas, que emplea redes lastradas que recorren el lecho marino destruyendo prácticamente todo a su paso. En muchos países, el problema de la pesca no sostenible se ve agravado por fuertes subsidios gubernamentales que mantienen en operación a demasiadas embarcaciones, intensificando la presión sobre pesquerías ya sobreexplotadas.
“Cualquier evaluación del verdadero impacto de la acuicultura debe comenzar no en la granja, sino en la ración”, afirmó Daniel Pauly. “Y ese tipo de análisis ofrece una imagen muy distinta de la que presenta la industria.”
El costo de la industria alimenticia
Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, comimos lo que los ecosistemas producían por sí mismos: peces silvestres, animales de pastoreo y cultivos destinados al consumo humano. El ganado sobrevivía en gran medida a base de pasto y de residuos agrícolas que las personas no consumían. Hoy hacemos algo distinto: cultivamos o capturamos alimentos que los humanos podrían comer y, en cambio, los destinamos a alimentar animales, especialmente en la ganadería industrial y la acuicultura. Estas calorías se transforman antes de ser consumidas.
Esta transformación global ha reconfigurado la cadena trófica, convirtiendo las granjas y los océanos en sistemas diseñados para procesar calorías. La red alimenticia natural, incluyendo quién se come a quién y cómo fluye la energía desde las plantas hasta los animales y los humanos, ya no está determinada principalmente por los ecosistemas, sino por el diseño industrial. Los animales han dejado de parecerse a una especie de “cuenta de ahorro” que convertía residuos en alimento, para convertirse en fábricas biológicas impulsadas por insumos comercializados a escala global, como la soja y la harina de pescado. Aproximadamente el 90% de las capturas destinadas a la producción de harina de pescado a nivel mundial es apto para el consumo humano, según un estudio de 2017 publicado en la revista Fish and Fisheries. La mayoría de las plantas de harina de pescado en el mundo utiliza pescado entero en lugar de residuos de procesamiento o subproductos no comestibles, lo que intensifica aún más la escasez local de proteínas.
Planta de harina de pescado en Perú.
Foto: Presidencia Perú
La ciencia detrás de la ración animal, que combina maíz, soja, cereales y componentes como la harina de pescado para criar ganado de forma más rápida, con mayor tamaño y eficiencia, ha sido fundamental en el desarrollo de la civilización moderna. Las prácticas de cría de animales surgieron hace aproximadamente 12.000 años en el llamado Creciente Fértil, una región que se extiende desde Mesopotamia hasta Egipto. Junto con innovaciones como el riego y el arado, la domesticación del ganado permitió a los seres humanos construir sistemas alimentarios estables, asentarse de forma permanente y, con el tiempo, desarrollar ciudades. A medida que la producción pasó de criar animales en pastizales abiertos a mantenerlos en espacios confinados, los seres humanos asumieron la responsabilidad de proporcionar dietas equilibradas, un antecedente temprano de los sistemas de alimentación industrial actuales
En su libro de 2021 The Fishmeal Revolution, Kristin A. Wintersteen analiza cómo la corriente de Humboldt, un sistema de afloramiento frío y rico en nutrientes a lo largo de la costa del Pacífico de América del Sur, fue reinterpretada como una fuente de proteínas. Ese cambio, sostiene, convirtió al Perú en una superpotencia mundial de la harina de pescado. También transformó este producto en un insumo clave que impulsó la expansión, tras la Segunda Guerra Mundial, de la cría industrial de pollos, cerdos y, posteriormente, peces, especialmente en Estados Unidos y el norte de Europa. Este proceso, que desde entonces se ha extendido mucho más allá de las aguas peruanas, también ha desvinculado a los consumidores de los costos ecológicos y humanos de la producción.
