Una compleja encrucijada regulatoria se instaló en el Congreso tras el visto bueno que el Senado otorgó a una moción que busca reformular la histórica Ley 21.100 —Ley Chao Bolsas Plásticas—, para autorizar nuevamente en el comercio la entrega de bolsas fabricadas con plástico reciclado en los supermercados de Chile.
La propuesta —que ahora aterriza en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite constitucional— plantea autorizar nuevamente en el comercio la entrega de bolsas fabricadas con materia prima compostable o elaboradas íntegramente con plástico reciclado a nivel nacional, bajo la condición de que demuestren estándares de resistencia y capacidad que las definan como "reutilizables".
De acuerdo con los balances del Ministerio del Medio Ambiente, la normativa vigente evitó que más de 13.600 millones de unidades plásticas contaminaran el territorio, consolidando una transformación cultural que tardó casi una década en asentarse.
Iniciativa no garantizaría que bolsas sean reutilizadas
El precedente internacional ya exhibe los riesgos de abrir excepciones ambiguas. En 2014, California aplicó un veto general pero dejó exentas a las bolsas plásticas de mayor grosor rotuladas como "reutilizables".
El desenlace fue desfavorable: tras ocho años, apenas un 2% de la ciudadanía concurría con su envoltorio a comprar y el volumen residual de bolsas trepó un 47%, forzando a la gobernación estadounidense a corregir la normativa en 2024 prohibiendo cualquier variante plástica en caja.
Consultado sobre la modificación, Mark Minneboo, director ejecutivo de Fundación Conexión Natural, señala que el problema no es incentivar la reutilización de plástico, sino que "no basta por sí solo". A su juicio, "importa cuánto dura la bolsa, cuántas veces se usa y qué pasa con ella al final de su vida útil".
En ese sentido, hizo hincapié en el cambio cultural a nivel país impulsado por la Ley 21.100: "Nos ha costado años cambiar la cultura, y si estas nuevas bolsas se perciben como desechables, perderíamos lo avanzado y generarían un mayor daño ambiental. Por eso, cualquier excepción necesita criterios técnicos claros, fiscalización y educación", sostuvo.
Por lo tanto, el componente reciclado no garantiza que la ciudadanía vuelva a emplear el producto. Por el contrario, la efectividad recae en la resistencia real, la vida útil y la conducta cotidiana del consumidor, motivo por el cual especialistas exigen que el propio texto legal determine parámetros mínimos verificables y fiscalización activa, impidiendo que una norma técnica difusa termine normalizando plásticos descartables bajo una falsa etiqueta de sustentabilidad.
“Nuestra principal preocupación es que este proyecto termine siendo un retroceso en lo que se ha logrado en estos ocho años de Ley Chao Bolsas Plásticas, que marcó un cambio concreto en la forma en que Chile enfrenta el uso de bolsas plásticas en el comercio", explica, por su parte, Adela Rogers, Gerente de Sostenibilidad de Unibag.
Finalmente, agrega: "Reabrir la puerta a su comercialización, incluso bajo la categoría de reutilizables fabricadas con plástico reciclado, podría debilitar una política pública que ha logrado reducir significativamente estos residuos”.