La cumbre de la ONU en Armenia revisa los avances hacia 2030, con brechas de financiamiento y desafíos para proteger la naturaleza y los derechos de las comunidades.
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La COP17 de biodiversidad, que se celebra entre el 19 y el 30 de octubre en Ereván, Armenia, reúne a los países integrantes del Convenio sobre la Diversidad Biológica para evaluar los avances hacia las metas mundiales de conservación y definir cómo acelerar su cumplimiento antes de 2030.
La conferencia constituye la primera revisión global del progreso colectivo en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022. El balance identifica avances en la elaboración de compromisos nacionales, pero también retrasos en su cumplimiento y brechas de financiamiento.
Según la evaluación difundida por la Convención sobre la Diversidad Biológica, cerca del 90% de los países estableció metas nacionales, aunque menos de la mitad de las metas evaluadas está encaminada a cumplirse. La diferencia es relevante: contar con objetivos nacionales no garantiza su implementación efectiva.
Uno de los compromisos más conocidos del Marco Mundial de Biodiversidad es la meta 30x30, que busca conservar el 30% de las áreas terrestres, las aguas continentales y los océanos para 2030. El acuerdo también contempla restaurar el 30% de los ecosistemas degradados.
El marco incluye 23 metas para 2030 y cuatro objetivos de largo plazo hacia 2050. Entre sus prioridades están reducir las amenazas a la biodiversidad, promover el uso sostenible de los recursos naturales y mejorar la distribución de los beneficios derivados de su utilización.
Sin embargo, los avances siguen siendo insuficientes para asegurar el cumplimiento de todos los compromisos. Entre los principales obstáculos se identifican las brechas de financiamiento, las dificultades de implementación y los retrasos en la eliminación de subsidios perjudiciales para la naturaleza.
El acuerdo mundial establece el objetivo de movilizar al menos US$ 200.000 millones anuales para la biodiversidad hacia 2030, procedentes de todas las fuentes. Dentro de ese monto, contempla aumentar el financiamiento internacional destinado a los países en desarrollo hasta alcanzar al menos US$ 30.000 millones anuales.
Estas cifras corresponden a objetivos acordados, no a recursos cuya entrega íntegra esté garantizada. La disponibilidad de fondos y su utilización efectiva son parte de los desafíos para convertir los compromisos en acciones de conservación y restauración.
Otro asunto de la agenda es el Fondo de Cali, vinculado a la distribución de beneficios derivados del uso de información digital sobre secuencias genéticas. La discusión busca avanzar en mecanismos para compartir esos beneficios, incluidos los asociados al uso comercial de esa información.
La implementación de estos instrumentos es relevante para el financiamiento de la biodiversidad y para las negociaciones sobre la distribución de beneficios entre países, empresas y comunidades.
La expansión de las áreas protegidas también plantea preguntas sobre la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las decisiones relacionadas con sus territorios.
En un análisis publicado el 23 de octubre, Amnistía Internacional advirtió sobre las vulneraciones de derechos humanos asociadas a determinados modelos de conservación, en particular cuando implican desplazamientos forzados, restricciones a los medios de vida o exclusión de las comunidades de la gestión de sus territorios.
La organización utiliza el concepto de "conservación fortificada" para describir prácticas en las cuales las medidas de protección pueden imponerse mediante restricciones severas o desplazamientos. También sostiene que los pueblos indígenas y las comunidades rurales deben participar en las decisiones que afectan sus tierras y contar con garantías para ejercer sus derechos.
