Vecinos lograron que Google rediseñara su data center para usar menos agua, pero el proyecto se instalará sin evaluación ambiental por nueva normativa.
Protesta de vecinos contra data center de Google en Cerrillos.
Foto: Mosacat.El auge de la inteligencia artificial ha impulsado a las grandes tecnológicas a buscar zonas con suelo, agua y energía para instalar data centers que sostengan un alto nivel de procesamiento y almacenamiento de datos. Chile, con una privilegiada disponibilidad de energía solar, es uno de los países en la mira para este avance. Pero el impacto territorial de estas instalaciones ha despertado conflictos socioambientales.
En Chile hay 36 data centers operativos y otros 34 proyectados, que se concentran sobre todo en comunas periféricas de la Región Metropolitana de Santiago. Un caso emblemático es el proyecto de Google para instalar un data center en la comuna de Cerrillos, en la capital del país.
Este proyecto fue aprobado en 2020, pero vecinos lograron revertir la decisión en la justicia debido al uso de 169 litros por segundo de aguas subterráneas que haría el centro para enfriar sus sistemas. Según el fallo del Tribunal Ambiental, la evaluación no consideró el impacto del cambio climático en el Acuífero Santiago Central, que abastece a una parte importante de la población y que es vulnerable ante sequías prolongadas.
Ante esta decisión, Google retiró su proyecto y anunció que empezaría desde cero, diseñando un sistema de enfriamiento por aire en vez de agua. La victoria de vecinos de Cerrillos en tribunales se convirtió en un ejemplo para comunidades de otros países, que invitan a las organizaciones locales a exponer sobre el caso.
En julio de 2026, Google presentó a la autoridad ambiental un nuevo proyecto de US$ 200 millones con un sistema de enfriamiento por aire. Pero gracias a un cambio normativo aprobado durante el gobierno de Gabriel Boric en 2025, el data center podrá construirse sin someterse al proceso de evaluación de impacto ambiental.
Así, renace el conflicto socioambiental con la comunidad de Cerrillos. Agrupaciones vecinales reclaman que el proyecto presionará el entorno por el alto consumo energético, las emisiones contaminantes, emanaciones de ruido y calor y el almacenamiento de casi 700 toneladas de diésel para sistemas de emergencia.
Al permitir que se evite la evaluación de impacto ambiental, el Estado renuncia a anticipar y estudiar las consecuencias que podría tener la operación del data center en una zona habitada, y a exigir medidas de mitigación y compensación a la empresa.
“Esta decisión representa un grave retroceso para la participación ciudadana, pues deja a nuestra comunidad sin las instancias de injerencia propias de una evaluación ambiental, limitando sus posibilidades de plantear observaciones, exigir respuestas y tener una voz en la discusión sobre los impactos de un proyecto que afecta directamente a nuestro territorio”, declaran desde la organización ambiental de Cerrillos Mosacat en una carta pública, tras conocerse la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Los data center son esencialmente edificios llenos de servidores que procesan datos de forma ininterrumpida, lo que va sobrecalentando los sistemas. Para enfriarlos, el nuevo proyecto de Google en Cerrillos contempla instalar 63 enfriadoras de condensación por aire (air-cooled chillers), reemplazando el uso de agua.
Este sistema se abastecerá de energía eléctrica del Sistema Interconectado Central de Chile a través de una subestación eléctrica con capacidad de 120 MW. En caso de fallas o inestabilidad en el suministro eléctrico, el centro contará con 44 grupos electrógenos de emergencia a diésel.
Para la vecina de Cerrillos y vocera de Mosacat, Tania Rodríguez, el riesgo de derrame de toneladas de diésel y las emisiones contaminantes que generarían los sistemas de emergencia a combustible ponen en riesgo a los vecinos del proyecto, sin que se tomen medidas de mitigación por la falta de evaluación ambiental. Esto, en una ciudad saturada de contaminantes atmosféricos.
Estas preocupaciones se reflejan en la voz de vecinos como Julio Santander, que llegó a vivir a la comuna hace dos años cuando terminaron los Juegos Panamericanos y el edificio que alojó a los atletas se convirtió en viviendas. Como dirigente vecinal, relata que se están construyendo viviendas cada vez más cerca del predio donde se instalará el data center, y que los vecinos manifiestan temor por las islas de calor local, el impacto sonoro y la contaminación del aire que puede generar esta planta, inserta en la trama urbana.
