Las demandas siguen pendientes, pero ya tienen aspirantes a administrarlas. Quienes marcharon por mejores condiciones de vida pueden terminar allanando el camino a quienes prometen reservarlas para los suyos. La ultraderecha cobraría así una victoria singular: convertir el reclamo de quienes se sienten excluidos en un mandato para excluir a otros.
Aumentan las manifestaciones en Francia y Europa
Agencia EFEFrancia ya conoce la distancia entre ganar la calle y ganar las elecciones. Después de Mayo del 68, la derecha gaullista obtuvo una victoria contundente en las legislativas de junio. La campaña contra el desorden convirtió la crisis social en respaldo al poder que había parecido tambalear. Los adversarios de la protesta recogieron sus frutos electorales.
El Reino Unido pasó del invierno de huelgas de 1978–1979 al triunfo de Thatcher en mayo de 1979; Brasil, de las movilizaciones de 2013 a la elección de Bolsonaro en 2018; India, de la protesta anticorrupción de 2011 al triunfo de Modi en 2014. En Chile, el ciclo abierto por el estallido de octubre de 2019 incluyó el triunfo de Boric en 2021 y el avance de Republicanos en mayo de 2023. Cada trayectoria tuvo sus propias crisis y decisiones. La movilización abre una disputa cuyo beneficiario puede cambiar durante el proceso.
Francia enfrenta esa posibilidad. Cuando la atención pasa de las carencias a los bloqueos y enfrentamientos, gana espacio quien promete recuperar el orden. ¿Quién conduce ese cambio y qué ofrece a cambio?
El propio Ministerio de Educación documenta parte del malestar escolar. Durante 2024–2025, el 9,8% de las horas de enseñanza secundaria pública no se impartió. La falta de reemplazos docentes explica 15,4 millones de horas perdidas. En el décimo de establecimientos más afectado, las horas totales sin clases alcanzaron un promedio de 19%. Antes de reprochar a los estudiantes que interrumpan su educación, convendría revisar cuánto había dejado de impartirse.
Los bloqueos añaden otra interrupción. El 14 de octubre, el ministro anunció que algo menos de 200 liceos estarían cerrados preventivamente o bloqueados, según recogieron medios franceses. Las familias enfrentan clases perdidas por causas diferentes y responsabilidades que se cruzan. Esa experiencia cotidiana desgasta la confianza.
Fuera del liceo se acumulan las cuentas. El INSEE registró en septiembre una inflación anual de 3,1%, con un alza energética de 21,3%. Para quien necesita combustible para trabajar, el promedio ofrece poco consuelo: el gasto que resulta difícil reducir es precisamente el que más sube.
El Ejecutivo prevé crecimiento de 0,5% y déficit de 5,4% del PIB para 2026; propone un esfuerzo de ajuste de 54.000 millones de euros para 2027. ¿Quién asumirá ese costo? Invocar la deuda deja pendiente explicar por qué algunas necesidades deben esperar mientras otras prioridades se conservan. Quienes prometen revertir el ajuste deben identificar los recursos. Cuando las explicaciones se agotan en restricciones y anuncios, el ciudadano puede concluir que la política conserva intacta su capacidad para pedir sacrificios y ha perdido la de responder por ellos.
Una movilización vuelve visible una carencia. Si pasan las semanas sin avances, la discusión empieza a girar sobre cuánto durará el conflicto y quién puede terminarlo. Las reivindicaciones corren el riesgo de quedar sepultadas bajo la disputa por sus métodos.
Un trabajador puede respaldar mejores servicios, rechazar los saqueos y estar harto del Ejecutivo. Llegar a fin de mes y caminar tranquilo forman parte de una misma exigencia de protección. La ultraderecha procura reunir esas preocupaciones y darles un responsable común: un poder que habría dejado de proteger a los suyos.
La actuación policial interviene en esa disputa. El Défenseur des droits informó de 28 reclamaciones individuales y abrió una investigación por un adolescente de 14 años herido en el rostro por una granada lacrimógena. Amnistía Internacional denunció intervenciones desproporcionadas. Cada abuso puede ampliar el conflicto y debilitar la autoridad gubernamental. El artículo 12 de la Declaración de 1789 instituye la fuerza pública para beneficio de todos: proteger y rendir cuentas pertenecen a la misma obligación.
El Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, combina propuestas sobre energía y educación con prioridad nacional en empleo y vivienda social. La protección adquiere una frontera: necesidades compartidas reciben respuestas que distinguen quién debe acceder primero y quién puede quedar relegado.
Elabe publicó el 17 de octubre una estimación que situaba a Le Pen entre 31% y 33,5% en primera vuelta, según los candidatos considerados. Encabezaba las preferencias y retrocedía entre uno y un punto y medio respecto de agosto. Su fortaleza precede a estas jornadas: la crisis encuentra una candidatura instalada.
La capacidad de movilizar tampoco resuelve cuánto se representa. Robert Dahl, politólogo estadounidense, estudió cómo las organizaciones defienden intereses y pueden terminar encerradas en ellos. En Francia, estudiantes y sindicatos deben disputar apoyos entre familias que necesitan clases, comerciantes afectados y trabajadores que enfrentan interrupciones. Desatender esas preocupaciones facilita que otros les ofrezcan una respuesta.
Sus dirigentes deben calcular qué consiguen, qué apoyos pierden y quién aprovecha el desgaste. La convicción de tener razón puede llevarlos a desentenderse de las consecuencias, como si la justicia de sus demandas garantizara el resultado. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.
Raymond Aron, sociólogo y ensayista francés, examinó cómo la lealtad a una doctrina podía adormecer el juicio sobre quienes actuaban en su nombre. En la Francia actual, adhesiones más dispersas pueden producir una indulgencia semejante: basta reconocer a los propios para encontrarles una excusa. Una demanda justa no acredita cualquier método; una obligación de seguridad no absuelve cualquier intervención; denunciar al Gobierno no certifica capacidad para reemplazarlo.
Una negociación con resultados reconocibles devolvería protagonismo a las demandas. La sucesión de anuncios incumplidos y enfrentamientos prolongaría el desgaste. Si prevalece la percepción de ingobernabilidad, la ultraderecha encontrará mejores condiciones para presentar exclusión como protección y concentración de poder como eficacia.
Las demandas siguen pendientes, pero ya tienen aspirantes a administrarlas. Quienes marcharon por mejores condiciones de vida pueden terminar allanando el camino a quienes prometen reservarlas para los suyos. La ultraderecha cobraría así una victoria singular: convertir el reclamo de quienes se sienten excluidos en un mandato para excluir a otros.