Chile se convirtió en un importante productor de harina de pescado en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Este producto tiene una historia especialmente siniestra en el país, en parte porque en 1974, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, una planta llamada Pesquera Arauco fue utilizada para hacer desaparecer a disidentes de izquierda: sus cuerpos eran triturados, cocinados y convertidos en alimento para animales. La planta estaba operada por Walter Rauff, exmiembro de las SS, quien abandonó Alemania tras la caída del régimen nazi y encontró refugio en Chile. Durante varios años, camiones pertenecientes a Pesquera Arauco trasladaron hasta 80 de estos prisioneros políticos a un centro de detención en el puerto de San Antonio, donde la policía secreta los torturó y ejecutó. Algunos de los cuerpos fueron arrojados al mar y un número indeterminado de personas fue pulverizado hasta convertirse en un polvo similar a la harina de pescado, según documentos desclasificados y testimonios de exagentes policiales.
“El contexto político de dictaduras en el Sur Global favorecieron, en lugar de obstaculizar, la producción barata de harina de pescado para ser consumida en el Norte Global”, escribió el historiador Floor Haalboom en un artículo de 2022 donde señala que la industria en Chile despegó cuando Pinochet la reprivatizó durante su régimen.
Competencia por nutrientes
A medida que la población mundial crece, también crece la competencia por nutrientes claves. Los países buscan reducir su dependencia de la importación de carne en un intento por alcanzar la “soberanía proteica”. Los inversionistas, por su parte, apuestan por fuentes alternativas de proteína, como la carne de origen vegetal o cultivada en laboratorio. Las crisis como la gripe aviar y la guerra entre Rusia y Ucrania han provocado fuertes aumentos en los precios de la carne, poniendo de relieve la interconexión y la volatilidad de estos mercados de materias primas. “Cada vez con mayor frecuencia, los países ricos importadores de alimentos y los inversores privados adquieren tierras cultivables en el extranjero”, señala un informe del Centro Internacional Wilson titulado “Land Grab? The Race for the World’s Farmland”, que explica cómo estas compras apuntan a producir más alimentos.
En el contexto de esta disputa global por recursos valiosos, la ración animal representa una batalla oculta dentro de una guerra mayor. La competencia es especialmente intensa en torno a los cultivos, en particular de soja, destinados a la alimentación del ganado. “China, Estados Unidos y Brasil son, por lejos, los tres mayores productores de carne del mundo, y todos dependen de una misma materia prima que los vincula: la soja”, señaló un pódcast de 2024 de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. “En 2024, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se centran principalmente en productos de alta tecnología, como los semiconductores o los minerales críticos. Pero en 2018, uno de los primeros campos de batalla entre estas superpotencias fue la soja”. Al igual que ocurre con este cultivo, la carrera por la harina y el aceite de pescado está impulsada por las mismas aspiraciones geopolíticas de soberanía y control sobre recursos estratégicos. Sin embargo, esta competencia no se desarrolla en tierra firme, sino en el mar, donde recibe mucha menos atención por parte de periodistas, gobiernos y defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.
La acuicultura moderna tiene sus beneficios. La cría de peces proporciona accesos a proteínas asequibles a millones de personas durante todo el año. En India, por ejemplo, la acuicultura es una fuente clave de empleo, especialmente para las mujeres. En Bangladesh, la producción acuícola ha contribuido a una disminución general del precio del pescado, haciéndolo más accesible para los hogares de menores ingresos. Incluso teniendo en cuenta insumos como la soja y la harina de pescado, así como el transporte hasta Estados Unidos, algunos peces de cultivo, como la tilapia y el salmón del Atlántico, emiten menos gases de efecto invernadero por libra que la carne de vacuno o de cerdo.
La recolección de bivalvos, como almejas, ostras, vieiras y mejillones, es una forma especialmente sostenible de acuicultura, ya que estas especies no requieren alimentación adicional. Este tipo de producción también tiene una huella de carbono muy baja y genera conchas que pueden funcionar como una forma de captura de carbono, según un estudio de 2020 publicado en la revista Nature Food. Desde 2022, aproximadamente un tercio de la acuicultura mundial no requiere insumos de alimentación externos.