En países como Estados Unidos, los derrames de diésel a cuerpos de agua, el ruido y el calor han motivado estudios académicos y protestas de vecinos que viven estas consecuencias en primera línea.
Aunque la capacidad instalada de energía para el proyecto nuevo de Google es casi igual a la original, el investigador del Centro de Transformación Energética de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Cristóbal Parrado explica que el reemplazo de agua por aire inevitablemente aumenta el consumo efectivo de energía que requiere el centro, poniendo mayor presión sobre el sistema eléctrico.
Según la proyección del Coordinador Eléctrico Nacional, la capacidad instalada de consumo energético de data centers se multiplicará al menos por tres al 2030 en Chile con una fuerte concentración en la Región Metropolitana de Santiago. La zona central de Chile ya presenta la mayor demanda energética, generando congestión en las líneas de transmisión que llevan la energía solar desde el norte.
Para Parrado, esta carga aumenta la presión sobre las subestaciones y líneas de transmisión, cuya construcción conlleva un impacto territorial. También generan un daño ambiental indirecto si esta demanda se abastece con fuentes fósiles, sostiene.
A mediados de 2025, a pocos meses de lanzado el Plan Nacional de Data Centers bajo el gobierno de Gabriel Boric, se conoció una modificación a los reglamentos del SEIA que elevó el umbral de combustible que un proyecto puede almacenar sin someterse a evaluación ambiental: de 80 a 1.000 toneladas.
La reforma despertó alertas entre especialistas en política ambiental, como la directora ejecutiva de la fundación Terram, Flavia Liberona, que la calificó como un “chipe libre” para que los data centers, puedan instalarse sin pasar por evaluación ambiental.
Como estos centros usan diésel para sus generadores de respaldo, y no existe una normativa específica para ellos, la mayoría ingresaba al SEIA justamente por superar el límite de acopio de combustible. Con el nuevo umbral, muchos podrían quedar por debajo y evitar el proceso.
Desde que rige la nueva normativa, al menos siete empresas tecnológicas han enviado consultas de pertinencia para construir sus proyectos sin evaluar el impacto ambiental. Dos de ellas, incluyendo Google por su data center en Cerrillos, ya recibieron luz verde de la autoridad ambiental. De las otras cinco que esperan respuesta, cuatro buscan ubicarse en la periferia de la Región Metropolitana. Todos los proyectos acopiarán entre 511 y 990 toneladas de combustible. Bajo la normativa anterior, habrían tenido que evaluar sus impactos.
Aunque el cambio en el método de enfriamiento reduce significativamente la huella hídrica del data center de Google en Cerrillos, para Tania Rodríguez el componente hídrico no debería salir del debate. Recuerda que Google aún mantiene los derechos de agua con los que iba a ejecutar el proyecto anterior, por lo que legalmente nada impediría su uso.
Antes de conocerse la decisión del SEIA sobre el data center de Cerrillos, Moscat y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) presentaron un escrito jurídico ante la autoridad ambiental exigiendo que el proyecto se sometiera a evaluación ambiental. Argumentaban que el proyecto es casi igual al que fue anulado parcialmente por el Tribunal Ambiental, y que la empresa está aprovechando el cambio normativo para evadir el fallo de la justicia.
En cuanto al uso de agua, reclaman que el data center tiene una huella hídrica indirecta por el uso intensivo de energía, y que conlleva un riesgo de contaminación de napas de agua subterráneas por el posible derrame o infiltración de diésel y otros líquidos refrigerantes de origen no detallado. Defienden que la evaluación ambiental sería la instancia para estudiar estos riesgos y establecer medidas de resguardo.
Estudios de la Universidad de Chile han detectado un desequilibrio crónico en los acuíferos de la zona central del país, incluyendo la Región Metropolitana, debido a que las extracciones de agua superan la tasa de renovación del recurso. El déficit hídrico es uno de los principales desafíos para la zona más habitada del país, donde las proyecciones climáticas anticipan un futuro con menos lluvias, temperaturas más altas y derretimiento de glaciares en la cordillera.
Desde Cerrillos, vecinos e integrantes de Mosacat están estudiando las acciones legales y administrativas a tomar para revertir la decisión del SEA y lograr que se evalúen los impactos ambientales del proyecto. Al cierre de este artículo, representantes de Google no respondieron a las solicitudes de pronunciamiento de este medio.
Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina.
