El abogado Osvaldo Urrutia Silva asumirá el 11 de marzo de 2026 como subsecretario de Pesca y Acuicultura, tras ser designado por el Presidente electo José Antonio Kast.
Militante de la UDI y especialista en derecho del mar y regulación pesquera internacional, su nombramiento ha sido presentado por el gobierno entrante como una designación de carácter técnico, apoyada en su extensa trayectoria en la institucionalidad pesquera del Estado.
Urrutia es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho Internacional por University College London y doctor en Derecho por Victoria University of Wellington.
Entre 2003 y 2022 se desempeñó como asesor legal de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, participando en materias de regulación internacional pesquera, acuícola y ambiental, así como en la elaboración y tramitación de normativa vinculada a tratados internacionales suscritos por Chile.
Durante ese período, colaboró con la Unidad de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría, prestando asesoría jurídica a delegaciones chilenas que representaron al país en instancias multilaterales.
En paralelo, desarrolló una carrera académica en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde es profesor de Derecho Internacional Público y Derecho del Mar desde 2014 y ejerció como director del Programa de Derecho del Mar de esa casa de estudios.
A nivel internacional, presidió en 2015 el Comité Permanente de Ejecución y Cumplimiento de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y posteriormente se desempeñó como vicepresidente de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, representando a Chile.
En esa instancia se adoptaron medidas de conservación del jurel que permitieron habilitar el financiamiento asociado a la Ley de Fraccionamiento. Además, ha trabajado como consultor legal de la FAO en materias de gobernanza pesquera y derecho internacional del mar.
En relación con la creación de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, Urrutia señaló en 2016: “El llamado comenzó sobre todo para regular la pesca del jurel que es clave para nuestro país. Se acordó el texto para crear la Organización y el tratado entró en vigor en 2009. La institución comenzó a operar en 2013 al cumplirse el número de ratificaciones que requería. Son 15 miembros y recientemente se sumó Estados Unidos”.
La designación de Urrutia generó críticas desde el sector artesanal.
El Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) manifestó su preocupación por el nombramiento, calificándolo como un “anuncio peligroso” para la probidad y el equilibrio del sector pesquero, aludiendo a los vínculos históricos entre la UDI y la gran industria.
El presidente de la organización, Hernán Cortés, señaló que “nos parece tremendamente preocupante. No podemos olvidar que el partido del nuevo subsecretario es el mismo de los parlamentarios condenados por cohecho y fraude al fisco en el caso Corpesca. Ese sector político fue el que recibió pagos para influir a favor de la industria, entregándoles nuestros recursos a perpetuidad”.
Desde CONDEPP también apuntaron a una experiencia histórica negativa de la pesca artesanal con la UDI, mencionando políticas que, a su juicio, han priorizado el arrastre y la concentración de cuotas, así como legislaciones diseñadas en beneficio de la industria pesquera.
Pese a las críticas, la organización anunció que mantendrá un rol activo de fiscalización sobre la gestión que se inicia.
En ese contexto, Cortés afirmó: “Vamos a estar atentos y vigilantes frente a cada acción del nuevo subsecretario. Esperamos que, por el bien del país, mantenga la tramitación de la Nueva Ley de Pesca y, sobre todo, que respalde la Plataforma Social para la Pesca Artesanal, una deuda histórica que el Estado tiene con nuestra gente”.
Urrutia es hijo del exdiputado Osvaldo Urrutia Soto, militante de la UDI e integrante en su momento de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.
Asimismo, en 2019 prestó servicios legales a ENAP durante un período investigado por irregularidades, sin que ello derivara en responsabilidades administrativas ni penales en su contra.