La industria de la ración ha destacado la reducción en su dependencia de la harina y el aceite de pescado, y especialmente en el uso de pescado entero o apto para el consumo humano. Sin embargo, a medida que la acuicultura sigue creciendo, también lo hace la demanda de harina de pescado, y se prevé, según la FAO, que la producción mundial aumente casi un 10%, entre 2022 y 2032, principalmente a partir de subproductos de procesamiento.
Consultada sobre las preocupaciones en torno a la sostenibilidad de su sector, Véronique Jamin, portavoz de la IFFO, la asociación internacional de la harina y el aceite de pescado, afirmó que la acuicultura es “el sistema de proteína animal más eficiente”. Añadió que el “papel de su organización no es aconsejar qué mercados deberían utilizar harina y aceite de pescado”. “Los marcos de sostenibilidad no funcionarán si ignorasen la economía del mundo real”, señaló, y sostuvo que las empresas de productos de mar deben responder a “lo que la gente realmente quiere comprar y comer”.
Los intentos por sustituir la harina y el aceite de pescado han enfrentado dificultades. Los investigadores han identificado diversas fuentes alternativas de alimentación para peces carnívoros de cultivo, incluidas las algas, residuos de yuca, larvas de mosca soldado, proteínas unicelulares producidas por hongos y bacterias, e incluso aguas residuales. Sin embargo, ninguna se produce a escala de forma asequible. Estas alternativas suelen carecer de toda la gama de nutrientes necesarios para el crecimiento de los peces de cultivo, en particular de ácidos grasos omega-3. Algunas opciones, como la harina de insectos, resultan costosas y, por ello, existe un interés limitado por parte de las empresas que fabrican ración en pagar un sobreprecio por estas alternativas “verdes”.
Trabajo forzoso y prácticas insostenibles
Por ahora, el patrón persiste: se capturan peces silvestres en Perú y en otros lugares y se transforman en alimento, mientras muchos de los costos de esta producción se pagan en otros sitios. En Chile, varios cientos de manifestantes quemaron neumáticos y bloquearon carreteras costeras y vías férreas en protesta por el cierre anticipado de la temporada de pesca, una medida impulsada en parte por la sobrepesca vinculada a la harina de pescado. En Rusia, los trabajadores del procesamiento de pescado fueron retenidos en pueblos empresariales aislados en zonas remotas del país o quedaron atrapados en barcos lejos de la costa. “La gente no tiene adónde ir, no tiene dinero”, dijo un trabajador en una súplica dirigida a Vladimir Putin, quien participaba en un programa televisivo de llamadas en vivo en el que se abordó el caso de una planta de harina de pescado. Un segundo trabajador añadió: “Por favor, ayúdennos”.
La investigación también reveló el papel oculto de las prácticas de reducción de costos, como el trabajo forzoso y la apropiación de tierras, en la expansión de la industria acuícola de China. Actualmente, China produce más de cuatro veces la cantidad de pescado que captura. Una de las regiones de crecimiento más acelerado en este auge es el interior occidental del país, caracterizado por zonas montañosas y desérticas, especialmente Tibet y Xinjiang, dos áreas conocidas por una intensa represión política.
La investigación identificó más de 1.000 granjas acuícolas en Xinjiang y el Tíbet que producen anualmente productos de mar por un valor estimado de 500 millones de dólares, gran parte de los cuales se exporta a más de una decena de países, incluidos Estados Unidos. Más del 40% de la harina de pescado producida por Chile se exporta a China, principalmente para abastecer sus granjas acuícolas.
Trabajadores clasifican pescados en embarcación China.
Foto: Fábio Nascimento/The Outlaw Ocean Project
A medida que la producción de productos de mar se ha globalizado, sus cadenas de suministro se han alargado y se ha vuelto más difícil para los consumidores saber si esos productos fueron obtenidos de forma sostenible o legal. La mayoría de los minoristas que venden estos productos también carece de información, ya que el seguimiento resulta complejo y costoso. Robert K. Stumberg, profesor en Georgetown Law y experto en cadenas de suministro, explicó que esto se debe en parte a que los minoristas suelen comprar a mayoristas y rara vez rastrean a sus proveedores. Otra razón puede ser la negación verosímil, añadió: “Las empresas pueden eludir la responsabilidad o la necesidad de corregir problemas si no son conscientes de ellos.”
