La pesquera vinculada al conglomerado japonés Nippon Suisan Kaisha alega una expropiación sin indemnización. Pesca artesanal recordó el Caso Corpesca.
Imagen referencial sobre pesca artesanal
Agencia UnoEl Consejo de Defensa del Estado (CDE) defendió la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero ante el Tribunal Constitucional (TC), en una audiencia conjunta por dos requerimientos presentados por la Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile S.A. (Emdepes), filial del conglomerado japonés Nippon Suisan Kaisha. La empresa sostiene que los cambios en la distribución de las cuotas de captura constituyen una expropiación sin indemnización.
En la audiencia, el CDE advirtió que acoger la posición de la requirente equivaldría a otorgarle un "blindaje monopólico absoluto" sobre una renta pública recibida gratuitamente. El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), que intervino como tercero interesado en ambas causas, también solicitó rechazar los requerimientos.
La controversia se centra en la Ley 21.752, publicada en junio de 2025, que fijó un nuevo reparto de las cuotas de captura entre la pesca artesanal y la industrial. Emdepes busca que determinadas disposiciones de esa normativa no se apliquen en dos recursos de protección pendientes ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, relacionados con los decretos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que establecieron las cuotas de 2026 para la merluza del sur, el congrio dorado y la merluza de tres aletas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
En su alegato, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, sostuvo que las licencias transables de pesca fueron entregadas gratuitamente y que sus titulares ya recibieron una "renta económica extraordinaria de origen público". Como contraste, mencionó el mercado de las telecomunicaciones, donde, según su exposición, algunos operadores han pagado hasta US$150 millones para operar.
Letelier también aludió a la sentencia ejecutoriada del Caso Corpesca, en el que el exsenador Jaime Orpis y la exdiputada Marta Isasi fueron condenados por cohecho. La empresa Corpesca, a su vez, fue condenada como persona jurídica por los sobornos pagados durante la tramitación de la Ley 20.657, conocida como Ley Longueira.
La representación del grupo empresarial invocó el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica entre Chile y Japón, suscrito en 2007, y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) para sostener su tesis sobre una eventual expropiación indirecta.
Durante la audiencia, esa defensa calificó como "puros bla-bla" los cuestionamientos a la Ley Longueira y afirmó que el país debería estar orgulloso del comportamiento empresarial. También cuestionó la caracterización de los beneficiarios del nuevo reparto, al señalar que no se trataría de 60.000 personas, sino de "unos pocos artesanales que tienen lancha a motor".
La abogada de Condepp, Victoria Martínez Plascencia, argumentó que la Ley 21.752 modificó las reglas generales de distribución, pero no eliminó los derechos asociados a las licencias de Emdepes. Según su exposición, la empresa conserva su licencia, coeficiente de participación, plazo y transferibilidad, y puede continuar pescando.
La normativa amplió de 12 a 23 las pesquerías contempladas en el nuevo esquema, mejoró la participación artesanal en 19 de ellas y estableció el fraccionamiento hasta el 31 de diciembre de 2040. Entre los cambios descritos en los antecedentes de la audiencia figura el aumento de la cuota artesanal de merluza del sur, del 60% al 70% en Los Lagos y al 63% en Aysén y Magallanes. En el caso de la merluza de tres aletas, el sector artesanal obtuvo una participación del 5%.
El abogado de Aquality Limitada, Gonzalo García Pino, advirtió que acoger el requerimiento podría llevar a considerar expropiatoria la reserva de las cinco millas marinas para la pesca artesanal, vigente desde 1991.
El presidente de Condepp, Hernán Cortés, afirmó que el Estado había expuesto ante el TC una crítica histórica del sector artesanal: la entrega gratuita de licencias en el marco de una legislación cuya tramitación estuvo marcada por sobornos.
Condepp solicitó al Tribunal Constitucional rechazar ambos requerimientos. La organización advirtió que acoger la posición de EMDEPES podría congelar el fraccionamiento hasta 2032 y abrir la posibilidad de exigir indemnizaciones por futuros cambios legislativos, incluidas medidas de conservación y reservas para la pesca artesanal. También pidió al Estado mantener la defensa de la ley ante eventuales acciones internacionales.
Al término de la audiencia conjunta, las causas quedaron pendientes de resolución del Tribunal Constitucional.