Cuando los organismos reguladores han demostrado no poder garantizar que las cadenas de suministro estén libres de prácticas no sostenibles, ilegales o poco éticas, los programas de certificación impulsados por la propia industria han intentado llenar ese vacío. Los críticos señalan que estos programas funcionan más como una cortina de humo en materia de sostenibilidad, al tiempo que ofrecen a los clientes en etapas posteriores de la cadena una forma de evitar examinar con mayor profundidad a sus proveedores. En general, estos esquemas se centran en los delitos ambientales, mientras que en gran medida pasan por alto los abusos laborales a bordo. Allie Brudney, abogada sénior de Corporate Accountability Lab, una organización sin fines de lucro dedicada al litigio estratégico, señaló que en tierra, en plantas de procesamiento o en granjas, los programas de certificación rara vez realizan inspecciones sorpresa para verificar las garantías ofrecidas por los responsables de los establecimientos. En su lugar, con frecuencia avisan a las empresas antes de la llegada de los inspectores, lo que les da tiempo para “limpiar” el lugar y evitar que se detecten infracciones. En el mar, estos programas también suelen basarse en información autodeclarada por los capitanes, en lugar de contar con auditorías directas a bordo de los buques, donde los abusos son más frecuentes.
Devan Meserve, portavoz de The Global Seafood Alliance, que gestiona el programa Best Aquaculture Practices, afirmó que su organización representa el “programa más completo para productos de mar de cultivo”, en parte porque abarca “toda la cadena de producción acuícola”. No obstante, añadió que proteger a los trabajadores en los buques pesqueros que abastecen a las fábricas de ración es un “enorme desafío”, ya que las auditorías se realizan estrictamente en puerto y no permiten observar las condiciones de captura en el mar. También señaló que su organización ayuda a la industria a combatir la pesca ilegal y la sobrepesca al exigir que las fábricas obtengan la mayor parte del pescado que utilizan, para producir harina o aceite, de pesquerías acreditadas por programas de certificación como MarinTrust y Marine Stewardship Council.
En parte respaldadas por estos programas de certificación, las empresas de productos de mar suelen hacer afirmaciones de marketing sobre la ética y la sostenibilidad de sus productos. A menudo, estas afirmaciones no tienen en cuenta delitos o problemáticas sociales en etapas anteriores de sus cadenas de suministro, incluidos los buques o las plantas que producen el alimento para las piscifactorías. Esta desconexión está generando un creciente riesgo legal para las empresas del sector y los minoristas. Desde 2020, se han presentado al menos nueve demandas por publicidad engañosa contra seis empresas de productos de mar en seis jurisdicciones de Estados Unidos. Las denuncias se centraron en un patrón común: declaraciones de marketing que presentaban los productos como sostenibles o de origen ético, acompañadas de evidencias en la cadena de suministro que sugerían lo contrario. Los demandantes cuestionaron expresiones como “sostenible”, “ecológico”, “totalmente natural”, “capturado en estado salvaje” y “de la costa de Maine”, así como afirmaciones sobre estándares superiores en seguridad laboral.
En al menos cuatro casos, el uso de harina y aceite de pescado, y su vínculo con la pesca industrial y la degradación de los ecosistemas, fue un elemento central para argumentar que los productos no eran ambientalmente sostenibles. Otras acusaciones incluyeron el uso de trabajo forzoso en embarcaciones pesqueras y la dependencia de pesticidas y antibióticos nocivos. Durante ese mismo período, las empresas del sector pagaron más de 2 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales para resolver estos casos de publicidad engañosa. La investigación de The Outlaw Ocean Project analizó más de 800 empresas de productos de mar que realizaban afirmaciones de marketing similares, o incluso más contundentes, que las cuestionadas en las demandas, y encontró que más de la mitad presentaba delitos o irregularidades documentadas en sus cadenas de suministro.
Dana Cleaveley, consultora de investigación anteriormente vinculada a SeaChoice, señaló que muchas industrias ya han tenido que enfrentarse a abusos de derechos humanos y daños ambientales ocultos en sus cadenas de suministro. Citó como ejemplos la “ropa producida en talleres clandestinos”, los “diamantes de sangre” y el “café de comercio justo”. El sector de los productos de mar ha tardado más en enfrentar ese nivel de escrutinio, aunque, a medida que el mundo busca más fuentes de proteína y recurre cada vez más a la acuicultura, esto podría cambiar, especialmente si más gobiernos comienzan a restringir las importaciones vinculadas a prácticas ilegales o no sostenibles. Y añadió: “Será entonces cuando los inversores comiencen a percibir un riesgo material, no solo reputacional, y las empresas tendrán que ajustar sus prácticas.”
Impacto en Chile
El 2 de abril de 2024, varios cientos de manifestantes quemaron neumáticos, bloquearon carreteras costeras y vías ferroviarias, y dispararon contra la policía antidisturbios en la región de Biobío. Liderada por pescadores artesanales de sardina, la protesta se dirigía contra el cierre anticipado de la temporada de pesca, adoptado en respuesta a capturas inusualmente bajas de anchoveta y sardina. Durante años, los científicos habían advertido sobre la disminución de las poblaciones en aguas chilenas, señalando de forma reiterada la producción de harina de pescado del país.
Este tipo de protestas en Chile se había vuelto bastante común y, en la mayoría de los casos, eran provocadas por prácticas ilegales e insostenibles de las industrias pesquera y de la harina de pescado. Entre 2018 y 2025, al menos 16 plantas de harina de pescado en Chile estuvieron involucradas en diversas violaciones ambientales, episodios de conflictividad social y muertes de trabajadores, según Bait to Plate, una herramienta creada por The Outlaw Ocean Project que rastrea las industrias pesquera y de productos de mar a nivel mundial. Durante ese período, al menos siete personas murieron mientras trabajaban en una planta de harina de pescado en Chile o en embarcaciones que abastecían a estas instalaciones. También se acusó a las plantas de haber contaminado el medio ambiente en al menos 18 ocasiones, a menudo como resultado de una gestión inadecuada de aguas residuales o de la emisión de olores nocivos.
En al menos tres ocasiones, las plantas fueron objeto de protestas, huelgas y recursos legales por parte de trabajadores y residentes locales; en uno de los casos, los manifestantes llegaron a ocupar una planta hasta que se atendieron sus demandas. Las protestas estaban frecuentemente relacionadas con los malos olores y el vertido de aguas residuales tóxicas. Algunas empresas del sector también han sido imputadas penalmente por soborno. Los activistas ambientales han denunciado además que embarcaciones vinculadas a la industria de la harina de pescado ingresan en zonas marinas protegidas y vulneran la normativa que limita la captura incidental.
Las plantas chilenas de harina de pescado dependen principalmente de la llamada anchoveta peruana. La cantidad de peces capturados en estas aguas ha variado considerablemente de un año a otro, a menudo como resultado de El Niño, el cambio climático y otros factores ambientales. En 2025, el gobierno chileno informó que estas poblaciones estaban sobreexplotadas en dos de las tres regiones en las que se realizaron estudios. Esto significa que la cantidad de peces en el agua se ha reducido muy por debajo de lo que se consideraría normal. En este caso, los investigadores consideran que este estado de sobreexplotación es consecuencia de factores ambientales, pero adaptar las regulaciones pesqueras en consecuencia supone un desafío para los gestores, y los errores en la gestión o en la fiscalización implican riesgos graves para la pesquería.
Con resultados dispares, el gobierno chileno ha intentado regular las industrias pesquera y de la harina de pescado. En 2019, Chile aprobó una serie de medidas para ejercer controles más estrictos sobre el sector pesquero. Otra ley incrementó las multas por la captura ilegal de poblaciones sobreexplotadas, obligó a que todas las embarcaciones de pesca industrial y semiindustrial llevaran GPS, y exigió la instalación de cámaras a bordo de buques de más de 49 pies de eslora. El Servicio Nacional de Pesca también se asoció con Global Fishing Watch para hacer accesibles al público los datos de seguimiento de embarcaciones chilenas. Para controlar la contaminación del aire generada por las plantas de harina de pescado, el gobierno impuso en 2024 nuevos límites a los olores, en parte como respuesta a las quejas de los residentes de Coronel. Estas normas obligaron a las plantas a instalar tecnologías de mitigación de olores y a cumplir con estrictos umbrales de concentración, similares a los ya vigentes para reducir los olores de las granjas de cerdos.
Aun así, persisten vacíos en la gestión, en parte porque la flota vinculada a la harina de pescado es difícil de rastrear. Al menos 20 embarcaciones probablemente realizaron transbordos entre 2019 y 2024, en ocasiones en aguas internacionales, pero también en aguas nacionales, donde esta práctica está prohibida, según una investigación de la firma de monitoreo marítimo Allen Institute for AI. El transbordo en el mar resulta problemático porque permite que los barcos mantengan a los trabajadores en alta mar durante períodos peligrosamente prolongados, facilita que embarcaciones infractoras eviten la supervisión y dificulta que las empresas sepan dónde se capturó el pescado. El seguimiento de esta flota se complica aún más porque al menos siete de sus buques no están registrados en el Registro Mundial de la FAO.
Las empresas pesqueras chilenas han contado históricamente con el apoyo del Estado. En 2018, Chile otorgó al menos 133 millones de dólares en subsidios perjudiciales a su industria pesquera, según un estudio de la Universidad de Columbia Británica. Los subsidios a la pesca son controvertidos porque, según muchos investigadores, pueden incentivar la presencia de demasiadas embarcaciones en el mar, lo que acelera la sobrepesca. Los gobiernos de todo el mundo dieron un paso hacia el fin de esta práctica cuando un acuerdo sobre subsidios a la pesca aprobado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la cual Chile es miembro, entró en vigor en 2025. En virtud de este acuerdo, los Estados miembros se comprometieron a prohibir los subsidios que contribuyen a la pesca no regulada o ilegal y a la explotación de poblaciones sobreexplotadas.
La corrupción ha socavado la confianza pública en la capacidad del gobierno chileno para fiscalizar las industrias de la harina de pescado y la acuicultura. Uno de estos escándalos involucró al senador Jaime Orpis, quien contribuyó a la aprobación de la Ley de Pesca de 2013, que otorgó a siete de las mayores empresas del país derechos de pesca sobre la gran mayoría de las aguas chilenas de forma gratuita y a perpetuidad. El 16 de abril de 2020, un tribunal penal declaró a Orpis culpable de cohecho por haber recibido más de 200 millones de dólares en pagos de Corpesca, una gran empresa de harina de pescado, en los años previos a la aprobación de dicha ley. Corpesca no respondió a una solicitud de comentarios.
Este año, muchos productores industriales de salmón celebraron una nueva ola de cambios políticos que coincidía con sus propios intereses. El 11 de marzo de 2026, Chile investió a un presidente de extrema derecha favorable a la acuicultura, José Antonio Kast, quien se comprometió a desmantelar muchas de las salvaguardas ambientales establecidas por la administración anterior. Un mes después de asumir el cargo, Kast envió a uno de sus delegados a comparecer junto a representantes de la industria del salmón para presentar ante una comisión del Senado su plan de desregulación de la acuicultura. Un representante del pueblo kawésqar, un grupo indígena de las mismas aguas patagónicas que las empresas planeaban explotar, señaló los estrechos vínculos entre el sector privado y el gobierno, que han permitido reiteradamente a grandes compañías hacerse con el control: “La cadena de mando era evidente: la industria presenta su caso, el delegado acompaña, los senadores coordinan y el presidente respalda”.
(La elaboración de este reportaje formó parte de una investigación más amplia realizada por un equipo internacional de periodistas de The Outlaw Ocean Project.)
